Cornell se convierte en el último punto álgido del debate en EE.UU. sobre agresiones sexuales en los campus universitarios

Por Brittany Shammas, Lauren Mascarenhas y Taylor Galgano, CNN

Eran las 7:05 de la tarde de un miércoles a mediados de septiembre cuando la demanda de Jane Doe llegó a la Corte Suprema del Condado de Nueva York. En cuestión de días, el documento de 101 páginas a doble espacio captó la atención de la nación, provocando indignación y controversia y volviendo a centrar la atención en un problema de larga data: las agresiones sexuales en los campus universitarios.

La denuncia fue explosiva, alegando que siete miembros de una fraternidad de la Universidad de Cornell participaron en la agresión sexual de una miembro de una hermandad femenina de 20 años durante un encuentro de varias horas bajo los efectos de las drogas en el otoño de 2024. La denuncia incluía una captura de pantalla de un mensaje de Snapchat donde uno de los hombres escribió que había “c**** gratis” y otros respondieron con júbilo, con comentarios como “CHI PHIII”.

Poco después de que se presentara la demanda el 16 de septiembre, se repitió un patrón conocido. Los indignados recurrieron a las redes sociales para exigir responsabilidades, inundaron la fiscalía con quejas y compartieron fotos y otros detalles que permitían identificar a los miembros de la fraternidad a quienes muchos llamaban “los 7 de Cornell”. Otros, por su parte, condenaron la precipitación en el juicio o instaron a la cautela al sacar conclusiones de las acusaciones de la demanda, que, según un fiscal, difieren de lo que la presunta víctima denunció en 2024. Algunos se apresuraron a intentar desenmascarar a la mujer anónima detrás de las acusaciones.

Hubo indicios de política y de culpar a la víctima, de prejuicios y de vergüenza en un caso que está plagado de preguntas sin respuesta y que probablemente vaya cambiando a medida que salgan a la luz más detalles.

El tema de la agresión sexual en los campus universitarios, y cómo se deben manejar las denuncias, ha resurgido una y otra vez. Un caso individual capta la atención de la nación y desencadena un debate sobre la situación actual del país y si es necesario un cambio: la estudiante de la Universidad de Columbia, Emma Sulkowicz, cargando un colchón para protestar por cómo se manejó su denuncia; Chanel Miller pronunciando una apasionada declaración de impacto de la víctima durante la sentencia de un exnadador de la Universidad de Stanford condenado por agredirla; Summer Willis arrastrándose a gatas hasta el capitolio estatal de Texas para lograr un cambio en el vacío legal que permitió que su agresión quedara impune.

Las publicaciones en redes sociales de las actrices Florence Pugh y Mariska Hargitay contribuyeron a impulsar el debate sobre Cornell, que cobró fuerza a medida que los comentarios sobre el caso inundaban las redes sociales.

Sasha Pieterse, actriz conocida por su papel protagónico en la exitosa serie “Pretty Little Liars”, declaró a CNN que ella misma es sobreviviente de agresión sexual. Es algo de lo que no había hablado públicamente hasta ahora.

Pieterse afirmó que no cree que la gente “entienda la gravedad de lo que sucede después: el miedo, la vergüenza, el nivel de recuperación física y mental”.

Dijo que espera que la atención mediática sobre las acusaciones contra Cornell ayude a otras víctimas a sentirse menos solas y a demostrar por qué las leyes de consentimiento deberían estandarizarse.

“No quiero que nada parecido a lo que acaba de ocurrir en Cornell le suceda a ninguna otra persona”, declaró Pieterse.

Laura L. Dunn, abogada especializada en los derechos de las víctimas y en casos de agresión en campus universitarios, se enteró del caso de Cornell casi inmediatamente después de que se presentara la denuncia. Varias personas de su entorno se la hicieron llegar, recordándole no solo sus esfuerzos por abordar el problema, sino también su propia conexión personal con él: en 2004, como estudiante deportista del equipo de remo de la Universidad de Wisconsin en Madison, denunció haber sido agredida por dos compañeros. No se presentaron cargos.

“Es un momento muy doloroso, en muchos sentidos, ver que un caso sobre el que podría haber leído hace 20 años se repite”, comentó Dunn, de 41 años.

Los abogados de dos de los siete presuntos agresores en Cornell han negado las acusaciones, y algunos observadores han argumentado que lo ocurrido aquella noche de 2024 no constituye un delito según la ley de Nueva York. Este comentario también lo hizo el fiscal de distrito del condado de Tomkins, Matthew Van Houten, al defender su decisión de no presentar cargos penales cuando se denunció el incidente. Van Houten afirmó que la presunta víctima describió en su momento su participación en el consumo de drogas y en la conducta sexual como voluntaria, consciente y consensuada.

Van Houten declaró esta semana que reabrirá el caso, y añadió que reconoce “la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y sanación para procesar y comprender plenamente lo que les sucedió”.

Otros usuarios en internet han intentado vincular el caso de Cornell con incidentes de gran repercusión que resultaron ser infundados y en los que los presuntos culpables fueron acusados ​​erróneamente, como los casos que involucran a jugadores de lacrosse de la Universidad de Duke y a una fraternidad de la Universidad de Virginia que fue objeto de un artículo de la revista Rolling Stone que posteriormente fue retractado.

Según un análisis, las investigaciones han revelado que las denuncias falsas son poco frecuentes, y se estima que representan entre el 2 y el 10 por ciento de las denuncias.

