Reino Unido, Francia y Canadá sancionan los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental
Por Oren Liebermann y Kara Fox, CNN
El Reino Unido, Francia y Canadá anunciaron este martes planes para imponer sanciones relacionadas con los asentamientos israelíes ilegales en la Ribera Occidental —territorio ocupado—, en una medida coordinada que puso de relieve el creciente aislamiento de Israel en el escenario internacional.
Al anunciar las sanciones ante el Parlamento británico, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, condenó enérgicamente las acciones de Israel en la Ribera Occidental; afirmó que “colonos terroristas” habían cometido una “limpieza étnica” contra los palestinos de la zona y describió las medidas como un reinicio en las relaciones entre ambos países.
En una declaración conjunta, el primer ministro británico, Andy Burnham, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, señalaron: “Ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas para cumplir nuestro compromiso de proteger la solución de dos Estados y nuestros intereses, así como para defender nuestros valores, antes de que sea demasiado tarde”.
“Por consiguiente, el Reino Unido, Francia y Canadá tomarán medidas para prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos y aplicar sanciones específicas contra dichos asentamientos, así como contra quienes los faciliten o se beneficien de ellos”.
El anuncio fue acompañado por una carta conjunta de otras nueve naciones occidentales, las cuales manifestaron que también introducirían restricciones similares al comercio con asentamientos ilegales según el derecho internacional, o bien trabajarían para respaldar las restricciones europeas.
Israel y Estados Unidos —su aliado más importante— han amenazado con tomar represalias contra el Reino Unido por esta decisión.
Miliband, quien declaró que presentaba las medidas “como un judío orgulloso”, afirmó que Reino Unido ya no podía limitarse a denunciar la injusticia y el sufrimiento.
“El gobierno británico coincide en que se está produciendo una limpieza étnica de palestinos en zonas de la Ribera Occidental, perpetrada por colonos terroristas, y con demasiada frecuencia el gobierno israelí hace la vista gorda ante ello. Peor aún, algunos de sus miembros han hecho declaraciones y tomado medidas para apoyar el desplazamiento forzoso de palestinos”, señaló.
Añadió que el Reino Unido debe ahora “actuar” para oponerse a la expansión de los asentamientos.
Las sanciones británicas prohibirán la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental “ilegalmente ocupada”, sancionarán a otro grupo de colonos israelíes y tomarán medidas contra empresas e individuos específicos implicados en la expansión de los asentamientos en los sectores de la construcción, las infraestructuras, las finanzas y el sector inmobiliario, detalló.
“Reino Unido debe liderar ahora en Europa, en la Commonwealth y a nivel internacional para garantizar que ningún Estado, empresa, banco o institución contribuya a esta ocupación ilegal, la facilite o se beneficie de ella”, afirmó.
Por lo general, la implementación de la legislación británica sobre sanciones requiere 12 meses o más, pero se entiende que, en este caso, el plazo se ha reducido a entre seis y nueve meses.
Este periodo de tiempo permitirá llevar a cabo una amplia elaboración de políticas, una compleja redacción jurídica y los procedimientos parlamentarios necesarios para aprobar la legislación secundaria que sustenta las medidas de sanción.
Israel tomó el control de Jerusalén Este y la Ribera Occidental durante la guerra de 1967. Ambos territorios se consideran ocupados según el derecho internacional, y los asentamientos israelíes allí establecidos son ampliamente considerados ilegales.
Miliband declaró que las sanciones buscaban evitar la destrucción de la solución de dos Estados —un plan de paz que aboga por un Estado palestino independiente junto a Israel—, describiéndola como la “estrella polar” de la política británica.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, calificó la medida de “decisión política absurda” y de “acción moralmente corrupta”, y acusó al gobierno británico de interferir en las próximas elecciones de Israel.
La expansión de los asentamientos se ha acelerado bajo el gobierno de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha hecho de dicha expansión una prioridad.
Sa’ar afirmó que Israel tomaría represalias cerrando el consulado del Reino Unido en Jerusalén, expulsando a los representantes británicos del CMCC —el centro de coordinación en el sur de Israel encargado de gestionar las siguientes fases del plan de alto el fuego en Gaza—, poniendo fin a las actividades del Equipo de Apoyo Británico (BST) —una pequeña unidad de personal militar británico con sede en Ramala que presta apoyo a las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina (PASF)— y denegando la entrada a 11 legisladores británicos y a un abogado.
