Exclusivo: en 2025 se le pidió a Todd Blanche que se recusara de los asuntos del Departamento de Justicia vinculados a Trump

Por Katelyn Polantz, Evan Perez y Hannah Rabinowitz, CNN

Apenas dos semanas después de que Todd Blanche asumiera el cargo de secretario de Justicia adjunto en marzo de 2025, el principal asesor de ética del departamento le comunicó una noticia clara, aunque incómoda: era necesario que se recusara de los casos judiciales que involucraran al presidente Donald Trump a título personal.

El funcionario a cargo de la sesión informativa, Joseph Tirrell, entregó a Blanche —y a su entonces principal adjunto, Emil Bove, quien también se encontraba en la sala de conferencias— una presentación impresa en PowerPoint sobre ética, según relató a CNN un ex alto funcionario de ética del Departamento de Justicia que describió la reunión.

Esta reunión, de la cual no se había informado anteriormente, constituye la primera ocasión en que Blanche fue notificado formalmente de que tendría que recusarse de los casos relacionados con Trump. Aproximadamente en esa misma época, el principal abogado de carrera del departamento advirtió que Bove podría tener un conflicto de intereses al participar en los despidos de abogados del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la palabra “recusación” conlleva consecuencias peligrosas en la era Trump. Tal fue el caso del exsecretario Jeff Sessions, a quien Trump hostigó después de que este se recusara de supervisar lo que, a la postre, se convertiría en la investigación de Mueller. La disyuntiva de Blanche consiste en supervisar investigaciones que revisten una profunda importancia para el presidente con el riesgo de comprometer su viabilidad ante los tribunales, o bien recusarse y arriesgarse a desatar la ira del mandatario.

Ahora, en su calidad secretario de Justicia interino, Blanche se enfrenta a un dilema ético. Su anterior función como abogado defensor de Trump en procesos penales iniciados por el Departamento de Justicia implica que ahora ha cambiado de bando, pasando a supervisar la investigación del departamento sobre aquellos exfuncionarios gubernamentales a quienes Trump acusa de haber utilizado injustamente el sistema de justicia penal para perseguirlo.

Entre ellos se encuentran algunos individuos vinculados a los procesos penales contra Trump por el manejo indebido de documentos clasificados en Florida tras su primer mandato, así como por la presunta conspiración para revertir el resultado de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Blanche fungió como abogado defensor principal de Trump en ambos casos ante los tribunales federales, casos que fueron desestimados antes de que se llegara a una resolución definitiva en los tribunales.

Blanche suscribió el compromiso ético del departamento que le presentó Tirrell, según confirmaron tanto el exfuncionario de ética que habló con CNN como un documento remitido a la Oficina de Ética Gubernamental. Ese compromiso incluía requisitos que impedían a Blanche participar, durante al menos un año, en cualquier asunto del departamento que involucrara a antiguos clientes del Blanche Law Group, el pequeño bufete privado de abogados que Blanche utilizó para representar a Trump en las causas penales. Las normativas del departamento también prohíben su participación “en cualquier investigación o proceso penal si mantiene una relación personal o política” con cualquier persona que haya estado involucrada en dicha investigación o proceso, o que tenga algún interés en ellos.

Una portavoz del Departamento de Justicia declaró el miércoles que Blanche está cumpliendo con sus obligaciones éticas.

“Él se ha recusado de muchos casos ante el Departamento de Justicia. En cualquier caso que siga en curso y en el que él haya representado previamente a alguien, se ha recusado”, declaró la portavoz.

El departamento no especificó de qué casos se ha recusado Blanche; sin embargo, esta fue la primera vez que reconocieron públicamente que él se ha apartado de algunas investigaciones.

El posible conflicto resulta ahora más agudo, dado que Blanche ha incorporado a Joe diGenova —exfiscal federal para Washington— con el fin de reactivar una investigación sobre lo que diGenova ha descrito como una vasta conspiración contra Trump, la cual abarcaría desde la pesquisa sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2017 hasta los procesos judiciales abortados del fiscal especial Jack Smith, que concluyeron en 2024.

DiGenova tiene su sede en Fort Pierce, Florida, jurisdicción de un tribunal federal que registra pocos casos penales de gran envergadura, a excepción del de Trump. Entre las personas señaladas como posibles objetivos de una acción judicial figura John Brennan, exdirector de la CIA, una prioridad absoluta para Trump en sus esfuerzos por procesar a sus adversarios políticos. Brennan niega haber cometido irregularidad alguna. La semana pasada, un portavoz comunicó a CNN que Blanche no se había recusado de la investigación relativa a Brennan.

En el seno del Departamento de Justicia, Blanche ha delegado la supervisión de la denominada investigación sobre la conspiración en sus principales asesores, según informaron personas al tanto del asunto. De acuerdo con dichas fuentes, en los últimos meses Blanche no ha participado en las reuniones relacionadas con esta pesquisa.

A principios de 2025, un abogado de carrera de alto rango del departamento —y experto en ética— redactó un memorando dirigido a la entonces secretaria Pam Bondi, en el que expresaba su inquietud ante el hecho de que Bove estuviera supervisando la iniciativa para purgar a los empleados del Departamento de Justicia que habían participado en procesos judiciales relacionados con Trump, según revelaron a CNN dos personas al tanto del asunto.

Un portavoz de Bove no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios formulada este jueves.

