Pedro Sánchez, cada vez más presionado por un acelerado ciclo de escándalos
Por Pau Mosquera, CNN en Español
Estas dos últimas semanas han sido de las más complicadas de gestionar para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde que inició la actual legislatura. Al menos a nivel reputacional.
En primer lugar, supuso todo un golpe para la formación el hecho de que la Audiencia Nacional imputara al expresidente socialista, José Luís Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados al rescate de US$ 61,75 millones que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19.
Un golpe duro para el partido, pues Zapatero se convertía así en el primer expresidente de la democracia en ser investigado por la justicia. No obstante, en un mensaje de video que envió a medios de comunicación, Zapatero defendió su inocencia afirmando que toda su actividad “pública y privada” se ha desarrollado siempre “con absoluto respeto a la legalidad” y que no realizó ninguna gestión destinada a favorecer ese rescate.
En segundo lugar, generó un fuerte impacto mediático el hecho de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieran este miércoles a la sede del PSOE, a instancias del mismo órgano judicial, para requerir documentación y archivos electrónicos vinculados a otra investigación.
Una en la que el juez Santiago Pedraz pretende averiguar si existió o no una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectarían al entorno de la formación y de la que formarían parte antiguos miembros del partido, entre otros.
Estas investigaciones orbitan en el entorno de uno de los partidos que conforman el Gobierno de coalición, lo que ha terminado por impactar al conjunto.
Desde la oposición, tanto el Partido Popular como Vox consideran a ambas investigaciones un escándalo y exigen un adelanto electoral.
Pero esa desconfianza alcanza también a dos formaciones que apoyaron en noviembre de 2023 la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: PNV y Coalición Canaria. Representantes de ambas creen que lo sucedido en estas dos últimas semanas diluye la credibilidad del Ejecutivo y que, para remediarlo, hay que permitir que los electores regresen a las urnas.
Y la situación no queda ahí: la presión alcanza al mismo PSOE. Tanto el expresidente socialista, Felipe González, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han abogado por celebrar elecciones generales este mismo año.
Frente a todos estos reclamos, desde el Gobierno han decidido cerrar filas y trasladar que agotarán la legislatura, esto es, hasta el verano de 2027.
Así lo aseguraba el propio presidente, Pedro Sánchez, quien aseguró este miércoles desde Roma -dónde se encontró con el papa León XIV- que descartar un adelanto electoral es clave para mantener la estabilidad en el desarrollo de la agenda política del Ejecutivo.
“Al día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas [lo] que nos está permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis”, defendió Sánchez.
Peguntado por los medios de comunicación al respecto de los últimos acontecimientos, envió “todo su apoyo al presidente Zapatero”, pidió respeto “a la presunción de inocencia” y aseguró que ofrecerá toda la colaboración que requiera la justicia.
Respecto a la investigación sobre una posible trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectarían al entorno de la formación de la que es secretario general, aseguró que su partido “no tiene nada que esconder”.
El tiempo dirá cuál termina siendo el impacto de las presiones en el partido gobernante.
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