Trump insta a la Corte Suprema a reanudar deportaciones a países con historiales deficientes en materia de derechos humanos
Por John Fritze, CNN
El Gobierno del presidente Donald Trump instó el jueves a la Corte Suprema a permitirle trasladar a inmigrantes a países distintos de sus naciones de origen, sin brindarles la oportunidad de plantear preocupaciones sobre derechos humanos.
El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia después de que una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU., con sede en Boston, bloqueara efectivamente —a última hora del miércoles— los traslados, los cuales se venían realizando desde que la Corte Suprema falló a favor del Gobierno en este asunto hace más de un año.
Esa decisión ha “creado problemas logísticos sustanciales en las operaciones de traslado en curso —incluida la cancelación de vuelos— y ha generado gastos adicionales, posibles problemas diplomáticos y la imposibilidad de expulsar a delincuentes peligrosos”, declaró ante el alto tribunal D. John Sauer, procurador general adjunto de EE.UU. y principal abogado del Gobierno en materia de apelaciones, en el nuevo escrito presentado.
“Si bien ciertos extranjeros pueden beneficiarse de retrasar su traslado, la nación no lo hace”, escribió Sauer.
La Corte Suprema examinó la política en una etapa anterior del caso el año pasado y permitió su continuidad, a pesar de la oposición de las tres juezas progresistas del tribunal: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Posteriormente, los magistrados volvieron a fallar a favor del Gobierno en un caso relacionado con un grupo específico de inmigrantes que habían permanecido retenidos durante varias semanas en una base militar en Djibouti.
El Gobierno implementó esta política el año pasado como parte de sus medidas más amplias para restringir la inmigración. Uno de los mayores obstáculos que han enfrentado los gobiernos anteriores es el intento de deportar a migrantes a sus países de origen, los cuales se negaban a recibirlos por diversas razones, incluidas las tensas relaciones con Estados Unidos. La respuesta de Trump a ese problema fue deportar a dichos migrantes a otro país, incluso si el migrante no tenía vínculos con el destino.
La política fue objeto de un intenso escrutinio el año pasado, después de que grupos defensores de los derechos de los inmigrantes revelaran que un grupo de migrantes, cuyo destino inicial era Sudán del Sur, estaba detenido en Djibouti. Los migrantes —entre ellos personas de Cuba, Vietnam y Laos— permanecían retenidos en un contenedor de carga marítima acondicionado. Se estima que 25.000 migrantes han sido trasladados bajo esta política.
El asunto central es la Convención contra la Tortura, ratificada por el Senado en 1994, que por lo general prohíbe la deportación o extradición a países donde exista la posibilidad de que el migrante sea torturado. La ley es imprecisa respecto a cómo debe el Gobierno tomar esa determinación y qué derechos procesales corresponden al migrante en cuestión.
En su apelación de emergencia presentada el jueves, el Gobierno solicitó una suspensión “administrativa” inmediata que permitiera la continuación de los vuelos.
El Departamento de Justicia informó al tribunal, mediante un escrito, que había cancelado vuelos y que “ha tenido que retirar a casi 150 extranjeros de vuelos de deportación con destino a al menos cuatro países diferentes”.
El alto tribunal ordenó a los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que se oponen a la administración que presentaran su respuesta antes de la tarde del lunes.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
