Entran en vigor protecciones a migrantes en Connecticut: estas son las áreas resguardadas contra arrestos sin orden judicial

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Varias disposiciones en materia de protección de inmigrantes entraron en vigor este jueves en Connecticut, a medida que surgen reportes de detenciones en el estado en lugares sensibles como paradas de autobuses escolares.

Entre las medidas que están en efecto desde hoy, se encuentra la designación de áreas protegidas, en donde los arrestos basados en infracciones civiles estarán restringidos.

Según la Ley Pública número 26-14, firmada por el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, a inicios de mayo, los agentes federales o estatales no pueden detener a personas, realizar arrestos o poner bajo custodia a nadie en las áreas protegidas designadas basándose en una infracción civil.

Las zonas protegidas, dice la ley, son las siguientes:

• Centros educativos, desde preescolar hasta universidad.
• Hospitales y centros médicos de urgencia.
• Espacios para infancias y adolescentes, como paradas de autobuses escolares, parques, centros recreativos, clases extracurriculares.
• Lugares de servicios sociales, entre ellos, refugios, centros para víctimas o para personas con adicciones, servicios para personas con discapacidad, bancos de alimentos.
• Lugares para la atención ante situaciones de desastre.
• Cementerios y otros espacios para la sepultura.

La ley dice que “cualquiera” de estos edificios o lugares se entiende como una “zona protegida”, “incluidos los terrenos de dichos edificios o lugares y cualesquiera garajes o aparcamientos utilizados para el funcionamiento de los mismos, independientemente de si dichos garajes o aparcamientos son contiguos a los edificios o lugares”.

Los agentes federales o estatales solo pueden hacer detenciones en estos lugares cuando presenten una “orden judicial”.

“Ningún agente del orden (…) podrá detener, arrestar ni, de otro modo, poner bajo custodia a una persona en un área protegida, instalación estatal o instalación municipal por motivo de una infracción de carácter civil, a menos que dicho agente actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales y la persona (…) sea objeto de una orden judicial”, indica el texto de la ley.

Por tanto, las instalaciones estatales o municipales de Connecticut también están consideradas como áreas protegidas.

“‘Instalación estatal’ significa cualquier edificio, o parte del mismo, que sea propiedad, esté arrendado, ocupado, controlado o utilizado para negocios por una oficina o agencia del Departamento Ejecutivo (del estado), ya sea directa o indirectamente (…) ‘Instalación municipal’ significa cualquier edificio o parte del mismo, propiedad de, arrendado, ocupado, controlado por o utilizado para negocios por un gobierno municipal, ya sea directa o indirectamente”, detalla la ley.

Las zonas protegidas únicamente están amparadas cuando el actuar de los agentes del orden se base en una infracción civil. Por tanto, un agente sí podría actuar cuando se trate de casos como infracciones de tránsito, delitos estatales o federales, violaciones de la libertad condicional, siempre y cuando haya una orden judicial.

En caso de que se produzca una detención restringida por la ley, la persona afectada podrá presentar una demanda civil ante el Tribunal Superior de Connecticut.

La demanda civil tiene como objetivo “obtener una reparación equitativa o una indemnización por daños y perjuicios”, señala la ley,

“El tribunal podrá otorgar al demandante las medidas cautelares legales y equitativas que considere apropiadas, incluyendo, entre otras, medidas cautelares temporales o permanentes, daños punitivos, honorarios de abogados y costes judiciales”, agrega.

Las protecciones para inmigrantes de este jueves llegan en medio de informes que señalan a agentes federales realizando detenciones en paradas de autobuses escolares en Connecticut.

A finales de septiembre, al ser preguntado por CNN sobre estas detenciones, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que no estaba al tanto de que agentes federales tuvieran como objetivo de detención a padres de familia en esas paradas de autobuses, pero afirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se encuentra en las calles “para hacer cumplir la ley”.

Desde agosto, ICE incrementó sus acciones en Connecticut, lo que llevó al gobernador Lamont a hacer un llamado a activistas y líderes comunitarios para organizarse y defender a las familias inmigrantes.

“Connecticut no quiere, ni necesita, el tipo de presencia que ICE ha mantenido en nuestro estado esta semana. Connecticut cuenta con algunas de las tasas de criminalidad más bajas del país, gracias a la excelente labor que realizan nuestras fuerzas policiales estatales y locales para mantener a los delincuentes violentos fuera de nuestras calles. Detener a personas al azar para cumplir una cuota no reduce la delincuencia; por el contrario, traumatiza a familias y comunidades. En Connecticut respetamos la dignidad y la humanidad de toda persona que considera a nuestro estado su hogar, y valoramos las contribuciones de nuestras comunidades inmigrantes. También expreso mi agradecimiento a los defensores comunitarios y a los abogados voluntarios que ayudan a los detenidos y a quienes estos dejan atrás. A las comunidades que están siendo objeto de estas acciones: sepan que las apoyamos y que estamos aquí para ustedes”, informó Lamont a finales de agosto.

Las acciones en defensa de los inmigrantes, en especial la Ley Pública número 26-14 pero también otras políticas estatales en materia de inmigración, han sido un punto de fuerte disputa entre el Gobierno de Donald Trump y la administración estatal de Lamont.

Menos de dos semanas después de que Lamont firmara la Ley Pública número 26-14, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobernador, el fiscal general del estado, William Tong, y otras autoridades de Connecticut.

El DOJ calificó la ley como un “intento inconstitucional de regular a los agentes federales de la ley” mediante la prohibición de usar máscaras, requerimientos de identificación y el control del uso de la fuerza. Varias de estas disposiciones entraron en vigor previamente.

“Los agentes del orden arriesgan sus vidas a diario para proteger a los estadounidenses, y no merecen ser objeto de la divulgación de su información personal ni de acoso simplemente por cumplir con sus deberes”, declaró Todd Blanche, hoy secretario de Justicia de EE.UU., en un comunicado. “Las políticas de Connecticut contrarias a las fuerzas del orden condicionan al gobierno federal y están diseñadas para poner en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes no pueden mantenerse vigentes”.

Tras la demanda, el fiscal general Tong declaró que las acciones llevadas a cabo por Connecticut “son plenamente legales y necesarias para proteger la seguridad pública”.

“Defenderemos la ley con firmeza”, añadió Tong.

La oficina del fiscal general William Tong dijo este jueves a CNN que la demanda del DOJ está “pendiente” y afirmó que las disposiciones de la ley ya entraron en vigor.

CNN también contactó al DOJ para obtener comentarios sobre la demanda y las disposiciones de la ley, y espera respuesta.

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