Los límites de la ley de amnistía en Venezuela: qué personas quedarían excluidas y cómo afecta a María Corina Machado
Por Uriel Blanco, CNN en Español
La ley de amnistía, que según las autoridades de Venezuela busca un proceso de paz y reconciliación con la excarcelación de los presos políticos que siguen detenidos en el país, ya es una realidad. Pero a pesar de su aprobación el jueves, aún quedan dudas sobre su alcance y aplicación para figuras de la oposición, entre ellas políticos en el exilio como la líder opositora María Corina Machado.
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero en Caracas, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se han acercado como nunca antes desde la llegada de la izquierda al país sudamericano. Señal de ello es la aprobación de la ley de amnistía, que está en línea con una de las exigencias del gobierno de Donald Trump al de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez: liberar a los presos políticos.
Unos días después de la captura de Maduro, el gobierno de Rodríguez comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos. El viernes, ya con cientos de personas excarceladas, Venezuela despierta con una histórica ley de amnistía que apunta a dejar en libertad a las cientos de personas que siguen detenidas por motivos políticos.
La ley finalmente se aprobó luego de incluir en el texto del artículo 7 que quienes estén en el exilio pueden solicitar la amnistía en los tribunales a través de un representante legal, lo que alivió una de las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, aunque el proceso se realice por medio de un abogado, solicitar una amnistía no la garantiza en todos los casos, ya que la misma ley, en su artículo 9, excluye a personas por promover —y también por instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar— “acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras” (como es la reciente acción militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro).
Lo estipulado en ese párrafo respecto a las acciones armadas o de fuerza tiene “nombre y apellido”, según Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
La semana pasada, la presidenta encargada de Venezuela dijo que Machado “tendrá que responder ante Venezuela” en caso de regresar al país. “¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”, cuestionó Rodríguez. Por su parte, Machado recientemente elogió el papel de Estados Unidos en el derrocamiento de Maduro y después del ataque en Caracas aseguró que con la captura “el gobierno de EE.UU. ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.
Debido a esos vínculos con Estados Unidos y el ataque de enero, Machado no podría acceder a la amnistía por la redacción del artículo 9, sin importar si la solicita mediante abogado, y por tanto no podría regresar a Venezuela, comentó Apitz.
“¿Cómo puede haber reconciliación nacional así? No puede haber, es falso (…) Si uno de los líderes de oposición no puede ingresar al país, no es así como vas a crear un clima democrático en el país”, explicó el experto.
Además de que bloquea el regreso de opositores como Machado, Apitz criticó como “cinismo” que el párrafo en cuestión haya sido prácticamente copiado de una ley promulgada por Maduro en noviembre de 2024 que establece castigos para los venezolanos que apoyen sanciones del extranjero contra el gobierno venezolano.
Esa legislación, llamada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, fue aprobada luego de que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara el proyecto de la denominada “Ley Bolívar”, que buscaba prohibir que el gobierno estadounidense hiciera negocios con Venezuela y que en ese entonces fue apoyada por Machado, por lo que fue acusada de traición a la patria por el régimen de Maduro.
La ley Simón Bolívar incluye tres artículos que hablan de las acciones armadas extranjeras de manera casi idéntica al “párrafo María Corina Machado” que critica Apitz. Son los siguientes:
- El numeral 6 del artículo 7 define que una de las acciones que ponen en riesgo “la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial” de Venezuela es “la promoción, solicitud o respaldo de acciones armadas o de fuerza contra el pueblo venezolano que afecten la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, así como ataques cibernéticos por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras”.
- El numeral 3 del artículo 9 de la ley Simón Bolívar prohíbe postularse a cargos de elección popular a las personas que “hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo venezolano que afecten la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, así como en ataques cibernéticos, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras”.
- El artículo 11 establece penas de hasta 30 años de prisión para “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos, que atenten contra el pueblo venezolano, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela o sus instituciones, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras”.
El viernes, luego de la aprobación de la ley, Machado escribió en X que “Venezuela solo será estable con Estado de derecho, justicia y libertad para TODOS: para los civiles, para los militares, para los exiliados; para TODOS los venezolanos”.
