El DOJ anuncia arrestos en una red de drones “sofisticada” que entregaba metanfetamina, teléfonos y armas a prisiones
Por Jason Morris, CNN
El Departamento de Justicia anunció cargos contra un grupo de operaciones criminales “sofisticado” que, según afirma, utilizó drones de alta potencia para entregar armas, drogas, teléfonos celulares y herramientas de escape en prisiones de estados de la costa este.
El fiscal federal William Keyes, del Distrito Medio de Georgia, junto con la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y los investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Atlanta, dijeron que la operación clandestina de drones, dirigida desde una antigua guardería en Macon, Georgia, funcionaba como una base desde la cual se lanzaban múltiples drones en misiones encubiertas para entregar contrabando por aire a 10 prisiones federales durante la noche.
“Estamos aquí para anunciar la apertura de una acusación federal que acusa a la organización criminal más sofisticada y extensa que ha utilizado drones para introducir contrabando en el sistema penitenciario federal jamás acusada por el Departamento de Justicia”, dijo Keyes durante una conferencia de prensa el miércoles.
La acusación federal de 17 cargos alega que el grupo utilizó al menos seis drones distintos para entregar un amplio arsenal de contrabando a prisiones federales al menos 38 veces, incluyendo metanfetamina, marihuana sintética, suboxona, cocaína, teléfonos celulares, tabaco, cigarrillos, papeles impregnados con drogas e incluso hojas de sierra “diseñadas y destinadas a ser utilizadas como armas y para facilitar la fuga”.
Los fiscales dicen en la acusación que los reclusos dentro de las prisiones usaban teléfonos ilegales para ayudar a guiar a los pilotos de drones en el exterior, a veces incluso enviando ubicaciones y mapas en tiempo real para ayudar a los pilotos a entregar bolsas de basura y césped artificial rellenos de armas, diversos narcóticos y teléfonos celulares.
En algunos casos, los agentes penitenciarios recuperaron bolsas rellenas de drogas y otro contrabando apenas minutos después de que los drones aterrizaran, y en otros casos las entregas desaparecieron antes de que las autoridades las localizaran, según las autoridades.
“Las acusaciones descritas en esta acusación federal describen una gestión criminal coordinada que involucra drones de gran carga útil para introducir contrabando peligroso en prisiones federales a través de múltiples estados”, dijo William K. Marshall III, director de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), en Macon el miércoles.
“Una actividad de esta naturaleza amenaza la seguridad de todos los que viven y trabajan dentro de nuestras instalaciones y no será tolerada”, dijo.
La Oficina de Prisiones utilizó sistemas de detección de drones que alertaron a las autoridades con datos que incluían las marcas, los modelos y ubicaciones de lanzamiento de vuelo de las aeronaves no tripuladas para ayudar a identificar a los involucrados en el esquema de alta tecnología, que, según las autoridades, rastrearon entre 2023 y 2026.
El 10 de junio, un jurado investigador en el Distrito Medio de Georgia imputó a doce acusados por cargos federales, incluyendo tráfico para la distribución de drogas y armas de fuego. Se los acusa de encabezar el sofisticado esquema de contrabando con drones en diez prisiones federales en Georgia, Virginia Occidental, Kentucky, Tennessee, Virginia, Louisiana, Alabama y Mississippi.
“Se mueven rápido, actúan de manera remota, es un desafío para las autoridades”, dijo Keyes. “Pero creo que lo que este caso demuestra es que tenemos la velocidad necesaria para abordar este problema. Esta es una investigación muy sofisticada, un problema muy complejo”.
A principios de este año, 21 fiscales generales lanzaron una iniciativa multiestatal para combatir lo que describieron como un aumento “alarmante” de drones que dejan caer contrabando ilegalmente en prisiones, incluyendo narcóticos, armas y teléfonos celulares. En una carta a l Gobierno de Trump, la coalición de fiscales generales dijo que, bajo la ley federal actual, solo un conjunto limitado de agencias están “autorizadas para detectar, rastrear y mitigar drones no autorizados. Es decir, los funcionarios penitenciarios a menudo carecen de la autoridad legal y de las herramientas necesarias para intervenir en tiempo real”.
En mayo, funcionarios de la Casa Blanca reconocieron que en el pasado el Gobierno federal “no actuó con la urgencia suficiente” para enfrentar el aumento de drones que transportan contrabando a prisiones federales. En una carta enviada a los fiscales generales estatales, el Gobierno de Trump dijo que la Ley de Cielos Más Seguros de Trump — firmada el pasado diciembre — marca la primera vez que se ha proporcionado a las agencias estatales y locales los recursos adecuados para desactivar e interrumpir drones no autorizados, al proporcionar US$ 500 millones en subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), desarrollar nuevos programas de capacitación del FBI y lanzar una oficina del Departamento de Seguridad Nacional destinada a frenar la amenaza.
El miércoles, la agente especial a cargo del FBI en Atlanta, Marlo Graham, dijo que los drones que entregan contrabando siguen siendo un grave problema de seguridad pública para las autoridades, que pone en peligro tanto a las prisiones como a las comunidades.
“Para poner este problema en perspectiva, hay que decir que algunos casos de contrabando con drones en prisiones estatales y federales han sido tan frecuentes que las instalaciones parecen un pequeño aeropuerto por la noche”, dijo Graham.
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Con información de Stuart Clarck, de CNN.
