Opositores que dicen ser perseguidos por Trump evalúan pedir dinero al fondo anti “instrumentalización” de la Justicia
Por Marshall Cohen y Annie Grayer, CNN
Exfiscales de los disturbios del Capitolio de EE.UU., funcionarios federales despedidos y periodistas que aseguran haber sido blanco de represalias del presidente Donald Trump dijeron a CNN que podrían buscar compensación del fondo de US$ 1.800 millones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra la “instrumentalización” de la Justicia impulsada por el Gobierno.
Algunos críticos de Trump ya enviaron cartas al DOJ detallando sus reclamos, con la esperanza de llamar la atención sobre cómo el presidente ha usado los poderes del Gobierno en un intento por castigar a sus opositores políticos. Otros todavía debaten si presentar una solicitud podría legitimar un fondo que consideran descaradamente corrupto.
Los seis legisladores demócratas que enfrentaron escrutinio legal tras instar públicamente a miembros de las Fuerzas Armadas a desobedecer órdenes ilegales también han discutido si presentar solicitudes, según una fuente familiarizada con el tema. Si finalmente presentan un reclamo, eso se convertiría en una gran prueba sobre si el fondo es realmente imparcial políticamente, como ha sugerido el DOJ.
Michael Cohen, antiguo aliado de Trump convertido en adversario, sugirió que merece una compensación tras años de batallas legales.
“Si el fondo contra la instrumentalización de la justicia realmente existe para apoyar a personas cuyas vidas fueron destruidas por tácticas de aplicación de la ley con motivaciones políticas, por procesos selectivos, filtraciones gubernamentales, abusos de poder y destrucción intencional de reputaciones, entonces quizá no haya un ejemplo más claro que lo que me ocurrió a mí”, dijo en CBS News. “Supongo que yo sería un caso de prueba”.
CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
El controvertido fondo fue anunciado como parte de un acuerdo para resolver una demanda civil de US$ 10.000 millones que Trump presentó contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. (El responsable fue identificado, se declaró inocente y fue a prisión).
El fondo “corregirá los errores cometidos anteriormente”, dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche al anunciar el fondo la semana pasada, aludiendo a los antiguos reclamos de Trump sobre la investigación Trump-Rusia y el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago en 2022. Personas condenadas por los disturbios del Capitolio de EE.UU., miembros del grupo de ultraderecha Proud Boys, falsos electores de 2020 y otros negacionistas electorales también se apresuran a presentar reclamos.
Pero muchos de los críticos más fuertes de Trump dicen que el presidente y sus aliados políticos no son víctimas de instrumentalización: son los perpetradores.
El exsubdirector del FBI Andrew McCabe, con quien Trump se enfrentó durante su primer mandato por la investigación sobre Rusia, está “considerando seriamente” presentar un reclamo, según su abogado Michael Bromwich.
“La idea de este fondo discrecional es una locura, ridícula e ilegal”, dijo Bromwich. “Pero si efectivamente se les va a dar dinero a personas que sufrieron la presunta instrumentalización de la Justicia, Andy McCabe debería estar al frente de la fila”.
Durante su primer mandato, Trump atacó repetidamente a McCabe y a su esposa con afirmaciones falsas. El DOJ durante la era Trump estuvo cerca de acusar formalmente a McCabe después de que un informe del inspector general concluyera que mintió sobre la filtración de información relacionada con Hillary Clinton durante la campaña de 2016. (McCabe ha negado haber cometido irregularidades). Los fiscales nunca lograron una acusación formal y abandonaron la investigación en 2020.
En 2018, fue despedido por el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions apenas 26 horas antes de su jubilación. McCabe, ahora colaborador de CNN, recuperó su pensión como parte de una demanda por despido injustificado que resolvió con el DOJ durante el Gobierno de Biden en 2021.
“Hubo instrumentalización durante el primer Gobierno de Trump y ahora la han llevado a un nivel completamente nuevo en el segundo Gobierno”, dijo Bromwich.
El Departamento de Justicia indicó que las solicitudes presentadas al fondo serán revisadas minuciosamente por una comisión de cinco miembros elegidos por Blanche y que pueden ser removidos por Trump. Ya se han presentado múltiples demandas para intentar cerrar el fondo.
El año pasado, el Gobierno de Trump despidió y degradó a decenas de funcionarios del DOJ involucrados en la investigación del 6 de enero de 2021, así como en la investigación del fiscal especial Jack Smith, que derivó en dos acusaciones federales contra Trump y que fueron desestimadas antes de que asumiera el poder en 2024.
Muchos de estos funcionarios de carrera sintieron que fueron perseguidos políticamente por Trump. Un exfiscal del DOJ que manejó casos relacionados con el 6 de enero dijo a CNN que los chats grupales están llenos de colegas debatiendo si presentar reclamos ante el fondo.
