Corte Suprema analizará apelación del Gobierno de Trump sobre las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas migrantes
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes decidir si el Departamento de Trabajo tiene el poder de hacer que se cumplan las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas extranjeros, adentrándose así en un programa de inmigración que la administración Trump intenta ampliar.
En el centro del caso se encuentra una disputa entre una granja de Nueva Jersey —que contrató a unos 96 trabajadores extranjeros para ayudar en la cosecha de pimientos y espárragos en 2015— y el Departamento de Trabajo, que alega que la granja incumplió condiciones laborales básicas, tales como el acceso sostenido al agua potable, baños limpios y una cocina para preparar alimentos.
Los trabajadores agrícolas fueron contratados bajo el programa de visas H-2A, que trae al país a cientos de miles de ciudadanos extranjeros cada año para trabajar en la agricultura de manera temporal. Recientemente, la administración tomó medidas para reducir los salarios de dicho programa, lo cual representa un beneficio para los agricultores que enfrentan escasez de mano de obra, un problema de larga data que se ha visto agravado por la política de mano dura de la administración tanto contra la inmigración legal como contra la ilegal.
Tras una inspección en Sun Valley Orchards, ubicada en la zona rural de Nueva Jersey, el departamento impuso multas civiles por un monto superior a los US$ 212.000 y ordenó el pago de casi US$ 370.000 en salarios atrasados. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la granja tenía derecho a que su caso fuera resuelto primero por un tribunal federal, en lugar de por un juez de derecho administrativo del Departamento de Trabajo.
Al fallar a favor de la granja, el Tribunal de Apelaciones del tercer Circuito con sede en Filadelfia se basó en una decisión de la Corte Suprema de 2024 que estableció que el gestor de un fondo de cobertura y exlocutor de radio conservador tenía derecho a un juicio por jurado para responder a acusaciones de fraude de valores, en lugar de someterse a una revisión interna por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
“Sun Valley se vio obligada a soportar años de procedimientos inconstitucionales ante los tribunales de la agencia”, declararon ante la Corte Suprema los abogados de la granja.
La facultad de las agencias federales para imponer multas y, posteriormente, revisar dichas determinaciones a través de órganos judiciales internos ha sido objeto de intenso debate en los últimos años. A principios de este mes, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales en otro caso que plantea cuestiones similares en el ámbito de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
En el caso de la granja, la administración Trump ha argumentado que la actuación del Departamento de Trabajo constituye una excepción al precedente establecido anteriormente por la Corte Suprema.
Según el Departamento de Justicia, los turnos de trabajo de los empleados en Sun Valley tenían una duración de 12 horas diarias, con una sola pausa de una hora. Según el gobierno, la granja disponía de seis dormitorios para los trabajadores, con 20 literas en cada habitación. Si bien la oferta de empleo de la granja prometía “instalaciones gratuitas para cocinar”, el Departamento de Justicia afirmó que, en lugar de tener acceso a una cocina, un supervisor utilizaba el espacio para vender cerveza y refrescos a los trabajadores.
Después de que Sun Valley perdiera la mayor parte de su apelación ante el Departamento de Trabajo, presentó una demanda ante un tribunal federal, alegando —entre otras cosas— que la resolución administrativa de la agencia violaba los principios de separación de poderes.
El tribunal de distrito falló a favor del Gobierno y desestimó el caso, pero el Tercer Circuito revocó dicha decisión. Funcionarios de la administración Trump apelaron ante la Corte Suprema en el mes de febrero.
“Según una estimación, los trabajadores con visa H-2A representan una sexta parte de la fuerza laboral agrícola de Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia ante la Corte Suprema en su recurso de apelación. La decisión del tribunal de apelaciones, añadió, “priva al Gobierno de una herramienta importante para garantizar que los empleadores cumplan con las condiciones establecidas para la contratación de dichos trabajadores”.
Es probable que la Corte Suprema escuche los argumentos más adelante este mismo año y dicte su fallo a mediados de 2027.
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