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En el último memorando, el Gobierno de Trump amplía la capacidad de ICE para detener a refugiados legales

Por Matthew Rehbein, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional acaba de ampliar la capacidad de las autoridades federales de inmigración para detener a refugiados legales que aún no han obtenido la residencia permanente. Los argumentos detrás de este cambio son la seguridad nacional y la necesidad de garantizar que los refugiados se sometan a evaluaciones adicionales, según un memorando del DHS obtenido por CNN.

Los agentes de inmigración pueden “arrestar y detener” a refugiados que “no hayan ajustado” su estatus a residente permanente legal un año después de haber sido admitidos en Estados Unidos, según el memorando del miércoles, presentado por abogados del Departamento de Justicia como parte de un expediente judicial federal.

“Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el memorando, que añade que los refugiados detenidos pueden permanecer bajo custodia “durante la duración del proceso de inspección y examen”.

El memorando, emitido por el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., Joseph Edlow, y el director interino de ICE, Todd Lyons, revoca la política gubernamental previa respecto a los refugiados que han estado en el país durante un año.

No obtener la residencia permanente tras un año no era motivo de detención ni de deportación bajo la política anterior, y los refugiados arrestados debían ser liberados en un plazo de 48 horas o el DHS estaba obligado a iniciar procedimientos de deportación.

“Los refugiados pueden ser considerados como que han regresado voluntariamente a custodia” al presentar documentación de solicitud y acudir a citas programadas con los servicios de inmigración, según el nuevo memorando.

La política previa del departamento “creó una población de refugiados condicionales que no habían sido reevaluados por completo, con riesgos asociados para la seguridad pública y nacional”, señala el documento, y el nuevo “requisito de detener e inspeccionar garantiza que los refugiados sean reevaluados después de un año”.

Grupos de reasentamiento de refugiados condenaron de inmediato la nueva política.

“Este memorando se hizo en secreto, sin ninguna coordinación con las organizaciones que atienden a refugiados”, dijo Beth Oppenheim, directora ejecutiva de la agencia de refugiados HIAS. “Esta política es un intento transparente de detener y potencialmente deportar a miles de personas que están legalmente en este país, personas a quienes el propio Gobierno de EE.UU. dio la bienvenida tras años de evaluaciones extremas”, añadió.

El expediente judicial del Gobierno que incluyó el memorando del DHS forma parte de un caso federal en Minnesota en el que un juez ha bloqueado temporalmente al Gobierno de Trump de actuar contra unos 5.600 refugiados legales en el estado que esperan la residencia permanente. Una audiencia en ese caso está programada para la tarde del jueves.

El International Refugee Assistance Project, uno de los demandantes en el caso federal de Minnesota, afirma que está impugnando la nueva política sobre refugiados.

“Este memorando forma parte de un esfuerzo amplio y coordinado para despojar a los refugiados de su estatus legal y hacerlos deportables”, dijo Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de Programas Legales en EE.UU. de IRAP. “Este Gobierno claramente no se detendrá ante nada para aterrorizar a las comunidades de refugiados, y en realidad a todos los inmigrantes, mientras atropella nuestros derechos constitucionales”.

CNN solicitó comentarios al DHS, USCIS e ICE, pero aún no ha obtenido respuesta.

El presidente Donald Trump ha suspendido en gran medida la admisión de refugiados durante su segundo mandato —con la excepción limitada de sudafricanos blancos— en medio de su ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal. El otoño pasado, el Gobierno de Trump fijó el número anual de admisiones de refugiados en 7.500, una fracción de lo que históricamente ha permitido Estados Unidos. En 2024, más de 100.000 refugiados fueron admitidos.

En noviembre, el Gobierno decidió volver a entrevistar a algunos refugiados admitidos bajo el mandato del presidente Joe Biden, y la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington a manos de un ciudadano afgano ese mes llevó al Gobierno a reexaminar residencias permanentes otorgadas a personas de Afganistán y de otros 18 países “de preocupación”.

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