“Borra las conversaciones antes de salir”: las tácticas de los venezolanos por temor a que les revisen el celular

Por CNN Español

“Mami, elimina los chats”. “Hijo, eso queda grabado”. “Borra las conversaciones antes de salir”. Mensajes de este tipo se repiten en el grupo de Whatsapp de una familia venezolana, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Se trata de conversaciones recientes, posteriores a la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

Si bien la revisión de celulares a ciudadanos por parte de agentes policiales y militares no es algo nuevo, varios testimonios recolectados por CNN muestran que, desde el 3 de enero, estas medidas han aumentado.

Los puestos de control son muchos y están en las rutas y calles, instalados en lugares estratégicos o alternos de Caracas y otras zonas del país. Algunos son fijos, por lo general cercanos a zonas de seguridad o instituciones públicas, pero otros son rotativos. Al girar o al llegar al final de un puente o de una esquina, efectivos policiales, militares o de inteligencia paran a los conductores, les preguntan a dónde se dirigen, revisan los vehículos y, cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en el actual contexto de tensión política y bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional, monitorean los celulares.

En el clima de incertidumbre que domina al país desde la captura de Maduro, los venezolanos vuelcan sus denuncias en las redes sociales para contar su experiencia de cómo una parada “de rutina” puede terminar en una hora de tensión, revisión de teléfonos incluida. Según testimonios obtenidos por CNN, los agentes buscan contenidos políticos o que puedan incriminar al conductor.

Las denuncias por casos de revisión de teléfonos y el temor a detenciones por difundir contenido político y, en especial, crítico con el Gobierno, se incrementaron tras la entrada en vigencia del decreto de conmoción externa como respuesta al ataque de EE.UU. en Caracas y la captura de Nicolás Maduro. Aunque dicho decreto faculta al poder ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias, no detalla el alcance, los criterios o si limita los derechos y libertades de los ciudadanos como la protección a la privacidad en las comunicaciones.

El artículo 48 de la Constitución venezolana, en cambio, sí establece textualmente: “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.

Sin embargo, CNN recibió varios testimonios de personas a las que les revisaron sus celulares en las últimas semanas. Por eso, muchos venezolanos hablan en clave, evitan nombrar a líderes políticos, borran constantemente el contenido de sus teléfonos y se rehúsan a opinar en grupos de WhatsApp.

Desde que Maduro fue trasladado a una prisión de Estados Unidos y, en su lugar, asumió como presidenta encargada Delcy Rodríguez, la situación para los venezolanos de a pie es de completa incertidumbre.

No está claro si habrá elecciones a la brevedad: si bien se ha liberado a presos políticos, no hay información oficial sobre cómo seguirá el proceso; la economía sigue en crisis y los precios de productos básicos cambian a diario.

Sin embargo, hay una certeza: los recaudos que ya se tomaban al circular por las calles siguen vigentes.

“Hoy a la tarde nos llegó un comunicado del consejo comunal del barrio y nos recomendaron que tengamos cuidado con lo que se habla por WhatsApp y por escrito”, se lee en uno de los mensajes de grupo a los que accedió CNN. Esta conversación ocurrió poco después del 3 de enero.

Otro de los mensajes es de un miembro de la familia que está fuera del país y menciona sus ganas de ir a Venezuela. Un familiar le responde que mejor no, que eso “ahorita está complicado”.

Ante la insistencia de otro familiar que dice que viajará de todos modos, le sugieren que elimine sus cuentas de redes sociales y cree una nueva cuenta en Google. Según pudo comprobar CNN, también se revisan celulares de las personas que ingresan al país en el momento en que llegan al aeropuerto.

La situación no es nueva. Ya antes de la caída de Maduro, controles de rutina podían convertirse en un calvario para los transeúntes. Así lo experimentó en abril del año pasado un cocinero, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias. Ese día había sido para él una jornada de trabajo que, de no ser por lo que ocurrió al final, probablemente no recordaría. Pero, cuando salió de su casa rumbo al restaurante donde trabaja, un agente del Servicio de inteligencia (SEBIN) lo obligó a detenerse justo después de un puente en el oeste de Caracas. Eran casi las 11 de la mañana, no le pidieron papeles ni cédula de identidad.

La primera pregunta fue sobre su oficio. “Jefe de cocina”, respondió. El segundo interrogante fue directo al tema político: “¿Tú eres guarimbero?”. “Guarimba” fue el término acuñado por voceros oficiales para referirse en tono despectivo a las protestas antigubernamentales, especialmente en 2014 y 2017. Él respondió que era cocinero e insistió en que trabajaba como jefe de cocina. Incluso le comentó al agente que se había convertido en padre recientemente y que solo quería ir a trabajar y llegar pronto a casa para ver a su hija recién nacida. Acto seguido, le notificaron que le revisarían el carro y el teléfono.

El siguiente paso fue pedirle la clave de acceso a su teléfono. En el buscador del chat escribieron palabras como guarimba y nombres como “Diosdado Cabello” (ministro de Interior y Justicia) y “Nicolás Maduro” (depuesto presidente de Venezuela).

El cocinero le contó a CNN que ya varios de sus amigos habían pasado por situaciones similares y que tenía por costumbre leer y borrar todo contenido relacionado con política, aunque en algún lugar de la galería de fotos guardaba una foto con la líder opositora María Corina Machado. Al poner Maduro en el buscador de WhatsApp, solo aparecieron recetas con plátanos o tomates maduros. Y en la galería solo encontraron fotos de platos y de su hija.

