Visitamos cuatro tribunales de inmigración en un día. Le echamos una mirada a un mundo que el público no suele ver
Por Celina Tebor, Catherine E. Shoichet, Maria Aguilar Prieto, Maeva Bambuck, Angélica Franganillo Díaz, Cindy Von Quednow y Graham Hurley, CNN
Mispelys Salazar sujeta contra su pecho un montón de papeles mientras ráfagas de viento amenazan con hacerlos volar. Avanza nerviosa en la fila mientras espera para entrar en el 26 Federal Plaza, en el centro de Manhattan, para comparecer por primera vez ante un tribunal de inmigración.
Su futuro se decidirá en una sala dentro del edificio federal más alto del país: se le podría permitir quedarse en el país en el que ha vivido los últimos dos años. El resultado alternativo —igual de común en los tribunales de inmigración de EE. UU.— es que se ordene su deportación.
La panameña, junto con su pareja y sus dos hijos, se entera de que puede haber un tercer posible desenlace cuando un voluntario de una organización de defensa de inmigrantes le entrega un folleto que comienza con un consejo ominoso: “Si va a asistir en persona al juzgado de inmigración, debe estar preparado o preparada para una posible detención, independientemente de lo que ocurra en la sala.”
“Oh, vaya,” se ríe nerviosa, hablando en español. “Bueno, eso me hace sentir mucho mejor.”
Pero no hay sentido del humor en sus ojos. Hay confusión y miedo mientras se le llenan los ojos de lágrimas.
“Siento que podría llorar,” dice ella en español.
De repente, está al frente de la fila de seguridad. Un guardia le pide ver sus papeles; Salazar recurre a su hijo para que le traduzca, pero a él le cuesta encontrar las palabras adecuadas.
“¿Qué es el ‘paperwork?’” él le pregunta a su madre.
Ella rebusca entre su pila de documentos, sin saber muy bien qué buscar y saca un papel para mostrárselo al guardia, que asiente. Salazar respira profundo y, junto a su familia, entra en el edificio.
Sabe que una vez que las puertas se cierren tras ella, existe una posibilidad escalofriante y real de que no vuelva a salir.
Los tribunales de inmigración del país son el epicentro de las deportaciones masivas que el presidente Donald Trump considera necesarias para expulsar a criminales peligrosos de Estados Unidos. “Nos centramos en los malos, y hemos encontrado un número inmenso de personas malas”, dijo recientemente el presidente, aunque en los últimos meses, la mayoría de las personas a las que el gobierno tenía intención de deportar no tenían condenas penales graves, según muestran documentos internos del gobierno obtenidos por CNN.
Estos tribunales también son uno de los pocos lugares donde estas personas pueden defenderse.
El gobierno envía a los inmigrantes a este sistema tan extenso, alegando que deberían ser deportados por la manera como entraron en EE. UU. o por los delitos que cometieron aquí. Y las leyes estadounidenses les dan a quienes se enfrentan a estos alegatos una oportunidad limitada de demostrar que los funcionarios están equivocados.
Según un análisis continuo de datos federales de inmigración realizado por la Universidad de Syracuse, las probabilidades de ganar un caso en el tribunal de inmigración ya eran bajas antes de que Trump regresara al Despacho Oval. Y ahora, la situación se está volviendo aún más dura para Salazar y más de 3,4 millones de personas que tienen casos pendientes.
Los jueces están denegando más casos de asilo. El Departamento de Justicia está despidiendo jueces a un ritmo sin precedentes mientras emite regularmente nuevas directrices para acelerar los procedimientos judiciales. Y agentes enmascarados de ICE están realizando arrestos en algunos tribunales, convirtiendo lo que antes eran pasillos estériles en lugares de peleas dramáticas y despedidas desesperadas.
Fotos y vídeos de arrestos en los pasillos del Tribunal de Inmigración Federal Plaza de Nueva York han acaparado titulares y dominado las redes sociales.
Pero muchas de las maneras en que el Gobierno de Trump está cambiando los tribunales de inmigración en todo el país no se han grabado en cámara — porque existe una política de data de muchos años que dice que no pueden serlo.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, o EOIR (por sus siglas en inglés), la rama del Departamento de Justicia que gestiona los más de 70 tribunales de inmigración del país no permite dispositivos fotográficos ni de grabación en sus edificios.