El memorando —del cual se envió copia a la Oficina de Responsabilidad Profesional y a la Oficina del Inspector General del departamento— señalaba que Bove había trabajado en las investigaciones contra los acusados ​​por el asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando ejercía como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York. Por consiguiente, no debería participar en los denominados planes del departamento para combatir la “instrumentalización” de la justicia, sostenía el memorando, según una de las personas familiarizadas con el asunto. El autor del memorando fue apartado de su cargo poco después de haber entregado el documento el año pasado.

A pesar de dicha recomendación, Bove continuó supervisando el Grupo de Trabajo sobre Instrumentalización que Bondi había creado al asumir el cargo, con el objetivo de revertir las iniciativas del Departamento de Justicia de la era Biden que Trump considera injustas —lo que incluía la reformulación de los procesos judiciales contra los participantes en el asalto del 6 de enero—.

Bove abandonó el departamento el año pasado para asumir el cargo de juez de un tribunal de apelaciones.

Se desconoce si Blanche ha solicitado orientación interna del departamento desde su reunión informativa con Tirrell, a pesar de que afirmó durante su audiencia de confirmación en el Senado el año pasado que seguiría la orientación sobre ética legal que le proporcionara el personal del departamento.

“Era habitual en administraciones anteriores que los altos funcionarios solicitaran asesoramiento”, especialmente cuando los conflictos de intereses planteaban dudas complejas, señaló recientemente Benjamin Grimes, ex subdirector de la Oficina de Asesoramiento sobre Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia.

Los conflictos de intereses no son inusuales.

Durante la administración Biden, la secretaria adjunta Lisa Monaco se recusó de las investigaciones sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden —investigación que no derivó en cargos—, así como de una investigación relacionada con Hunter Biden. Monaco había formado parte del equipo de transición de Biden y, durante la administración Obama, trabajó estrechamente con el entonces vicepresidente. Un memorando interno dejó constancia de su recusación, aunque dicho documento no se hizo público.

Durante la administración de George W. Bush, el secretario John Ashcroft se recusó de la investigación sobre la filtración de la identidad de la exagente de la CIA Valerie Plame. Ashcroft citó su estrecha relación política con el presidente Bush y con otros altos funcionarios de la administración que podrían figurar como posibles testigos en la investigación.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, durante el segundo mandato de Trump, ha roto con numerosas normas institucionales del pasado, incluida la tradicional separación entre la Casa Blanca y el propio departamento.

A Grimes le preocupa que Trump —antiguo cliente privado de Blanche— sea su único superior con la facultad de evaluar y determinar si es posible superar un conflicto de intereses entre los intereses personales de Trump y los del Departamento de Justicia.

“Se trata de un conflicto insuperable”, afirmó Grimes, quien actualmente ejerce como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

Asimismo, constituye un problema —añadió Grimes— la posibilidad de que Trump pretenda obtener del Departamento de Justicia información que le reporte un beneficio personal.

Desde aquella reunión de la primavera pasada, la administración Trump ha desmantelado tanto al personal de carrera del departamento encargado de la ética como a su Oficina de Responsabilidad Profesional, y no ha reemplazado a los respetados asesores de la sede central del Departamento de Justicia que, a lo largo de los años, habían brindado orientación sobre algunas de las cuestiones más espinosas para los líderes.

Tirrell, el funcionario de ética que había informado a Blanche sobre la necesidad de recusarse, fue despedido en julio. Desde entonces, ha demandado al Departamento de Justicia en busca de una compensación económica.

Lo mismo ocurrió con varios empleados de carrera del departamento que trabajaban en la Oficina de Responsabilidad Profesional, incluido el director de una unidad cuya misión era asegurar que los abogados del Departamento de Justicia no cruzaran líneas éticas que pudieran poner en riesgo sus licencias profesionales, afirman varias fuentes familiarizadas con el funcionamiento del departamento.

Dos semanas después del despido de Tirrell, Blanche dio el paso inusual de entrevistar a la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell —exsocia del difunto Jeffrey Epstein— mientras esta cumplía su condena en prisión. En dicha entrevista, Blanche preguntó a Maxwell sobre sus interacciones con Trump muchos años antes de que este llegara a la presidencia, a lo que ella respondió que Trump no había cometido ninguna falta.

Los desafíos éticos siguen surgiendo tanto para Blanche como para otros miembros de la administración, especialmente dado que sus conferencias de prensa a menudo ponen de relieve cómo las fuerzas federales del orden están ejecutando los deseos de Trump, e incluso actos de represalia.

En su primera conferencia de prensa como secretario de Justicia interino, Blanche hizo un comentario notable al dirigirse a Trump: “Lo quiero, señor”.

Las posibles consecuencias para Blanche —en caso de que no se recuse de las investigaciones que involucran personalmente a Trump— podrían ser mínimas.

Si en el futuro surgieran cargos penales relacionados con los casos de Trump, o en asuntos en los que este pudiera tener un interés personal, los abogados defensores podrían impugnar dichos casos ante los tribunales de primera instancia, argumentando que los procesos judiciales no se gestionaron de manera apropiada si Blanche desempeñó un papel en la toma de decisiones, según han señalado a CNN algunos expertos jurídicos.

No obstante, en gran medida el mecanismo de control recae en los legisladores, quienes pueden exigir explicaciones a Blanche ahora que este dirige el departamento.

“El Congreso debe tomar medidas si considera —ya sea el propio Congreso o la opinión pública— que esta situación resulta insostenible. Y, en mi opinión, lo es”, declaró esta semana a CNN Grimes, el exasesor de ética profesional del Departamento de Justicia.

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