¿Por qué los riesgos de exigir prueba de ciudadanía para votar podrían superar los beneficios?
Análisis de Aaron Blake, CNN
A medida que las perspectivas republicanas se han debilitado de cara a las elecciones intermedias de 2026, han puesto cada vez más su mirada, presa del pánico, en las restricciones al voto.
Y para muchos legisladores del Partido Republicano, nada es tan urgente como aprobar el llamado SAVE Act. Se trata de un proyecto de ley que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar, entre otras disposiciones. La iniciativa consiguió recientemente su copatrocinador republicano número 50 en el Senado, tras haber sido aprobada ya en la Cámara de Representantes, y algunos buscan que los líderes del partido acaben con el obstruccionismo para forzar su aprobación.
Es una iniciativa que tiene sentido desde el punto de vista lógico y político para el Partido Republicano. Encuestas de 2024 mostraron que el apoyo a exigir prueba de ciudadanía para registrarse para votar oscilaba entre el 67 % y el 83 % de los encuestados. Algunos republicanos han argumentado que, aunque ya es ilegal que los no ciudadanos voten y existe escasa evidencia de que inmigrantes indocumentados lo hagan, es una medida de seguridad que vale la pena.
Pero datos recientes y antecedentes históricos sugieren que podría existir un peligro real de que tales restricciones generen problemas mayores que los que buscan resolver.
En particular, el riesgo es que priven del derecho al voto a personas que legalmente pueden votar, pero que no logren cumplir con los requisitos (por falta de documentación) o que decidan no pasar por el proceso debido a las complicaciones.
(Los críticos de la legislación han advertido especialmente sobre la posibilidad de excluir a personas que carecen de documentos, incluidos votantes de minorías raciales, jóvenes y mujeres cuyos apellidos de casadas no aparecen en sus certificados de nacimiento o pasaportes).
Y dado que hay poca evidencia de que el voto de no ciudadanos represente un problema significativo, el riesgo de causar más daño que beneficio es considerable.
Existen cada vez más ejemplos que sirven de advertencia, entre ellos el reciente intento de algunos estados republicanos de utilizar una base de datos federal para eliminar a los no ciudadanos de sus listas electorales.
ProPublica y The Texas Tribune publicaron el fin de semana una investigación sobre estados que han intentado excluir a votantes no ciudadanos utilizando una herramienta del Departamento de Seguridad Nacional llamada Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés).
En Missouri, funcionarios estatales instruyeron a los condados para que impidieran temporalmente votar a personas señaladas por la herramienta como posibles no ciudadanos. Sin embargo, la investigación encontró cientos de casos de personas marcadas incorrectamente.
La periodista de CNN Fredreka Schouten reportó hallazgos similares a principios de este mes.
En Idaho, inicialmente se marcó a unas 760 personas, pero solo una docena de casos fueron remitidos posteriormente a la policía estatal para posibles cargos penales.
En Texas, las autoridades estatales han dado a los votantes marcados por el sistema 30 días para verificar su ciudadanía o ser eliminados de las listas electorales. En un condado, hasta principios de febrero, 55 de 84 personas señaladas no habían respondido a las notificaciones. Aproximadamente la mitad del resto había sido añadida incorrectamente a las listas electorales por errores administrativos, mientras que la otra mitad logró demostrar su ciudadanía.
Las cifras de votantes marcados por error, aunque no abrumadoras, superan notablemente el número total de casos conocidos de no ciudadanos que votaron en recientes elecciones federales.
La conservadora Heritage Foundation mantiene una base de datos de delitos de fraude electoral. Incluye menos de 100 casos de voto de no ciudadanos entre 2002 y 2022.
Y un estudio del Brennan Center for Justice, de tendencia progresista, sobre las elecciones de 2016 encontró solo 30 votos sospechosos de no ciudadanos entre 23 millones de votos analizados.
Las situaciones son dinámicas, y los votantes tienen oportunidades de verificar su elegibilidad. Pero los casos de Missouri y Texas plantean la posibilidad de que el número de votantes elegibles excluidos por error supere al número de no ciudadanos que han votado en elecciones recientes. Esto es particularmente relevante en Texas, donde la responsabilidad de corregir cualquier error recae en el propio votante.
Las experiencias de estados que han intentado exigir prueba de ciudadanía en sus elecciones también apuntan a este posible problema.
En 2024, legisladores de New Hampshire aprobaron uno de los requisitos más estrictos del país en esta materia. Posteriormente, un grupo defensor del derecho al voto encontró que, durante elecciones de menor perfil en 2025, 244 personas que intentaron votar fueron rechazadas.
En Arizona, el estado tiene un sistema bifurcado en el que quienes no presentan prueba de ciudadanía pueden registrarse para votar en elecciones federales, pero no en elecciones estatales. Un estudio del Brennan Center el año pasado halló que el grupo resultante de votantes “solo federales” estaba compuesto de manera desproporcionada por votantes de minorías raciales y tenía una probabilidad significativamente menor de ser republicano.
Y quizá el ejemplo más relevante sea Kansas.
Una ley estatal de 2011 que exigía prueba de ciudadanía terminó bloqueando el registro electoral de más de 30.000 ciudadanos estadounidenses, alrededor del 12% de todas las personas que intentaban registrarse por primera vez.
La ley fue posteriormente anulada por tribunales federales. Al hacerlo, un tribunal de distrito de EE.UU. señaló que el estado había identificado apenas 39 no ciudadanos registrados para votar entre 1999 y 2013, aunque indicó que muchos o la mayoría podrían haber sido inscritos por errores administrativos.
Es decir, más de 30.000 registros bloqueados para solucionar un problema que, según los datos, se limitaba a unas pocas decenas de casos, si acaso.
El demandado en la causa judicial que finalmente resultó en la anulación de la ley fue el entonces secretario de Estado de Kansas, el republicano Scott Schwab, quien había apoyado la medida como legislador estatal pero que desde entonces ha advertido a los estados y al Gobierno federal sobre el riesgo potencial de exigir prueba de ciudadanía.
“Kansas hizo eso hace 10 años”, dijo Schwab a The Associated Press en 2024. “No salió muy bien”.
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