Aun así, si se pasa solo un día en algunos tribunales de inmigración del país, los dramas que se desarrollan en su interior ofrecen una visión reveladora de los esfuerzos de la Casa Blanca por darle una nueva forma al país —y por otro lado la de los inmigrantes cuyas vidas están en juego.
Las salas de espera de los tribunales de inmigración están mayormente llenas de personas que esperan un futuro en el que puedan quedarse en Estados Unidos.
Pero algunos ya han dejado de intentarlo.
Un miércoles por la mañana del mes de octubre, Edwin Roberto Santos Torres levanta la mano antes de que el juez que lleva su caso haya terminado siquiera con sus palabras introductorias.
La sala del juez Raphael Choi está en la séptima planta de un elegante edificio de oficinas en Annandale, Virginia, una zona a las afueras de Washington, DC, donde más del 40 % de los residentes son inmigrantes, en su mayoría de América Latina y Asia. El tribunal es uno de varios en Virginia y Maryland donde los inmigrantes detenidos durante un reciente aumento de detenciones en y alrededor de la capital de Estados Unidos están presentando sus argumentos.
Choi comienza la audiencia de hoy con una breve explicación, empieza diciendo el nombre de Santos y su Número de Registro de Extranjero, un código de nueve dígitos conocido como el número A que utiliza el gobierno para rastrear los casos de los inmigrantes. “El DHS afirma que usted violó nuestras leyes de inmigración”, dice Choi, refiriéndose al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional), que supervisa las agencias de aplicación de la ley de inmigración del país y emplea a los abogados que representan al gobierno en los tribunales de inmigración.
“Usted puede elegir el país a donde ir, si eso es necesario.”
La imagen de Santos aparece en una gran pantalla en la pared de la sala. Participa en esta audiencia a través de WebEx desde de un centro de detención para inmigrantes en la zona rural de Virginia — y él ya sabe que ya ha pasado por mucho.
Al levantar la mano, le pregunta al juez si puede hablar.
“Lo que quiero solo es que me deporten a mi país”, dice en español.
“Está bien”, dice Choi.
“Solo quiero que tome una decisión con conocimiento de causa.”
“¿Quiere representarse a sí mismo hoy, sin abogado, es correcto?” pregunta Choi.
Sí, responde Santos. Como la mayoría de los demandados en el tribunal de inmigración, no tiene abogado. Le dice al juez que es de Honduras, que entró a Estados Unidos en noviembre de 2023 y que no fue condenado por ningún delito. El año pasado presentó una solicitud de asilo, pero ahora dice que quiere retirarla.
Inmigrantes como Santos tienen varias formas de combatir los intentos del gobierno de deportarlos. Pueden argumentar que serían torturados si los devuelven a sus países de origen.
Pueden argumentar una forma de cancelación de la expulsión, si su deportación causaría una dificultad extrema para sus familiares que son ciudadanos estadounidenses. Y pueden pedir asilo, una solicitud que les obliga a demostrar que han sido perseguidos o temen persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto u opinión política.
Santos no dice por qué retira su solicitud de asilo, y el juez no le pregunta.
“¿Tiene familia aquí?” pregunta Choi.
“Sí, pero están regresando también,” responde Santos en español.
Choi tomará muchas más decisiones hoy, en los casos de inmigrantes detenidos provenientes de China, Rumanía y de varios países latinoamericanos que comparecerán virtualmente en su sala. Algunos de sus casos son complicados.
Pero este caso es sencillo. No hay oposición y la decisión del juez es rápida.
En cuestión de minutos, Choi emite una orden de expulsión.
La solicitud de Santos para irse de Estados Unidos ha sido aprobada.
En las salas de espera de los tribunales de inmigración de Annandale, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y otros lugares del país, los folletos animan a otras personas a tomar la misma decisión.
“MENSAJE PARA INMIGRANTES INDOCUMENTADOS”, muestran los carteles con el sello del Departamento de Justicia, en letras grandes y en negrita: “UNA ADVERTENCIA PARA SU SALIDA VOLUNTARIA.” Están publicados en inglés y español, dicen que quienes decidan quedarse en Estados Unidos podrían enfrentarse a prisión, multas y sanciones.