En tanto, Edmundo González, el líder opositor que dice ser “el presidente de los venezolanos” tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 y que se ha mantenido discreto tras la captura de Maduro, dijo el viernes estar “convencido de que podremos construir una amnistía a la medida de un país entero”.
“Una amnistía define si mantenemos la espada en alto o la envainamos bajo la fuerza de la ley. Define si seguimos administrando el miedo o si establecemos reglas claras y límites efectivos. Para que esa decisión sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación. No hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, escribió el líder opositor en X.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que, si bien la ley de amnistía ofrece salidas para algunos presos políticos, otros quedan sin protección por los vacíos de la legislación.
“Esta ley no ofrece ninguna garantía para poner fin a la persecución. Está plagada de vacíos y ambigüedades que permitirían mantener la persecución contra María Corina Machado, Edmundo González y otros opositores y defensores de derechos humanos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, a CNN.
Además del vacío que deja expuesta a Machado, la organización no gubernamental Foro Penal cuestionó el alcance que tiene la ley de amnistía respecto al largo tiempo que abarca.
La nueva ley concede amnistía a personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre el 1 de enero de 1999 hasta el 19 de febrero de 2026; sin embargo, en ese lapso, la ley solo reconoce 13 hechos que son objeto de amnistía, el primero de ellos a partir de 2002 y no de 1999 como establece la legislación.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, señaló que “de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en la Gaceta Oficial el jueves), más de 14 años quedan completamente por fuera”.
Himiob indicó que, de los otros 13 años que sí son considerados, la ley solo contempla “meses y momentos puntuales”. “A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) sólo se consideran más o menos 20 meses”, agregó.
Debido a que se toman en cuenta pocos hechos en los años que sí son considerados en la ley, “muchos casos” de presos políticos quedan fuera de la posibilidad de amnistía, señaló Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.
“Hay que recibir con optimismo la Ley de Amnistía, pues beneficia a algunos perseguidos políticos. Sin embargo, también es restrictiva y deja por fuera muchos casos. Debemos seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos”, aseguró Romero en X.
Para Apitz —que aseguró además que militares y policías quedan fuera de la amnistía al estar dirigida a civiles—, excluir a personas que podrían beneficiarse de una amnistía es precisamente uno de los motivos por los que la ley de amnistía “no responde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Otro motivo, agregó, es la dificultad del trámite de amnistía, que incluye presentarse ante un tribunal para “ponerse a derecho”, solicitar la amnistía y esperar que el mismo sistema de justicia que la encarceló inicialmente decida si la persona recibe amnistía o no, para que finalmente vuelva a un tribunal a recibir formalmente el perdón, lo que para el experto es algo “absurdo”.
“Esta ley lo que me está diciendo es que los victimarios van a perdonar a las víctimas, lo que a todas luces es absolutamente absurdo”, declaró el académico.
Asimismo, la ley de amnistía no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos porque “no hay garantías de no repetición, no está previsto el derecho de reparación integral a las víctimas y no se ordena una investigación para sancionar los casos de violación de derechos humanos”, añadió Apitz.
De acuerdo con el artículo 9 de la ley, además de las personas que promuevan acciones armadas extranjeras, también quedan excluidas de esta amnistía quienes estén procesados o condenados por la comisión de alguno de estos delitos:
- Violaciones graves a los derechos humanos
- Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
- Homicidio intencional y lesiones graves
- Tráfico de drogas
- Delitos previstos en la ley contra la corrupción
Previa solicitud ante tribunales, la nueva ley concede amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante 13 diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 1999 y 2026, por ejemplo:
- El golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002
- El paro petrolero de finales de 2002 y principios de 2003
- Las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024
- Da clic aquí para conocer otros episodios políticos que cubre la amnistía
La amnistía se refiere a que todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” en el tiempo de referencia —en el contexto de los 13 hechos objetos de amnistía— podrán solicitar el perdón para ser excarceladas.
No está claro cuándo serán excarcelados los presos políticos que aún siguen detenidos, aunque la presidenta encargada de Venezuela pidió “máxima celeridad” a la comisión especial conformada para hacer cumplir la ley de amnistía.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Con información de Mauricio Torres, Rocío Muñoz-Ledo, Germán Padinger, Anabella González, Gonzalo Zegarra y Flora Charner, de CNN.
