Delcy Rodríguez ya no está sancionada por EE.UU., pero varios miembros clave de su gobierno sí: ¿cuál es el caso más notable?
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
El levantamiento de sanciones de EE.UU. contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso en relieve el alto número de funcionarios del Gobierno sobre los que todavía pesan las medidas del Departamento del Tesoro. Aunque algunos de esos miembros fueron desplazados de sus puestos en las últimas semanas, parte de sus reemplazantes también tienen restricciones dictadas por Washington.
El caso más notable entre la reconfigurada cúpula chavista tras la captura del presidente Nicolás Maduro es la del hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez. El actual titular de la Asamblea Nacional fue sancionado en 2018, cuando era ministro de Comunicación, junto a otras destacadas figuras cercanas a Maduro. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estos funcionarios colaboraron para que el presidente mantenga el poder y contribuyeron “a la destrucción de la democracia en Venezuela”.
Otro personaje clave que sigue sancionado es el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que fue designado en 2018, acusado de pertenecer a una presunta red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. El entonces constituyente respondió que se trata de “sanciones inmorales del imperialismo”.
A mediados de marzo, Rodríguez sustituyó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien estaba sancionado y llevaba más de una década en el cargo. La presidenta nombró en su lugar a Gustavo González López, quien también fue designado por el Departamento del Tesoro en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, por violaciones a derechos humanos cuando dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Las sanciones implican el congelamiento de los bienes en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen negocios con los individuos designados.
La decisión del Gobierno de EE.UU. de sacar a la presidenta de la lista de funcionarios sancionados “es importante, pero podría tener varias interpretaciones”, dijo a CNN Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas). Para el investigador, la más plausible es que se trata de una reducción de costos con miras a un posible cambio de régimen que termine con la salida de Rodríguez. “Estados Unidos le dice ‘usted va a estar libre, si mañana decide irse del país, no la vamos a perseguir’”, afirmó.
Alarcón destacó además que el levantamiento, junto al reconocimiento formal de Rodríguez como presidenta, reduce la posibilidad de que un juez invalide contratos firmados por la mandataria encargada con empresas multinacionales. “Esa es la razón para reconocerla y levantar ciertas sanciones que le permitan operar en representación del país”, sostuvo.
Bajo ese escenario, la decisión no requeriría avanzar con el levantamiento de sanciones a otros miembros del Gobierno, aunque Alarcón considera que “tarde o temprano” Jorge Rodríguez también saldrá de la lista, una medida que, en cambio, no ve probable para Cabello, todavía buscado por la Justicia de EE.UU. con una recompensa de US$ 25 millones.
Otros funcionarios del gabinete también están en la lista negra del Departamento del Tesoro. Jorge Márquez, actual ministro de Vivienda y estrecho colaborador de Maduro, fue designado en 2017 por su gestión al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, durante la cual retiró del aire a dos canales colombianos y anunció la suspensión de la señal de CNN en Español por su cobertura del Gobierno. En esa tanda de designaciones también fue incluido Ernesto Villegas, quien fue ministro de Comunicación y presidente de Venezolana de Televisión, y actualmente dirige la cartera de Cultura.
En 2024, tras las elecciones presidenciales en las que Maduro fue declarado ganador sin la divulgación de resultados detallados, lo que no fue reconocido por la oposición, EE.UU. sancionó a una larga lista de individuos, entre ellos el actual ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, y al entonces titular de Comunicación, Freddy Ñañez (recientemente nombrado ministro de Ecosocialismo), así como a numerosos funcionarios del sistema y la justicia electoral.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ya estaba sancionado desde 2017, y el Tesoro designó semanas después de la elección “en respuesta al fraude electoral” a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y a numerosos magistrados, fiscales, rectores y varios dirigentes de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales ya no están en el cargo.
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