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Trump firma decreto que impide a los estados imponer sus propias regulaciones sobre Inteligencia Artificial

Por Samantha Waldenberg, Hadas Gold y Clare Duffy, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó este jueves un decreto que impide a los estados imponer sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial (IA) y, en su lugar, busca crear un “marco nacional único” para la IA.

“Este es un decreto que ordena a aspectos de su Gobierno tomar medidas decisivas para asegurar que la IA pueda operar dentro de un marco nacional único en este país, en vez de estar sujeta a regulación estatal que podría potencialmente paralizar la industria”, dijo el asesor de la Casa Blanca Will Scharf sobre el decreto en la Oficina Oval.

La orden podría tener amplios efectos en las labores de Estados Unidos para dominar la naciente tecnología, que ya se ha convertido en una parte significativa de la economía y el mercado bursátil, pero que también sigue siendo en muchos aspectos no probada.

David Sacks, el jefe de cripto y IA de la Casa Blanca, dijo durante la ceremonia de la firma del decreto que haría que el Gobierno de Trump creara un “marco federal” sobre la IA en conjunto con el Congreso.

“Mientras tanto, esta orden le da a su Gobierno herramientas para rechazar las regulaciones estatales más onerosas y excesivas”, dijo Sacks. Es notable que Sacks enfatizó que el Gobierno no se opondrá a la regulación estatal en torno a la seguridad infantil y la IA.

El Congreso rechazó en julio una iniciativa anterior de los republicanos para impedir que los estados regularan la IA. El Senado de Estados Unidos votó casi por unanimidad a favor de eliminar una moratoria de diez años sobre la aplicación de las regulaciones estatales en materia de inteligencia artificial del amplio proyecto de ley de política interna de Trump antes de que fuera aprobado.

Los legisladores también declinaron agregar una moratoria sobre la IA a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, a pesar de la sugerencia de Trump de hacerlo.

Líderes en Silicon Valley, como el CEO de OpenAI Sam Altman, han argumentado que navegar a través de un mosaico de regulaciones estatales podría ralentizar la innovación y afectar la competitividad de Estados Unidos en la carrera global de IA con China, lo que, dicen, tendrá implicaciones para la economía y la seguridad nacional.

Los críticos temen que el impulso por la desregulación podría permitir que las empresas de IA eludan la responsabilidad si sus herramientas perjudican a los consumidores.

La inteligencia artificial ya está sujeta a una supervisión general limitada mientras se extiende a más áreas de la vida estadounidense, desde las comunicaciones y relaciones personales hasta la atención médica y la vigilancia policial.

En ausencia de una legislación federal amplia, algunos estados han aprobado leyes para abordar los usos potencialmente riesgosos y perjudiciales de la IA, como la creación de deepfakes engañosos y la discriminación en la contratación.

Pero el debate sobre cómo regular la IA ha provocado divisiones no solo en la industria, sino también dentro del movimiento conservador y el partido republicano.

De un lado están figuras del Gobierno como Sacks y el vicepresidente J. D. Vance, que abogan por un marco regulatorio más laxo. Del otro están figuras como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exasesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, quienes apoyan la regulación estatal, argumentando que esos límites son necesarios para una tecnología que avanza tan rápido.

Brad Carson, presidente de Americans for Responsible Innovation y líder del super PAC proregulación de IA Public First, dijo en un comunicado que el decreto “se topará con una pared en los tribunales”.

Carson agregó que la orden “ataca directamente las salvaguardas aprobadas por los estados, para las cuales hemos visto un apoyo público notable durante el último año, todo esto sin ningún reemplazo a nivel federal”.

En contraste, Collin McCune, jefe de asuntos gubernamentales en la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, calificó el decreto como un “primer paso increíblemente importante”, pero instó al Congreso a llenar el vacío regulatorio.

“Los estados tienen un papel importante en abordar los daños y proteger a las personas, pero no pueden proporcionar la claridad a largo plazo ni la dirección nacional que solo el Congreso puede ofrecer”, escribió en X.

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