Miles están en riesgo de deportación en EE.UU. tras un nuevo fallo sobre el TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal
Por Uriel Blanco, CNN en Español
En la ofensiva contra la inmigración del Gobierno de Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido uno de los objetivos de la Casa Blanca. Mientras que los venezolanos con TPS se mantienen desprotegidos y en el limbo de una larga batalla legal, los nicaragüenses, hondureños y nepalíes con esta protección parecen haber llegado al mismo punto de incertidumbre tras un nuevo fallo de un tribunal federal.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos suspendió el lunes un fallo judicial previo que había determinado que poner a fin al TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal era ilegal. Con esta decisión, la corte federal permite que entren vigor las terminaciones del TPS para estos países.
Según la Alianza Nacional del TPS —grupo de defensa que desde julio de 2025 representa legalmente a inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal con TPS en su caso contra el Gobierno de Estados Unidos—, este nuevo fallo de la corte de apelaciones pone en riesgo a más de 60.000 personas de esos tres países, pues ya no cuentan con las protecciones contra la deportación y los beneficios de empleo que otorga un TPS.
La decisión “pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han cumplido con todo lo que se les ha pedido”, dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS —que es el demandante principal en el caso—, en un comunicado.
Palma añadió que algunas de las personas que ahora quedan sin TPS han cumplido cada requisito legal y se han convertido en parte de su comunidad al vivir en EE.UU. desde hace décadas.
“Son personas que este país reconoció como héroes durante la pandemia de covid: trabajadores de salud, cuidado infantil y otros proveedores esenciales en la primera línea. El Congreso debe actuar ahora”, pidió Palma en su declaración.
Palma explicó en un video en redes sociales que la batalla judicial sobre el TPS para hondureños, nicaragüenses y nepalíes continuará, y dijo que próximamente la Alianza dará a conocer los pasos a seguir.
“Hoy por hoy hay que mantener la calma (…) Hay que mantenernos unidos y solamente juntos vamos a triunfar porque solamente el pueblo salva al pueblo”, comentó Palma.
“Y también hay que organizarse. Tenemos que convencer al Congreso que quitarle la protección de TPS a personas que han estado protegidas por décadas no ayuda a nadie, ni a las familias con TPS, ni a los países donde vivimos ni tampoco a la economía de Estados Unidos”, recalcó el coordinador de la Alianza Nacional del TPS.
Mientras se desarrolla la batalla judicial, casos como el de Jhony Silva quedan a la deriva.
Silva es uno de los demandantes del caso desde que inició en julio del año pasado. Se trata de un inmigrante hondureño de 29 años que llegó a EE.UU. cuando tenía 3 años y a partir de entonces ha podido vivir en el país de forma legal.
Según la demanda contra el Gobierno de Trump, Silva vive en Hayward, California, y trabaja como asistente de enfermería certificado en la unidad de cardiología de un hospital.
La demanda menciona que Silva tiene un hijo ciudadano estadounidense nacido en 2016 que tiene necesidades especiales tras ser diagnosticado con autismo.
El niño “depende de él para su cuidado, apoyo financiero y emocional, y seguro médico”, indica la querella.
“Sin el TPS, Jhony perdería su trabajo, su única fuente de ingresos. Ya no podría mantener a su hijo, y tanto él como su hijo perderían su seguro médico. Tampoco podría mantener económicamente a sus padres, como lo ha estado haciendo, y se vería obligado a abandonar su sueño de ser enfermero. Si se le obliga a regresar a Honduras, Jhony estaría regresando a un país que no ha visitado desde que era un niño. Estaría separado de toda su familia, quienes viven en Estados Unidos y son ciudadanos o titulares de la green card”, añade la demanda.
Silva, ahora sin protecciones y a cargo de su hijo, sabe que el largo camino para mantener el TPS seguirá su curso. “No dejaremos de luchar por justicia”, dijo el inmigrante hondureño.
Por su parte, la National Day Laborer Organizing Network (NDLON) criticó el reciente fallo que deja sin TPS a nicaragüenses, hondureños y nepalíes.
“Las personas con TPS merecen algo mejor que esto”, dijo Jessica Bansal, abogada de la NDLON. “La decisión permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país por décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación que esto causa a sus familias ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades”.
La NDLON representa a los nicaragüenses, hondureños y nepalíes con TPS junto con la Alianza Nacional del TPS, las fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, y la Haitian Bridge Alliance.
La ACLU del Norte de California aseguró que la corte de apelaciones “actuó en contra de la ley” en su reciente decisión.
“Lo que estaba en juego era si el tribunal debía anular sumariamente —en una base de emergencia— una decisión final cuidadosamente razonada, basada en una revisión completa del expediente”, dijo Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. “El tribunal actuó en contra de la ley, y esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas y familias”.
Los organizaciones que representan a los demandantes en este caso sostienen que ponerle fin al TPS es ilegal porque viola “la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ignorar las condiciones de los países y, en su lugar, basarse en una decisión política predeterminada de desmantelar el programa TPS. El caso también sostiene que las decisiones estuvieron motivadas por discriminación racial, en violación de la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda”.
Sin embargo, la administración de Trump celebró el fallo de la corte de apelaciones.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., afirmó en X que el gobierno anterior “abusó” del TPS “para permitir que terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional ingresaran a nuestra nación”.
“El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas”, añadió.
El TPS, como su nombre lo indica, es una protección temporal que, bajo una designación especial, el Gobierno de EE.UU. otorga a ciudadanos de ciertos países que ya viven en suelo estadounidense y que podrían estar en riesgo —por ejemplo, por motivos políticos o por alguna crisis desarrollada tras el paso de un fenómeno meteorológico— si regresas a sus naciones de origen.
Pero Noem indicó que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal ya mejoraron y por eso decidieron terminar con el TPS para esos países.
“Dada la mejora en la situación en cada uno de estos países, estamos acertadamente concluyendo lo que se pretendía que fuera una designación temporal”, declaró Noem.
En tanto, la Cancillería de Honduras también reaccionó al reciente fallo que permite acabar con el TPS para su país, Nicaragua y Nepal, y afirmó que la batalla judicial en este caso podría escalar hasta la Corte Suprema de EE.UU., tal como en el caso del TPS para venezolanos que aún sigue en vilo.
“Lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal. Recordamos: lejos de ser una amenaza, los Tepesianos (como se les llama coloquialmente a los beneficiarios del TPS) han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable”, comunicó la Cancillería de hondureña en un comunicado.
CNN pidió comentarios a la Cancillería de Nicaragua para conocer su postura en el tema del TPS y está en espera de respuesta.
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