Tras años de crisis y acusaciones, Arévalo nombra un nuevo fiscal general. Esto implica para Guatemala
Por Merlin Delcid, CNN en Español
El presidente Bernardo Arévalo designó a Gabriel Estuardo García Luna como el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, quien asumirá sus funciones a partir del próximo 17 de mayo en sustitución de Consuelo Porras.
“El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al Gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios”, dijo Arévalo en un mensaje grabado y divulgado la noche del martes en sus redes.
El mandatario dice que el nuevo funcionario, elegido de entre seis nombres propuestos por una comisión de postulación, debe tener liderazgo para recuperar la institución y responder a las expectativas y demandas de la ciudadanía. “Llega para servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio de la República y de los pueblos que conformamos la nación guatemalteca”, agregó.
El nombramiento de García Luna marca el final de dos periodos consecutives de Consuelo Porras al frente del MP, una gestión señalada por diversos sectores por la persecución penal a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, abogados e incluso periodistas, como Jose Rubén Zamora.
CNN contactó a Porras para pedir comentarios y está a la espera de respuesta.
La relación entre Porras y Arévalo fue tensa desde el inicio. Porras intentó evitar que Arévalo tomara juramento como presidente de Guatemala. El Ministerio Público (MP) abrió una investigación por supuestas irregularidades en las elecciones por lo que hubo incertidumbre, hasta el último momento, de que Arévalo asumiera la presidencia. Arévalo acusó a Porras de promover lo que llamó un golpe de Estado.
En sus primeros actos como mandatario, Arévalo pidió a Porras la renuncia. La titular del MP dijo en ese momento que no dejaría el cargo, porque argumentó que sus acciones solo buscaban hacer que la ley se cumpliera.
Arévalo incluso presentó al Congreso, meses después, una reforma de ley para que la fiscal Porras pudiera ser destituida, acusándola de abusar del poder y usar el Ministerio Público como un arma política. Su iniciativa no tuvo ningún efecto. El MP presentó un amparo a la Corte de Constitucionalidad.
Por su parte, Porras solicitó en múltiples ocasiones el retiro de la inmunidad de Arévalo para poder investigarlo penalmente. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó sus solicitudes.
El segundo periodo consecutivo de Porras como titular de la Fiscalía y el Ministerio Público concluye el 16 de mayo.
Su gestión no ha estado exenta de polémicas. Un ejemplo es el expediente abierto por presuntas irregularidades en las elecciones o procesos penales en contra de los entonces magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El Ministerio Público guatemalteco señaló en 2023 a Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, que se habría utilizado en las elecciones presidenciales.
El pasado febrero, un juez desestimó la causa penal contra los exfuncionarios y señaló que el proceso debió dirimirse por la vía administrative, según reportaron medios locales.
Por todas esas acciones, al menos 40 países emitieron sanciones contra Porras. Canadá y el Consejo de la Unión Europea, por ejemplo, sancionaron a la fiscal y a otros funcionarios por llevar a cabo “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, según explicaron en un comunicado en febrero de 2024.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Porras en septiembre de 2021 de obstruir e interferir investigaciones de actos de presunta corrupción.
El Ministerio Público de Guatemala rechazó todos los señalamientos, al considerarlos “una grave amenaza contra el régimen de legalidad”.
En febrero, un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas pidió investigar la presunta participación de Porras en “procesos de adopciones ilegales internacionales”.
Según la investigación, al menos 80 niños indígenas fueron adoptados de manera irregular tras haber sido internados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, un centro clausurado y del que Porras fue directora y, por lo tanto, “tutora legal” de los niños entre enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Porras rechazó los señalamientos. “Rechazamos una vez más, como lo hemos hecho reiteradamente, estos señalamientos falsos, carentes de sustento, carentes de conocimiento fáctico y completamente malintencionados, mismos que lejos de tutelar los derechos humanos los vulneran y distorsionan”, dijo Porras en un comunicado enviado a CNN horas después.
García Luna, doctor en derecho, maestro en derecho penal y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, es asesor del procurador general de la nación, integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. También se ha desempeñado como docente universitario a nivel de licenciatura y maestría en la Universidad Rafael Landívar y la Escuela de Estudios Judiciales. Además, forma parte del Organismo Judicial desde 1997 y ha desempeñado diferentes cargos dentro de la carrera judicial.
“Le deseo claridad, firmeza y serenidad para asumir la responsabilidad que recibe”, señaló Arévalo. “La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas. Es el momento de dejar atrás ese pasado”, dijo el mandatario durante el anuncio.
Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que agrupa al sector privado más importante de Guatemala, dijo que el nombramiento del nuevo fiscal es un paso importante para consolidar la certeza jurídica y fortalecer la confianza en las instituciones.
“Confiamos en que este nuevo período contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad y al avance hacia un futuro de mayor seguridad, desarrollo y certeza para Guatemala”, señaló en un comunicado.
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