La Corte Suprema decidirá si Trump puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema acordó este viernes que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, la corte está abordando directamente el fondo de una controversia que en gran medida evitó a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos relacionados con la forma en que los tribunales inferiores manejaron los cuestionamientos a la política.
Aunque las teorías legales presentadas por la apelación del Gobierno de Trump han sido durante mucho tiempo consideradas marginales incluso por muchos conservadores, el caso atraerá atención pública al período de sesiones de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Es otra prueba de la disposición de la corte a aceptar un argumento legal innovador por parte de la Casa Blanca.
Un fallo a favor de Trump alteraría un principio de larga data del derecho constitucional y de inmigración estadounidense y podría tener importantes implicaciones prácticas para los ciudadanos estadounidenses que enfrenten nuevos obstáculos para documentar a los recién nacidos.
La corte escuchará los argumentos el próximo año y probablemente emitirá una decisión para finales de junio.
“No hay quizás ningún tema, desde el comienzo de este Gobierno, en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Ya sea porque viola los estatutos relevantes, la propia Decimocuarta Enmienda o la interpretación autorizada de esa disposición constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898, la conclusión es la misma”, agregó. “Y aunque la Corte apoyó a Trump a principios de este verano cuando él solicitó que se limitaran las medidas cautelares contra la política, ahora que el caso vuelve a tratarse sobre el fondo, hay todas las razones para creer que incluso esta Corte fallará en su contra; la verdadera pregunta probablemente será sobre cuál de los múltiples fundamentos posibles lo hará”.
Dos décadas después de que se ratificara la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema falló en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark que las personas nacidas en Estados Unidos —en ese caso, el hijo de inmigrantes chinos— tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con algunas pocas excepciones. Pero el Gobierno de Trump argumentó en su apelación que ese precedente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía consagrada en la opinión de 1898, el Gobierno de Trump dijo a la Corte Suprema en sus apelaciones que esa noción era “errónea” y que esa visión había tenido “consecuencias destructivas”. Trump ha hecho del fin de la ciudadanía por nacimiento una parte clave de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”, dijo al Tribunal Supremo en la apelación el procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno.
Aunque la Corte Suprema emitió una decisión importante en junio que tocó el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, ese caso se centró en una cuestión más procesal sobre cuánta autoridad tienen los tribunales inferiores para detener una política implementada por un presidente. Una mayoría de 6-3 de la Corte esencialmente limitó —pero no eliminó completamente— el poder de los tribunales para bloquear tales políticas.
Tras la decisión de la Corte Suprema, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue rápidamente bloqueada de nuevo por tribunales utilizando otros métodos y nunca ha entrado en vigor.
Los tribunales inferiores, compuestos tanto por jueces conservadores como progresistas, se han pronunciado en contra del decreto del Gobierno.
“Su caso no es mucho más que una mezcolanza de declaraciones históricas incorrectas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas y, más que nada, preferencias de política”, dijeron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos que representan a los demandantes individuales a la Corte Suprema este año.
La Corte acordó escuchar los argumentos en un caso de un juez de Nueva Hampshire que prohibió la aplicación del decreto de Trump contra cualquier bebé que se viera afectado por la política en una demanda colectiva presentada por la ACLU.
Pero no aceptó otro caso separado que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco. Ese tribunal confirmó la decisión de un juez de Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional en un caso presentado por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia probablemente tiene que ver con quién estaba demandando: el caso del Noveno Circuito involucraba la cuestión de si los estados tenían legitimación para demandar por la política.
Firmada por Trump el 20 de enero, el decreto, titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, decía que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de Estados Unidos” a ningún niño nacido en suelo estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o que estuvieran en los estados legalmente, pero de manera temporal.
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