La oposición nicaragüense en el exilio busca aumentar la presión internacional contra Ortega y abrir una transición política
Djenane Villanueva, CNN en Español
El anuncio del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones, lejos de sorprender a líderes opositores exiliados en Costa Rica, terminó por confirmar el desmantelamiento de la democracia que desde hace años denuncian. Para ellos, finalmente quedó atrás la intención del Gobierno nicaragüense de preservar una apariencia democrática y, ante ese escenario, concentran sus esfuerzos en aumentar la presión internacional.
La declaración, pronunciada por Ortega durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio, encontró eco inmediato fuera de las fronteras nicaragüenses. En Costa Rica, donde reside la mayor comunidad de exiliados políticos de Nicaragua. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) Costa Rica ha dado acogida a más de 194.000 solicitantes de asilo de Nicaragua y a unas 9.216 personas nicaragüenses, a las que se les ha reconocido la condición de refugiado. En esta nación centroamericana “se encuentra más de la mitad de la población nicaragüense desplazada en todo el mundo”.
El anuncio de Ortega impulsó más gestiones ante foros internacionales y conversaciones entre organizaciones opositoras que, aunque dispersas por distintos países y con diferencias ideológicas, coinciden en un mismo objetivo: promover una transición democrática que permita poner fin al mandato Ortega-Murillo.
Inicialmente, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de este año. Sin embargo, las enmiendas constitucionales que entraron en vigor a inicios de 2025 ampliaron a seis años el período presidencial, por lo que los comicios quedaron previstos para 2027. Recientemente, la asamblea nacional presentó una iniciativa de reforma constitucional parcial para extender el mandato a siete años, prorrogables.
La declaración de Ortega llega en medio de un escenario complejo para el exilio. En los últimos años, buena parte de los dirigentes y activistas que encontraron refugio en Costa Rica se ha reasentado en países como Estados Unidos y España, mientras el asesinato en San José del mayor retirado Roberto Samcam, que ocurrió el 19 de junio de 2025, reforzó el temor entre los opositores sobre el alcance de la persecución transnacional que atribuyen al gobierno de Managua.
La actividad política continúa, pero ahora depende en gran medida de la coordinación virtual y de la presencia en foros internacionales. Aseguran que aunque las manifestaciones y protestas presenciales han disminuido, la coordinación y el impulso al cambio no se ha debilitado.
Eliseo Núñez, abogado y politólogo, secretario de la Concertación Democrática Nicaragüense, dice que la oposición toma el anuncio en dos vías. “Primero, no nos sorprende, porque Ortega ha venido trasladando el poder de una manera no democrática. Lo segundo es que nunca pensamos que llegaría al punto de decirlo abiertamente”.
Núñez fue legislador en dos ocasiones, dirigió dos campañas presidenciales en Nicaragua y es uno de los dirigentes que abandonó ese país en 2021 luego, según relata, de conocer que sería detenido con acusaciones de traición a la patria.
“El mundo se está dando cuenta de lo que es capaz Ortega”, sostiene. A su juicio, esa claridad podría traducirse en una mayor presión diplomática y económica sobre Managua, condición que considera indispensable para abrir una negociación que conduzca a una transición pacífica y evite que Nicaragua repita el ciclo histórico de autoritarismo, conflicto y una nueva concentración del poder.
CNN envió consultas al gobierno de Nicaragua sobre estas afirmaciones y está a la espera de respuesta.
Esta lectura es compartida por otros líderes opositores nicaragüenses consultados por CNN. Coinciden en que el anuncio oficializa una realidad y advierten que el desafío para la oposición será mantener la coordinación desde el exilio, aumentar el respaldo internacional y reforzar una alternativa democrática capaz de trascender las diferencias entre organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Para la socióloga Elvira Cuadra, quien dirige desde Costa Rica el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica tras salir de Nicaragua en 2018, el anuncio de Ortega no representa un cambio de rumbo, sino la confirmación pública de un proceso que se ha venido consolidando desde hace casi dos décadas. Cuadra afirma que el Gobierno nicaragüense le quitó su nacionalidad y le confiscó sus bienes.
CNN consultó al Gobierno de Nicaragua sobre estas afirmaciones, al momento no se han obtenido respuestas.
Cuadra resalta que los procesos electorales nicaragüenses habían perdido credibilidad desde el regreso de Ortega al poder en 2007. Lo novedoso, explica, es que el propio mandatario admitiera de forma explícita que las elecciones dejarán de ser un mecanismo para acceder al poder.
“Es, efectivamente, asegurar la continuidad de un proyecto político que es a la vez autoritario y dinástico, es decir, está casi como la instalación de una monarquía absolutista donde el monarca o el gobernante traslada el poder a los demás integrantes de su familia”, y, en este caso, agrega la académica, sería a Rosario Murillo o también otros integrantes de la familia presidencial, como sus hijos, que han asumido funciones cada vez más visibles dentro de la estructura del Estado.
“La oposición democrática tiene una responsabilidad mucho mayor para encontrar una oportunidad de abrir un cambio político en Nicaragua, pero el respaldo de la comunidad internacional también será determinante”, señala.