Los abogados de inmigración argumentan que estos carteles que promueven la salida voluntaria son una nueva forma con la que el gobierno intenta inclinar la balanza a su favor.
“No es poco ético proporcionarles a los extranjeros información precisa sobre las posibles consecuencias de las decisiones que tomen, con el fin de ayudarlos a que tomen una decisión bien informados”, dijo un portavoz del EOIR a CNN sobre los folletos. “De hecho, el EOIR proporciona la misma información que cualquier abogado de inmigración competente y de buena reputación proporcionaría para que los extranjeros puedan tomar decisiones plenamente informadas sobre los siguientes pasos a seguir.”
El gobierno también cuestiona la afirmación de los críticos de que los tribunales de inmigración están en contra de quienes luchan contra la deportación.
Aunque las salas de tribunales revestidas de madera puedan parecerse a los decorados de dramas legales de la televisión, la forma en que se desarrollan los casos en los tribunales de inmigración es notablemente diferente al sistema judicial que conocen la mayoría de los estadounidenses.
No hay jurados. Los jueces trabajan para la misma rama del gobierno que los fiscales. Un caso completo puede ser presentado y se puede tomar una decisión en menos de un minuto. A los inmigrantes no se les asigna un abogado si no pueden permitirse uno. Y perder una sola fecha de comparecencia puede ser motivo de deportación.
“¿Viene al tribunal de inmigración?” pregunta Anton Flores-Maisonet mientras que personas que hablan español y criollo haitiano hacen fila este mismo miércoles frente a un edificio en el centro de Atlanta.
Flores-Maisonet, director de Casa Alterna, una organización sin ánimo de lucro que ofrece alojamiento y apoyo legal a inmigrantes toma notas meticulosas sobre cualquiera que responda que sí. Para aquellos que no tienen abogado, mantiene un grupo de abogados privados y sin fines de lucro en espera a través de Signal, una aplicación de mensajería segura conocida por sus funciones de privacidad. Él sabe que tener un buen abogado puede cambiar las reglas del juego.
Mientras los anuncios estridentes de una estación de autobuses Greyhound cercana resuenan de fondo, Flores-Maisonet y otros voluntarios reparten barras de desayuno y agua para aliviar lo que puede ser una larga espera hasta llegar al tribunal de inmigración. Y este edificio ubicado no muy lejos de No Mas! Cantina y de un American Deli — se ha convertido en otro centro más de los esfuerzos de deportación de la administración Trump.
El edificio alberga tribunales de inmigración y oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE (por sus siglas en inglés). Y durante siete meses, Flores-Maisonet y otros voluntarios de su organización sin ánimo de lucro se han apostado fuera, intentando apoyar a inmigrantes ansiosos y conociendo a personas de muchos ámbitos de la vida.
Flores-Maisonet dijo que conoció a un agricultor del sur de Georgia que acudió a una cita en ICE con uno de sus mejores trabajadores. Y una mujer en pánico que llevó un sacaleches para su hermana, diciendo que estaba detenida en una sala de espera en el sótano del edificio y no tenía manera de proporcionarle leche a su recién nacido; esa mujer había sido arrestada días antes por hurto en tiendas y transferida a custodia de ICE, y aunque no les informó a los agentes de que estaba amamantando, el personal médico de ICE la ayudó cuando se dieron cuenta de que necesitaba una bomba, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.
Justo después de que se produjera un tiroteo mortal en septiembre en una instalación de ICE en Dallas, agentes de ICE les dijeron a los voluntarios de Casa Alterna en Atlanta: “Quizá todos quieran considerar marcharse”, según Flores-Maisonet.
Pero los voluntarios se han quedado. Día tras día, se encuentran con inmigrantes que también intentan quedarse y se aferran a una esperanza cada vez más lejana.
“Creen que, si le demuestran a este gobierno que están dispuestos a ser buenos ciudadanos y a cumplir con este proceso”, dice Flores-Maisonet, “de alguna manera superarán los pronósticos.”
Flor sabe lo importante que es simplemente presentarse.
