Juez aplaza su decisión sobre el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Por Elise Hammond, CNN

Un juez federal está evaluando si restablece el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, tras una audiencia de 45 minutos celebrada el miércoles en el marco de una demanda que impugna la prohibición anunciada por el presidente Donald Trump a finales de la semana pasada.

Desde el inicio, el juez Timothy Kelly señaló que la Casa Blanca no parecía haber otorgado a los periodistas el debido proceso adecuado —tal como lo establecen los precedentes judiciales pertinentes— antes de revocar su acceso. Sin embargo, también planteó preguntas para poner a prueba los límites de los argumentos de los medios frente a la justificación de seguridad nacional que el Gobierno utiliza para defender la prohibición.

La audiencia abordó los argumentos principales de las organizaciones de noticias; un abogado de los medios dijo al juez que Trump estaba atacando la “esencia misma de la Primera Enmienda” y subrayó la falta de debido proceso. Por su parte, un abogado del Departamento de Justicia hizo hincapié en el argumento de seguridad nacional que el Gobierno emplea para defender la medida, insistiendo en que el presidente es quien tiene la última palabra sobre quién puede acceder a la Casa Blanca.

Los medios de comunicación solicitan a Kelly que restablezca de inmediato su acceso mientras se desarrolla el caso.

Kelly prometió emitir un fallo “tan pronto como pueda”.

Estos fueron los momentos clave de la audiencia:

Kelly, quien fue nombrado juez durante el primer mandato de Trump, comenzó la audiencia haciendo referencia a la ironía de que se le asignara este caso: él había presidido un litigio que impugnaba el primer intento importante de Trump, en 2018, de expulsar a un periodista de la Casa Blanca.

En aquel caso, relacionado con la revocación de la credencial de prensa de la Casa Blanca que poseía el entonces periodista de CNN Jim Acosta, Kelly emitió una orden temporal para restablecer el acceso de Acosta, basándose en un precedente de 1977 que establecía que los titulares de credenciales de prensa tenían derecho al debido proceso antes de que se les retirara el acceso a la Casa Blanca.

“Me asignaron el caso Acosta hace muchos años, y me sorprendió tanto como a todos cuando profundicé en la jurisprudencia del caso Sherrill”, dijo Kelly, refiriéndose al caso de 1977.

El juez evitó opinar si consideraba correctos ese precedente y los relacionados. No obstante, afirmó: “Ciertamente, como juez de distrito debo aplicarlos, y creo que es justo decir que los procedimientos que el tribunal estableció en esos casos… no se siguieron en esta ocasión”.

Ted Boutrous, abogado de las organizaciones de noticias, refutó el argumento de la administración de que las cartas enviadas por la Casa Blanca a los tres medios el martes por la noche —relativas a la prohibición de acceso— bastaban para desestimar las reclamaciones sobre el debido proceso que dichas organizaciones plantean en el caso.

Las cartas de la Casa Blanca fueron emitidas a posteriori y con fines de pretexto, señaló Boutrous, y no cumplían con el requisito establecido por los precedentes legales de que el gobierno debe proporcionar normas claras y una notificación previa antes de vetar a un periodista de la Casa Blanca. Las cartas describían varios reportajes de los periodistas como amenazas a la seguridad nacional; Boutrous calificó dichos artículos como “periodismo convencional”.

Destacó que, entre las múltiples noticias citadas en la carta dirigida a la CNN, solo una había sido redactada por una periodista con una acreditación permanente (hard pass), es decir, la credencial que otorga a los reporteros acceso habitual a la Casa Blanca. La periodista autora del artículo en cuestión —sobre los planes de construir un búnker bajo el salón de baile del Ala Este— vio renovada su acreditación durante el verano, varios meses después de la publicación de la noticia.

Boutrous también se centró en los argumentos de seguridad nacional que la Casa Blanca esgrime ahora. Sostuvo que dicha justificación fue elaborada a posteriori y que tal razonamiento vulnera las protecciones constitucionales de los periodistas.

“Lo que el presidente cuestiona es la esencia misma de la Primera Enmienda”, afirmó Boutrous.

Kelly planteó interrogantes para determinar si existía algún escenario en el que un argumento de seguridad nacional fuera una razón válida para revocar el acceso de un periodista a la Casa Blanca.

Su primera pregunta planteaba la hipótesis de que un periodista transmitiera información clasificada a un enemigo extranjero. En respuesta, Boutrous subrayó que las circunstancias actuales difieren enormemente de ese escenario. No obstante, reconoció que si el Servicio Secreto —al evaluar si un solicitante de acreditación permanente representaba un riesgo de seguridad física para el presidente— detectaba tal preocupación, la Casa Blanca podría tomar medidas al respecto.

A continuación, Kelly preguntó si el contenido de un reportaje publicado por un periodista podría suponer un riesgo para la seguridad nacional que justificara vetar su acceso a la Casa Blanca. Boutrous se opuso firmemente a tal razonamiento.

“Una vez que se sigue ese camino, se trata de… una discriminación flagrante por motivos de opinión”, afirmó Boutrous.

El Gobierno de Trump sostuvo que la cuestión era sencilla: Trump tiene derecho a decidir quién puede acceder a la Casa Blanca.

El argumento de Michael Velchik, abogado del Departamento de Justicia, buscaba refutar las acusaciones de que la Casa Blanca había vulnerado el debido proceso al vetar a periodistas sin previo aviso.

La decisión de Trump, señaló Velchik, se ajustaba a las directrices establecidas por fallos judiciales anteriores, los cuales dictaminan que los medios de comunicación deben tener la posibilidad de apelar cualquier suspensión o revocación. Las cartas enviadas el martes por la Casa Blanca a los medios indicaban que los periodistas podían presentar sus objeciones a la medida antes de la tarde del viernes, momento en el que se tomaría una decisión definitiva.

Sin embargo, el juez observó que dicho procedimiento se implementó únicamente después de anunciarse la revocación. Además, Kelly mencionó que los periodistas aseguran no haber sido informados de nuevos requisitos para obtener la acreditación de prensa, ni haber recibido advertencias sobre el incumplimiento de tales normas.

Velchik argumentó asimismo que los medios cuyo acceso fue revocado ponían en peligro la seguridad nacional mediante sus informaciones, lo cual constituía motivo suficiente para restringir su acceso de inmediato. Estas preocupaciones cobran especial relevancia en este momento, añadió, dado que el presidente de China, Xi Jinping, visita Washington esta semana.

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Con información de Holmes Lybrand y Katelyn Polantz