El exfiscal dijo que los exfuncionarios “ven la presentación de reclamos como una forma de protesta, como una manera de desafiar desde adentro lo que consideran un sistema partidista y corrupto”, mientras que otros creen que participar en el proceso “corre el riesgo de legitimar” el fondo y que “un sistema fundamentalmente corrupto no merece esa validación”.
Incluso el exdirector del FBI James Comey dijo que podría sumarse. Trump ha mantenido una disputa con Comey desde que este supervisó las primeras etapas de la investigación sobre Rusia, lo que derivó en su despido en 2017.
“Es para compensar a personas que, según dicen, fueron perseguidas por el Departamento de Justicia por razones personales, políticas o ideológicas”, dijo Comey a Jake Tapper, de CNN, la semana pasada. “Así que supongo que yo estaría en la fila… Sin duda parece pensado para alguien como yo”.
El Departamento de Justicia acusó formalmente a Comey el año pasado de mentirle al Congreso, pero un juez desestimó rápidamente el caso. Este año, los fiscales presentaron nuevos cargos alegando que una foto que publicó en redes sociales constituía una amenaza contra Trump, algo que Comey niega.
Algunos legisladores demócratas debaten si deberían intentar obtener dinero del fondo, dado que el DOJ afirmó en un memorando que “no existe ninguna restricción partidista: los demócratas también pueden presentar reclamos”.
Pero algunos demócratas no quieren aceptar dinero de los contribuyentes proveniente de algo que consideran que nunca debió existir.
Los seis demócratas que publicaron un video instando a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de inteligencia a desobedecer cualquier orden ilegal del Gobierno de Trump han discutido si presentar solicitudes, según una fuente familiarizada con el tema.
El video, que indignó al Gobierno de Trump, advertía que “las amenazas a nuestra Constitución” vienen “desde aquí mismo, en casa”, e instaba repetidamente a miembros de las Fuerzas Armadas y de la comunidad de inteligencia a “rechazar órdenes ilegales”.
El Departamento de Justicia intentó presentar cargos contra los seis miembros del Congreso, quienes anteriormente sirvieron en las Fuerzas Armadas o en la comunidad de inteligencia: los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly, y los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan. Pero un jurado investigador federal se negó a acusarlos formalmente.
Crow describió el jueves el fondo a Anderson Cooper, de CNN, como “un fondo discrecional para enviar un mensaje a cualquiera que esté dispuesto a inclinarse o besar el anillo de Donald Trump”.
CNN se comunicó con las oficinas de los seis legisladores para solicitar comentarios.
La representante demócrata LaMonica McIver, acusada de agredir a agentes federales durante una visita la primavera pasada a un centro de detención migratoria en Nueva Jersey, ha acumulado gastos legales estimados en US$ 1 millón mientras lucha por defenderse, según integrantes de su equipo.
Consultada sobre el fondo, McIver dijo en un comunicado a CNN: “Están muy cerca de entenderlo: usar el poder ilimitado del DOJ para perseguir a personas inocentes siempre está mal, pero es el Gobierno de Donald Trump el que está llevando a cabo esa persecución”.
“En lugar de repartir dinero a los amigos de Trump que intentan defraudar a los estadounidenses o a las personas que irrumpieron en el Capitolio, este Gobierno debería considerar poner fin a la persecución y la intimidación en las que participa diariamente su propio DOJ instrumentalizado”, agregó McIver.
El senador demócrata Adam Schiff, quien ha estado bajo investigación federal por acusaciones relacionadas con fraude hipotecario, dijo a periodistas esta semana que no tiene interés en solicitar dinero del fondo, aunque afirmó que, en teoría, podría calificar. (Schiff niega haber cometido delitos).
“En teoría, supongo”, dijo Schiff cuando le preguntaron si calificaría para pagos. “Pero no quiero tener nada que ver con esa farsa, excepto cerrarla”.
El ex presentador de CNN Jim Acosta dijo que cree que podría calificar para el nuevo fondo del DOJ.
Mencionó un incidente de 2018 en el que la Casa Blanca de Trump revocó su credencial de prensa. CNN demandó y un juez designado por Trump determinó que era probable que el Gobierno hubiera violado “los derechos al debido proceso” de Acosta. El juez ordenó a funcionarios de la Casa Blanca restaurar su acreditación.
“¿No debería ser compensado?”, bromeó Acosta en una publicación de Substack.
Una popular podcaster que siguió la investigación Trump-Rusia encabezada por el fiscal especial Robert Mueller dijo que envió una carta al DOJ solicitando US$ 8,6 millones. En la carta, Allison Gill, quien trabajó en el Departamento de Asuntos de Veteranos, afirmó que enfrentó una investigación administrativa sobre su podcast “por razones políticas e ideológicas”.
Scott Stedman, periodista independiente y crítico de Trump, envió una carta a Blanche solicitando US$ 2,7 millones. Dijo que fue difamado por un exfuncionario del Gobierno de Trump que publicó en internet comunicaciones privadas suyas.
“El dinero será utilizado para financiar periodismo de investigación sobre corrupción y abusos de poder”, escribió Stedman en la carta revisada por CNN.
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