Hasta dónde están dispuestos los salvadoreños a aceptar medidas extremas de Bukele con tal de vivir en calma
Por CNN en Español
Para los defensores de los derechos humanos, la mejora en los niveles de seguridad en El Salvador tiene un alto precio: el deterioro de la democracia y el respeto a la ley. Sin embargo, reconocen que el Gobierno del presidente Nayib Bukele cuenta con respaldo ciudadano.
Medidas como el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y las más recientes reformas a la Constitución, que permiten sentenciar a una persona a cadena perpetua desde los 12 años por delitos como homicidio, feminicidio o violación, cuentan con la aprobación ciudadana, al menos “hasta que no toca a alguien cercano o a un familiar”, dice Abraham Ábrego, miembro de la ONG Cristosal, un destacado grupo de derechos humanos crítico de Bukele que desde el verano de 2025 opera desde el exilio.
Ábrego sostiene que la “tendencia” de demandar medidas drásticas no es nueva y que muchos desconocen la importancia del respeto a la legalidad. “Muchas veces cuando ya tienen a un familiar a quien le aplican ese tipo de reglas, ahí es donde ya le puede parecer injusto”, explica por teléfono desde Guatemala.
Los miembros de Cristosal se autoexiliaron, en julio de 2025, tras la detención de Ruth López, activista por los derechos humanos y miembro de esta organización.
El reclamo de la ciudadanía por medidas drásticas contra el crimen, en un país que vivió altos índices de violencia durante años, no es nuevo. Ábrego dice que durante la presidencia de Francisco Flores (1999-2004) muchos apoyaron el denominado plan “mano dura”, que buscaba controlar a las pandillas. Lo mismo ocurrió, sostiene, con el plan “super mano dura”, que lanzó durante su mandado Elías Antonio Saca (2004-2009). “Lo de demandar medidas drásticas ya lo hemos visto con la mano dura, reformas penales para aumentar las penas y muchas veces lo hacen los partidos políticos porque tiene réditos electorales, es muy popular”. Tanto el plan Mano Dura de Flores como el Súper Mano Dura de Saca contemplaban operativos combinados entre Policía y el Ejército para detener a miembros de pandillas. Sin embargo, estos grupos siguieron creciendo y ganando control del territorio.
El Salvador vive un contexto complejo, dice a CNN Juan Ramón Maldonado, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Don Bosco y analista político. “Los salvadoreños no hemos sido educados para entender la Constitución, mis derechos y libertades. Entonces, lo que la gente quiere es vivir s u día a día y ese día a día ahora es bajo un ambiente seguro, de resultados”, explica.
Maldonado se refiere a que muchos salvadoreños dicen que dejaron de ser extorsionados por las pandillas para dejarlos entrar y salir de sus casas, y que ya no deben huir por el acoso de estos grupos. Ahora sienten que pueden entrar a cualquier territorio sin temor a ser asaltados o asesinados por miembros de pandillas o al menos con menores probabilidades de que eso ocurra.
“En El Salvador no tenemos cultura de paz. Vivimos el autoritarismo militar, una guerra civil y la crisis por las pandillas. Por eso ahora que tenemos estos altos niveles de seguridad la gente no valora aspectos como la democracia”, sostiene Maldonado.
El cambio, en la seguridad se refleja en números concretos. El régimen de excepción ha permitido, según el Gobierno, la captura de más de 91.000 personas, aunque luego liberaron a más de 7.000 tras comprobarse que no tenían vínculos con pandillas. Muchos de los que siguen detenidos están a la espera de un juicio. El Salvador, afirman las autoridades, ha pasado de ser un país violento a uno de los más seguros del hemisferio.
Su implementación, sin embargo, ha sido criticada por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por considerar que permite violaciones a derechos humanos y hasta tortura, señalamientos rechazados por la administración Bukele.
“Se ha notado la diferencia”, sostiene Miguel Ángel Rodríguez, un residente de San Salvador, quien dice apoyar las medidas implementadas por el presidente Bukele, mientras camina en el centro histórico de la capital. Sondeos realizados por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de Crisis Group han reflejado el apoyo ciudadano a las medidas.
El régimen de excepción, que ya tiene cuatro años en el país, mantiene suspendidas garantías constitucionales. Amplía de 72 horas a 15 días la detención provisional y permite al Estado la intervención de las telecomunicaciones sin la autorización de un juez.
Las reformas a la Constitución, que desde el domingo permiten que una persona detenida y que sea condenada por delitos como homicidio, feminicidio y violación pueda ser sentenciada a cadena perpetua desde los 12 años, también cuentan con respaldo, aunque no de forma unánime.
“Estar rehabilitando a una persona creo que sería lo correcto, pero lastimosamente aquí en el país ya se trató de esa manera y se llegó a un caso que hubo más violencia”, agrega Rodríguez, en alusión .Rodríguez se refiere a los diferentes programas gubernamentales y privados que en el pasado fueron implementados para reinsertar, sin éxito, a la sociedad a miembros de pandillas.
“Eso para mí no está bien”, dice con respecto a las nuevas reformas Ana Reyes, otra ciudadana salvadoreña. “Hay otros métodos, porque no tiene que ser así”, considera Reyes.
A la hora de aplicar la justicia, El Salvador también ha recibido fuertes críticas. La semana pasada se llevó a cabo un juicio masivo contra casi 500 presuntos pandilleros. Las imágenes de las personas rapadas, vestidas de blanco, una al lado de otra en el mismo penal en el que están detenidos, despertaron cuestionamientos entre organismos de derechos humanos sobre garantías de acceso a la defensa legal y de que se haga un juicio justo.
Bukele respondió a estas críticas redoblando la apuesta: no solo defendió el proceso, sino que lo comparó con los Juicios de Núremberg, en los que dirigentes del gobierno nazi fueron enjuiciados por crímenes de guerra y contra la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. En ese juicio, jefes militares y políticos fueron llevados ante la justicia por las masacres y ejecuciones masivas cometidas durante la guerra.
“Estos son los ‘presuntos miembros de pandillas’ de los que hablan algunos medios internacionales. Los mismos a los que ciertas ONG llaman ‘civiles’ y defienden con tanta insistencia. No fueron ‘presuntos pandilleros’ para sus víctimas. No fueron ‘civiles’ para las comunidades que vivieron bajo su control durante décadas”, escribió Bukele en sus redes sociales.
“Nosotros no inventamos ese principio. Se llama ‘responsabilidad de mando’, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, planteó el mandatario.
La administración de Bukele ha dicho que continuará con este tipo de medidas, sin importar las críticas locales e internacionales. El autoproclamado “dictador cool” sostiene su firmeza amparado en su popularidad, que se mantiene con en el tiempo.
Desde que asumió el poder en 2019, San Salvador, que se había convertido en “la capital mundial del crimen”, con un récord de casi un homicidio por hora registrado en 2016, fue transformándose de a poco en una ciudad habitable nuevamente.
Muchos salvadoreños que se habían visto forzados a emigrar en busca de paz regresaron e incluso pudieron reabrir sus negocios.
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