El asunto se trató durante una llamada telefónica entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes, según una fuente conocedora de la conversación.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declinó hacer comentarios este martes sobre las nuevas sanciones del Reino Unido, aunque señaló: “Compartimos el objetivo de la estabilidad”.
“Obviamente, no vamos a hacer lo que hizo el Reino Unido. Vimos su anuncio hoy, pero no tengo ningún comentario al respecto por ahora”, declaró a los periodistas en Miami. Rubio añadió que Estados Unidos no “quiere ver nada que genere inestabilidad en la Ribera Occidental en este momento, dada la gran cantidad de acontecimientos que tienen lugar en la región”.
Esta decisión refleja un conflicto importante entre Israel y algunos de sus principales aliados occidentales, y se produce en un contexto de creciente crítica internacional hacia las políticas israelíes en la Ribera Occidental, donde se ha intensificado la violencia de los colonos contra los palestinos en zonas que la comunidad internacional considera parte de un futuro Estado palestino.
Todo ello, en momentos en que Israel impulsa el proyecto de asentamiento E1, condenado internacionalmente, que según los críticos divide la Ribera Occidental en norte y sur, lo que hace prácticamente imposible la creación de un Estado palestino contiguo.
También separa a Jerusalén Oriental —la capital prevista de un Estado palestino— del resto del territorio. A finales de agosto, el Ministerio de Vivienda de Israel convocó una licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en E1. El plan tiene como objetivo crear un bloque continuo de asentamientos judíos desde Jerusalén Oriental hasta la Ribera Occidental.
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, ha defendido explícitamente la expansión de los asentamientos como una forma de “enterrar” la idea de un Estado palestino. “El Estado palestino está siendo eliminado de la mesa no con consignas, sino con acciones”, dijo Smotrich cuando E1 recibió su aprobación definitiva.
El año pasado, el Reino Unido y otros países impusieron sanciones a Smotrich y al ministro de Seguridad Nacional de ultraderecha, Itamar Ben-Gvir, por “incitar repetidamente a la violencia contra los palestinos”.
Israel se apoderó de Jerusalén Este y la Ribera Occidental en la guerra de 1967. Ambos se consideran territorios ocupados según el derecho internacional, y los asentamientos israelíes allí son ampliamente considerados ilegales.
Es probable que las sanciones del Reino Unido a los productos procedentes de los asentamientos tengan un impacto limitado en el comercio anual entre ambos países —valorado en unos US$ 8.000 millones—, ya que solo una pequeña fracción de dicho comercio proviene de la Ribera Occidental. Según el Departamento de Empresa y Comercio británico, los principales productos que el Reino Unido exporta a Israel son medicamentos y productos farmacéuticos, mientras que sus principales importaciones desde allí son frutas y verduras.
En mayo, el Reino Unido fue uno de los varios países europeos que advirtieron a las empresas internacionales sobre los riesgos y consecuencias legales y reputacionales de participar en la construcción del proyecto E1. El comunicado, que también contó con el respaldo de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, señalaba que la situación en los territorios palestinos se había “deteriorado significativamente” a medida que la violencia de los colonos alcanzaba “niveles sin precedentes”.
La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, declaró a los medios locales que su Gobierno tomaría represalias contra el Reino Unido si se imponían sanciones.
“Si Gran Bretaña actúa contra el Estado de Israel, el Estado de Israel actuará contra Gran Bretaña. Contamos con las herramientas”, declaró a Ynet News. “Se acabó la época en la que la gente actuaba contra el Estado de Israel y este no respondía”.
Israel dio su aprobación definitiva al plan E1 el año pasado, dando luz verde a más de 3.400 unidades de vivienda.
“Cada asentamiento, cada barrio, cada unidad de vivienda es otro clavo en el ataúd de esta idea peligrosa”, agregó.
El plan E1 se ha acelerado bajo el gobierno de línea dura de Netanyahu, que ha convertido la expansión de los asentamientos en una prioridad. Si bien la mayoría de los asentamientos israelíes son proyectos administrados por el Estado, muchos grupos de colonos también han establecido docenas de puestos avanzados no autorizados en los últimos años —a menudo mediante violencia y fuerza física— que, con el tiempo, obtienen la aprobación del Gobierno israelí.
Grupos de derechos humanos y de monitoreo, entre ellos Amnistía Internacional, han señalado que el Gobierno de Netanyahu hace la vista gorda ante la violencia, calificándola como parte de un ecosistema más amplio de “violencia de los colonos respaldada por el Estado”.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Con información de Jennifer Hansler y Billy Stockwell, de CNN.