La minuciosa revisión se extendió por cerca de una hora “entre mensajes intimidatorios y las mismas preguntas en modo sospecha”, recuerda. En medio del proceso de revisión del vehículo llamó la atención de uno de los funcionarios un accesorio para motos que él llevaba en su camioneta. “Quédate con eso, yo ya ni moto tengo”, le dijo el cocinero, en un intento de cerrar el momento con un gesto. De inmediato le hicieron la esperada seña de que podía seguir su camino. Miró el retrovisor cuando lo dejaron ir y pudo ver otros carros alineados a la espera de revisión. Aún con una mezcla de miedo y resignación, se retiró del lugar.

La experiencia lo marcó hasta el punto de reducir a cero las conversaciones políticas. Hoy afirma que si recibe un mensaje en esa línea pide que cambien el tema, elimina los textos y vacía de inmediato el chat. Evita salir solo, en especial de noche, porque asegura que aumentó el número de alcabalas. Cree además que tener tatuajes llama más la atención de los funcionarios. Dice que ya lo han revisado en tres oportunidades en menos de seis meses.

Una situación similar vivió un periodista en diciembre. A plena luz del día y luego de compartir un café con colegas, el periodista, que prefiere no ser identificado por temor a represalias, transitaba la ruta del Country Club rumbo a El Bosque, en el este de Caracas, cuando se topó con un control policial que paraba a todos los autos que pasaban por la zona, según cuenta. Esa suele ser la ruta del comunicador cuando toma “los caminos verdes”, como se dice cuando se escoge una vía diferente para evadir el tráfico.

El procedimiento empezó con lo clásico, según recuerda: papeles, cédula y licencia. Luego, la mirada se concentró en su cartera, dice. Los funcionarios insistían en profundizar la revisión y argumentaban que sospechaban de la tenencia de marihuana, por lo que decidieron ampliar el control.

Cuenta que, cuando abrió la billetera, cayó un pequeño papel doblado y sintió que el ambiente cambió de inmediato. La tensión aumentó. El policía le pidió el teléfono y empezó a revisar, también buscando palabras clave en los chats, rastros de consumo o de algo que pudiese convertirse en una falta. El periodista asegura que no tenía marihuana o alguna otra droga en el auto.

Por fortuna, piensa, los funcionarios no identificaron su profesión y en su búsqueda no incluyeron palabras de corte político que pudieran exponer conversaciones con sus jefes, fuentes o algunos colegas. Pero tuvo ese temor por casi una hora, que fue el tiempo que duró ese episodio que le provocó gran nerviosismo en su desespero por salir de la situación cuanto antes. Supo que el episodio había culminado cuando escuchó la frase: “Bueno, lo que quieras colaborar”. No estaba sorprendido. Entendió el mensaje y sin pensarlo mucho entregó un billete de US$ 50 que tenía en la cartera antes de seguir su camino a casa.

Lo ocurrido afecta aún sus decisiones. Abandonó varios grupos de WhatsApp y borra con frecuencia contenidos en su teléfono. Tomó medidas tan radicales como no salir de noche e incluso limitar sus salidas, aunque sea de día. Deja la casa solo cuando es necesario.

A estos dos hombres les sorprendió la alcabala, pero no la situación. Es común la presencia de estos puntos de control militares y policiales en distintos puntos del territorio nacional. Pero los eventos se han incrementado tras la operación militar realizada por Estados Unidos el 3 de enero, que derivó en la detención y derrocamiento de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En este escenario, las redes sociales funcionan como espacio de denuncia de revisión de teléfonos, que en algunos casos derivan en intimidación, extorsión y hasta detenciones. Muchos testimonios son de hombres y coinciden en la exigencia de pago a cambio de dejarlos seguir su camino. Las fuerzas de seguridad también revisan a mujeres, incluso ante la presencia de niños. Todos los testimonios coinciden en que los agentes buscan contenido político, sobre todo términos como “invasión” o “Trump” y “Maduro”. Pero también en las revisiones se han visto expuestos contenidos personales y hasta íntimos, lo que deriva en denuncias de una práctica que vulnera la protección constitucional de la vida privada.

Al ser consultado por un periodista sobre el tema, el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, afirmó el 17 de enero que la revisión de celulares estaba “prohibida totalmente, así que cualquier funcionario que abuse de su autoridad, tienen que denunciarlo”. Agregó que habían recibido denuncias a través de TikTok.

CNN envió una solicitud de comentario al Ministerio de Interior y Justicia, de quien dependen gran parte de los controles, sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

La organización no gubernamental Espacio Público difundió en sus redes sociales información y recomendaciones para quienes se enfrenten a una situación como las descriptas: pedir una orden judicial necesaria para permitir la revisión, en caso de no existir orden de un juez, tomar nota del nombre del funcionario y el cuerpo al que pertenece, además de buscar -de ser posible- que haya al menos dos testigos y mantener cifrados los datos en el teléfono, entre otras.

La instalación de un mayor número de puestos de control bajo el argumento de un reforzamiento de la seguridad nacional en medio de la tensión política, especialmente por la noche, paradójicamente lleva a muchas personas a preferir mantenerse en casa por miedo. Algunos no tienen claros sus derechos individuales, entre ellos a la privacidad; otros los conocen, pero temen ser detenidos sin intentan defenderlos.

Y la tensión traspasa las fronteras de Venezuela: familiares en varios países cuentan a CNN que, por pedido de sus seres queridos en el país, evitan las conversaciones políticas y usan palabras en clave de código para comunicarse con ellos por celular.

El panorama, entonces, no parece haber cambiado demasiado en las calles venezolanas tras la caída de Maduro. Bajo el mandato de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el temor a represalias por tener opiniones contrarias al Gobierno persiste.

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Sol Amaya colaboró con este reporte