Lleva más de una década asistiendo a las revisiones de ICE en el 26 de Federal Plaza en Nueva York. Estas citas —que no forman parte del sistema judicial de inmigración, pero a veces están a solo uno o dos pisos de distancia— son una forma habitual can la que las autoridades estadounidenses vigilan a personas acusadas de violar las leyes de inmigración. CNN no está usando el nombre completo de Flor porque está enfrentándose activamente a la deportación.
Ser inmigrante indocumentado por sí solo no es un delito — es un delito civil, aunque los inmigrantes pueden enfrentarse a cargos penales federales relacionados con la entrada ilegal.
Bajo gobiernos anteriores, las visitas de control parecían rutinarias, dice Flor, y a veces podía asistir sin abogado, aunque las visitas siempre han implicado tácitamente una amenaza de detención.
Pero hoy en día, dice Flor, entrar en el edificio federal que es mucho más alto que el Ayuntamiento cercano, ubicado entre el bullicioso barrio chino de Nueva York y la exclusiva zona de TriBeCa, se percibe diferente. Su abogada le dijo que esperara que podría ocurrir cualquier cosa debido a los cambios recientes — incluso ser detenida por ICE.
Dos de sus amigas se quedan pendientes de Flor mientras entra en el edificio.
Carla, una de las mujeres dice en español: “Su familia no puede estar aquí porque no tienen estatus legal.
Así que estamos aquí… para motivarla, para hacerle compañía”.
Las mujeres y otros miembros de su congregación en Woodhaven, Queens, ya lo han hecho antes: acuden para acompañar a sus amigos y se quedan a esperarlos.
“Tener algún tipo de apoyo es importante”, dice Carla. “Desde aquí afuera, le rezamos a Dios.”
Flor también reza dentro del tribunal.
Al otro lado de la fila para entrar al edificio, Maria Espinal sonríe radiante de emoción.
Podría estar a solo unas horas de convertirse en ciudadana estadounidense — algo por lo que lleva luchando años.
Si la inmigrante dominicana supera la prueba que los funcionarios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. están a punto de hacerle, más tarde ese mismo día prestará juramento para convertirse en estadounidense en el mismo edificio donde cientos de personas luchan contra la deportación a diario.
Mientras Espinal se prepara para su entrevista de ciudadanía fuera del tribunal, ajustándose el cuello de la camisa abotonada y alisándose el pelo, los pasillos del 26 de Federal Plaza rebosan de otro tipo de visitante:
Los agentes de ICE con las caras cubiertas con una máscara, listos para hacer arrestos.
Los pasillos sin ventanas son estrechos en el edificio federal que alberga este tribunal de inmigración, y los cuerpos robustos de los agentes crean inquietud en los estrechos pasillos. Están en casi cada rincón, con la espalda apoyada a la pared. Sentados en la sala de espera. Paseando de un lado a otro frente a la puerta de una sala judicial y asomándose dentro.
Durante meses, los agentes han estado realizando arrestos aquí casi a diario, incluso cuando los procedimientos judiciales no terminan en órdenes de deportación. Eso supone un cambio importante respecto a la forma en que las administraciones anteriores de la Casa Blanca abordaban los tribunales, desalentando los arrestos civiles de inmigración dentro o cerca de ellos.
Un portavoz del DHS ha calificado los arrestos de “sentido común”, diciendo que la táctica “conserva valiosos recursos de las fuerzas del orden porque ya saben dónde estará el objetivo.
También es más seguro para nuestros agentes y la comunidad. Estos inmigrantes indocumentados han pasado por seguridad y han sido revisados y no portan armas.”
Pero los críticos argumentan que las detenciones violan el debido proceso y castigan a los inmigrantes que siguen las normas presentándose en los tribunales y solicitando una vía legal para permanecer en el país.
“Tras cuatro años de que la administración Biden obligara a los Tribunales de Inmigración a implementar una amnistía de facto para cientos de miles de extranjeros, este Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestros tribunales y continuará haciendo cumplir la ley federal de inmigración para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
Muchos agentes que llevan a cabo arrestos usan pasamontañas que les cubren la boca y la nariz y gafas de sol para ocultar su identidad. El director interino de ICE Todd Lyons ha dicho que los agentes federales ocultan sus identidades para proteger a sus familias después de que algunos fueron identificados públicamente y acosados.mmigration court.