Según Cuadra, el Gobierno de Managua ha demostrado que responde con mayor sensibilidad a las presiones económicas y diplomáticas que a las condenas políticas, por lo que considera que las decisiones de actores como Estados Unidos y la Unión Europea podrían influir en el rumbo de los acontecimientos.
Luciano García, integrante del comité coordinador en el exilio de Ciudadanos por la Libertad, describe el panorama como una oposición “diversa, pero unida en la acción”. Explica que existen organizaciones con diferentes visiones políticas e ideológicas, así como colectivos de derechos humanos, ambientalistas, organizaciones de mujeres y medios de comunicación independientes con roles distintos, “pero con la misma aspiración del retorno de la democracia en Nicaragua”.
García es ingeniero agropecuario, ha estado ligado al partido conservador nicaragüense la mayor parte de su vida. Dice que llegó en 2018 a Costa Rica también acusado por el Gobierno Ortega-Murillo de traición a la patria, tras participar en las protestas iniciadas ese año contra la reforma al sistema de pensiones, que más tarde derivaron en un reclamo por cambios democráticos.
García cree que el anuncio de Ortega también marcó un punto de inflexión. “Ortega puso su fecha de caducidad. Ya le puso nombre a lo que antes intentaba disfrazar: ahora se llama dictadura”, sostiene. Aunque reconoce que un cambio político no ocurrirá de la noche a la mañana, dice que mantiene la esperanza de que la presión internacional aumente y contribuya a abrir el camino hacia una transición democrática.
“Una de dos: o está pidiendo a todas luces que se lo lleven del pelo, como a Nicolás Maduro en Venezuela, o está viendo la posibilidad de una negociación con los estadounidenses de la que pueda sacar provecho”, dijo. A su criterio, el mandatario nicaragüense busca llegar a cualquier escenario futuro con mayor margen de maniobra.
Asegura que su aspiración es que Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenten a la justicia por las violaciones que, según afirma, se han cometido durante su permanencia en el poder y regresar algún día a Nicaragua.
CNN ha enviado las consultas oficiales al Gobierno de Nicaragua sobre estas declaraciones, pero la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo no suele responder a los pedidos de comentarios de la prensa independiente ni de cadenas internacionales.
Eliseo Núñez considera que todavía existen sanciones económicas y financieras que podrían utilizarse para aumentar la presión sobre el gobierno nicaragüense y generar las condiciones para una transición negociada.
Asegura que las organizaciones opositoras continúan llevando denuncias documentadas a distintos foros internacionales, con la expectativa de que cada país decida las medidas que considere pertinente.
En los días posteriores al discurso de Ortega comenzaron a conocerse las primeras reacciones.
Costa Rica reiteró que seguirá defendiendo la celebración de elecciones libres, transparentes y plurales en Nicaragua y expresó su preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. El Gobierno costarricense recordó, además, que no reconoció los resultados de las elecciones de 2021, por considerar que no existían las garantías democráticas necesarias.
Desde Bruselas, la Unión Europea hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que las elecciones se celebren conforme al calendario previsto y bajo estándares internacionales de transparencia, inclusión y credibilidad. Managua respondió rechazando esas declaraciones y sostuvo que no acepta pronunciamientos externos.
“Nicaragua es Libre, toma sus propias decisiones sobre el ordenamiento institucional y escoge sus caminos y modelos para ejercer la Democracia que tanta sangre ha costado”, señaló el comunicado.
Estados Unidos también endureció su discurso. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las declaraciones de Ortega dejaban al descubierto el carácter autoritario y que incluso desaparecía la apariencia de consentimiento popular. Además, instó a la comunidad internacional a actuar de manera coordinada para demostrar que Nicaragua no puede mantener relaciones normales con otros países mientras continúe socavando los principios democráticos del hemisferio
Mientras los líderes de la oposición nicaragüense analizan las implicaciones del anuncio, migrantes de este país en Costa Rica que llegaron en busca de un empleo y no por razones políticas, también critican las declaraciones de Ortega.
En los alrededores de la iglesia La Merced, en el centro de San José, uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad migrante, Patricia Pichardo vende mercancías todos los días. Dice que el anuncio de Ortega solo confirmó lo que muchos ya sentían.
“Estamos cansados de no poder elegir libremente”, comenta. Como muchos otros nicaragüenses, emigró buscando oportunidades para sacar adelante a su familia y dice que observa con preocupación el deterioro de las libertades en su país y que ya ni siquiera se puede profesar una religion.
“Estoy en total desacuerdo con esa dictadura que él quiere ponerle al país. Diay, solamente que lo derroquen”, expresa.
Otra compatriota desde la ventana de un autobús a punto de salir le responde que “en Nicaragua no arreglan nada”
No todos, sin embargo, reaccionan al anuncio de la misma manera.
En Cartago, Carlos, nombre ficticio de un soldador de 22 años que pidió reservar su identidad, asegura que intenta mantenerse alejado de la política. Su prioridad, dice, es trabajar mucho, ahorrar y algún día regresar a Nicaragua.
Las dos historias reflejan una realidad compartida por buena parte de la diaspora. Aunque las motivaciones para migrar son distintas, el futuro político de Nicaragua sigue siendo un tema presente entre quienes permanecen fuera del país.
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