Trump amenazó con imponer aranceles del 100 % a Europa. Esta es la razón por la que casi nadie reaccionó
Análisis de Elisabeth Buchwald, CNN
Hace un año, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles extremadamente altos a casi todos los productos procedentes de prácticamente cualquier parte del mundo, los mercados globales se estremecieron y los líderes extranjeros reaccionaron con urgencia. Ahora, una amenaza similar apenas genera impacto.
Esto se debe, en gran medida, a un fallo de la Corte Suprema emitido en febrero que despojó al presidente de su herramienta más poderosa para imponer aranceles y lo dejó con opciones mucho más limitadas para cumplir sus amenazas. Sin embargo, la decisión no ha impedido que Trump siga intentándolo.
El viernes, Trump publicó en Truth Social que cualquier país europeo que implemente un impuesto a los servicios digitales será objeto “de inmediato” de un arancel del 100 % sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. Agregó que ese gravamen “prevalecerá sobre los acuerdos comerciales” ya vigentes.
Los “servicios digitales” abarcan una amplia variedad de actividades comerciales, desde la publicidad de Google hasta las reproducciones de Spotify. Los impuestos a los servicios digitales están diseñados para que los Gobiernos recauden ingresos de grandes empresas que operan en línea, incluso cuando esos negocios no obtienen ganancias.
Dado que muchas de las empresas tecnológicas más grandes son estadounidenses, Trump ha sostenido anteriormente que los impuestos a los servicios digitales las perjudican de manera desproporcionada. El Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), un organismo oficialmente no partidista, coincidió con esa evaluación en determinados casos.
Hace algunos meses, cuando Trump cumplió amenazas similares, invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una legislación de 1974 que, según el Gobierno, le otorgaba la autoridad para imponer aranceles con rapidez. Ningún presidente anterior había utilizado esa ley con ese propósito y, finalmente, la Corte Suprema determinó que hacerlo excedía las facultades presidenciales.
“Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones cuidadosamente establecidas”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en la opinión mayoritaria. “En este caso no hizo ninguna de las dos cosas”.
“Ninguna de las facultades que el Congreso ha otorgado al presidente para imponer aranceles le permite hacerlo cuando quiera”, afirmó Jeffrey Schwab, abogado principal y director de litigios del Liberty Justice Center, organización que encabezó el caso sobre los aranceles ante la Corte Suprema. “A menos que se sigan esos procedimientos y se cumplan las condiciones establecidas, el presidente no puede imponer aranceles”, dijo Schwab a CNN este viernes.
Tras el fallo de febrero, el Gobierno recurrió a un plan B más complejo: un arancel uniforme del 10 % cuya vigencia expirará el próximo mes. El presidente también puso en marcha una serie de investigaciones amparadas en una legislación comercial conocida como la Sección 301, que eventualmente podría derivar en aranceles más altos, aunque el proceso podría tardar varios meses.
Durante su primer mandato, Trump inició varias investigaciones bajo la Sección 301 sobre los impuestos a los servicios digitales aplicados por países europeos. Sin embargo, esas investigaciones no terminaron en un aumento de los aranceles. En cambio, se utilizaron principalmente como herramienta de negociación.
Existe la posibilidad de que Trump vuelva a recurrir a esas investigaciones para acelerar el proceso en esta ocasión. Sin embargo, la imposición inmediata de aranceles del 100 % parece poco probable debido a las limitaciones establecidas por la legislación comercial.
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