Algunos agentes en el pasillo hojean montones de papeles con información y fotos de las personas a las que intentan detener. Las autoridades no han revelado cómo llegan los nombres de los inmigrantes a sus listas. El DHS no respondió a una solicitud de comentario sobre cómo decide la agencia quién acabará en las listas y quién será detenido.
Para encontrar a sus objetivos en persona, los agentes comparan los nombres de sus listas con los expedientes colocados fuera de las salas. A veces, los agentes se sientan dentro de una sala de audiencias, para escuchar los nombres y números de caso que mencionan los jueces. Y a veces, simplemente esperan a que sus objetivos lleguen a ellos.
Hoy, fuera de la Sala #16, dos agentes hablan con una mujer que se acerca, con aspecto de estar perdida. Se ofrecen a ayudarla a encontrar su nombre en la agenda. En español, le preguntan su nombre y se inclinan para verificarlo en la notificación oficial de comparecencia que ella tiene en las manos. Es un intercambio cordial, y la mujer no parece darse cuenta de que, una vez dentro de la sala, los agentes revisarán su propia lista para ver si su nombre está en ella.
Mientras otro hombre espera para entrar en la Sala #20, dos agentes de ICE flanquean la puerta. Su hijo mayor y su pareja le siguen mientras su hijo pequeño, que apenas le llega a la cadera de su padre, le agarra la mano y levanta la mirada para ver a los periodistas y guardias de seguridad que rodean a la familia.
“¿Cómo se llama, amigo?” le pregunta en español un agente de ICE.
El hombre venezolano da su apellido — Roa — y luego entra en la sala con su pareja e hijos, todos tienen casos pendientes en el tribunal de inmigración, según muestran los registros de EOIR.
Después de que él entra, los agentes de ICE revisan su lista.
Dentro del tribunal, la inquietud del niño crece mientras la familia espera al juez.
Una y otra vez, el chico gira la cabeza hacia atrás, mirando a través del marco de la puerta hacia donde se encuentran los agentes que esperan.
Pasa más de una hora. El juez nunca llega. Parece que la audiencia de Roa no va a ocurrir después de todo.
Pero cuando la familia de cuatro abandona la audiencia, los agentes de ICE se ponen en acción. Incluso antes de que Roa salga al pasillo, los agentes se acercan a él, rodeándole en todas direcciones como en un partido de fútbol americano.
Dos agentes de ICE sujetan a Roa por los hombros y lo guían mientras varios van detrás y siguen hasta una escalera al final del pasillo.
En menos de 30 segundos, ya no está. No hay tiempo para despedidas.
Los llantos del niño pequeño que sujetaba la mano de su padre al entrar en la audiencia se escuchan por el pasillo. Esta vez el niño toma la mano de su madre mientras ellos, junto a su hermano, salen del edificio federal, con angustia y con lágrimas en los ojos.
En poco tiempo, Roa estará en un centro de detención para inmigrantes en Georgia, según los registros judiciales de EOIR, es uno de los muchos detenidos trasladados a un lugar alejado de su hogar y familia. El DHS y el EOIR no respondieron a solicitudes de información sobre su historial migratorio, si tenía antecedentes penales y por qué fue detenido.
En unas semanas, tendrá que presentar su caso en un lugar con probabilidades mucho más difíciles que la sala del juez de Nueva York que está a cargo del resto de los casos de inmigración de su familia.
Según muestran los datos federales analizados por Syracuse, Roa comparecerá ante una jueza con base en Atlanta que denegó más del 90 % de los casos de asilo en su sala durante los primeros 11 meses del año fiscal 2025.
Aquí, en lo que muchos consideran la capital del Sur, la huella de ICE es más sutil — pero igual de significativa, y está creciendo rápidamente.
En la planta 26 del edificio federal Peachtree Summit de Atlanta, el único ruido que se escucha en una sala, es el sonido que hace un abogado de ICE hojeando sus notas.