Tras sufrir una agresión, Dunn se comprometió a impulsar el cambio y, en la década de 2010, sintió que se estaban logrando avances importantes. Un momento clave para ella llegó en 2011, cuando la administración Obama recordó a las instituciones de educación superior su obligación, en virtud del Título IX, de abordar la violencia sexual y les ordenó intensificar las investigaciones sobre las denuncias.

Según explicó, las universidades respondieron realizando esfuerzos educativos más significativos y reforzando sus oficinas de Título IX.

“Durante esa época se hicieron muchos esfuerzos para cambiar el rumbo de las cosas”, indicó Dunn.

Cada vez más personas comenzaron a alzar la voz, y para 2014 varios incidentes de gran repercusión —incluido el de Emma Sulkowicz— captaron el interés público e impulsaron el deseo de cambio. Al mismo tiempo, algunos críticos temían que las directrices de la era Obama hubieran ido demasiado lejos, al encomendar a burócratas universitarios la investigación de denuncias penales y debilitar el debido proceso.

La primera administración Trump la retiró en 2017, alegando preocupaciones sobre el debido proceso. Las protecciones del Título IX se ampliaron nuevamente bajo las normas establecidas por el Departamento de Educación de la administración Biden, lo que, según defensores de las víctimas, eliminó algunas de las barreras que enfrentan las víctimas de agresión sexual. Estos cambios fueron revertidos nuevamente esta semana por funcionarios de Trump.

Esta medida consolida un cambio que la administración Trump había implementado informalmente el año pasado en la ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo y que regula la forma en que las escuelas responden a las denuncias de conducta sexual inapropiada. La guía de 2020 redujo la definición de acoso sexual, amplió la protección para los estudiantes acusados ​​de conducta sexual inapropiada y añadió requisitos como audiencias presenciales con la posibilidad de interrogatorio.

Emma Grasso Levine, estudiante de posgrado y gerente sénior de políticas y programas del Título IX en Advocates for Youth, declaró a CNN que esta medida “envía el mensaje de que no es seguro alzar la voz”.

Según activistas, en los últimos años se ha producido una reacción adversa al movimiento Me Too, sumada al auge de la “manosfera”, factores que han contribuido al clima de acoso sexual en los campus universitarios. La presidenta de la Organización Nacional para las Mujeres, Kim Villanueva, describió el contenido como aquel que a menudo promueve a las mujeres como objetos y fomenta o glorifica la cultura de la violación.

Su equipo ha estado conversando con estudiantes universitarios sobre la investigación de Cornell y el significado del consentimiento. Afirmó que es importante hablar con los jóvenes sobre el consentimiento y su percepción de las mujeres en la sociedad.

“Implicará muchos cambios sociales”, afirmó Villanueva.

Saanya Agarwal cursaba su segundo año en Cornell en 2024 cuando la universidad emitió una alerta sobre una presunta agresión sexual en el campus. Recuerda que mencionaba a varios hombres presuntamente involucrados, pero que, por lo demás, carecía de detalles, algo que le resultó inquietante como estudiante que compartía campus con ellos.

Ahora, en su último año de universidad, declaró a CNN que su indignación ante lo que consideraba una falta de transparencia la impulsó a postularse para un puesto en la asamblea estudiantil representando a las mujeres. Fue elegida y dedicó el año pasado a hablar con administradores universitarios y representantes de fraternidades y hermandades para abogar por una mayor transparencia.

“Creo que si hablas con la gente, especialmente con las mujeres del campus, esta pregunta siempre está presente: ¿Y si me pasara a mí?”, cuestionó Agarwal, que es miembro de una hermandad.

Reyes Almeida, estudiante de tercer año en la Universidad de Boston, declaró que el incidente de Cornell es espantoso, pero no la sorprendió debido a lo “generalizado” que es el acoso sexual en los campus universitarios.

Almeida es presidenta de la sección de la Universidad de Boston de ‘It’s On Us’, una organización que apoya a las sobrevivientes de agresión sexual en los campus universitarios y trata de prevenir que ocurran agresiones a través de capacitación en intervención.

Según Almeida, muchas de las sobrevivientes con las que trabaja su organización han optado por no denunciar la agresión sexual a la universidad. CNN se ha puesto en contacto con la Universidad de Boston para obtener información sobre las víctimas que deciden no denunciar la agresión.

En su opinión, algunas universidades priorizan la imagen sobre la seguridad. “Lo único que les importa es mantener su imagen impecable”, afirmó Almeida.

En la Universidad de Rowan, al igual que en otras del país, los estudiantes reciben una notificación cuando se denuncia una agresión sexual en el campus, en cumplimiento de la Ley Clery federal.

Tamyah Crafton, estudiante universitaria de último año y fundadora de la sección de la Universidad de Rowan del Consejo Nacional de Mujeres Negras, agradece estas notificaciones, pero desea más información al respecto y reuniones públicas para discutir los detalles.

“¿Qué están haciendo para que el campus sea más seguro?”, preguntó Crafton.

En Cornell, los administradores prohibieron la presencia de Chi Phi en el campus y crearon un grupo de trabajo sobre agresión sexual, que emitió recomendaciones a principios de este año.

Pero Agarwal, la estudiante de Cornell, señaló que la aparente falta de transparencia por parte de la universidad hace que los estudiantes se pregunten exactamente qué sucedió, y si alguien involucrado podría estar sentado a su lado en clase o enfrente de ellos en el bar del barrio.

“Hay mucha desconfianza, y eso también genera miedo, comprensiblemente, porque no sabemos qué está pasando”, apuntó.

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Con información de Jason Carroll y Linh Tran, de CNN.