De repente, los pasos de cinco personas rompen el silencio y sobresaltan a la mujer nicaragüense de 26 años que está a punto de presentar su caso de asilo. Ella y su abogado lanzan miradas confusas a los misteriosos recién llegados que se han dispersado por los banquillos de la sala.
El abogado de ICE explica que los visitantes que están con él: son abogados recién contratados —parte de una reciente campaña de reclutamiento— y que están en su etapa de capacitación para luego representar a la agencia en el tribunal de inmigración.
A diferencia de los agentes de ICE en Nueva York, los abogados no llevan pasamontañas ni gafas de sol para ocultar sus rostros. Van con traje y zapatos de vestir, y susurran entre ellos antes de que empiece la audiencia.
De vuelta en la Sala #16 de Nueva York, el juez John Siemietkowski parece sorprendido al ver en su pantalla por WebEx a Aracelis Ortiz Peña que se conectó desde un apartamento de Nueva York.
“¿Por qué no está en mi sala?” le pregunta.
Los inmigrantes detenidos suelen comparecer en los tribunales de inmigración a través de WebEx. Aquellos — como Ortiz — que no están bajo custodia de ICE, pero quieren que su audiencia se celebre de forma virtual pueden hacer esa solicitud. Pero deben presentar una moción solicitando permiso al juez con mucha antelación a la fecha fijada para el juicio.
La venezolana parece desconcertada. Ella le dice que no quería comparecer ante el tribunal sin pruebas ni abogado. Ortiz dice que fue víctima de una estafa por parte de alguien que fingió ser abogado y le robó todo el dinero, un delito que se está volviendo cada vez más común en Nueva York y en otros lados, a medida que crece la desesperación de los inmigrantes.
“No tengo prácticamente nada,” dice ella en español.
Después de que Ortiz le explica su situación, Siemietkowski dice que no con la cabeza y exhala.
“Escuche, le voy a dar un pequeño respiro”, dice el juez, que — como casi todos los demandados que se presentan ante él — tiene el poder de ordenar la deportación rápidamente cuando alguien pierde una cita de una audiencia.
Le daré una última oportunidad, dice, para que se presente en persona esta misma tarde.
Al otro lado del país, en Los Ángeles, Lara Sebastina Paxtor Renoj acude a otro tribunal de inmigración este miércoles, sin saber qué esperar.
Los grafitis de las protestas de principios de este año que dicen “ICE out of L.A.” (¡Fuera ICE de Los Ángeles!) y “United We Hold” (Unidos aguantaremos) siguen expuestos en el estacionamiento cercano. El edificio federal del centro de Los Ángeles está a solo un paso de la calle Olvera, donde se encuentra el Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles — considerado el lugar donde fue fundada la ciudad — y está ubicado entre calles empedradas y tiendas mexicanas que venden caramelos, máscaras de luchador y taquitos.
Dentro de la torre de oficinas, hay calma y silencio, mientras Paxtor Renoj utiliza un chal hecho con tejidos tradicionales guatemaltecos para llevar a su hijo de 2 años colgado en la espalda, y luego toma asiento al frente de una sala, con la esperanza de obtener respuestas.
No pasa mucho tiempo antes de que abunde la confusión.
Un abogado en pantalla le dice al juez que representa a Paxtor Renoj y que ha estado intentando localizarla. El intérprete proporcionado por el tribunal le hace repetidamente preguntas a Paxtor Renoj en español. Pero la primera lengua de la mujer indígena guatemalteca es el kich’e’, y le cuesta entender lo que está ocurriendo.
Los impedimentos sistémicos, como las barreras lingüísticas y los retrasos crónicos, agravan el desgaste emocional de las personas, y lo que está en juego dentro de los pasillos de los tribunales de inmigración estadounidenses. Los riesgos están más graves que nunca en el segundo mandato de Trump.
Tras la audiencia, mientras cuida de su hijo inquieto, Paxtor Renoj se sorprende al saber que el abogado en pantalla estaba allí para representarla. Ella no le había pagado porque no tenía los medios, dice, y no sabía que él había estado intentando localizarla. Ella no sabe qué va a pasar después, las instrucciones del juez se perdieron durante la traducción.
Tendrá que esperar una explicación más clara. Su audiencia ha sido reprogramada para dentro de dos semanas, cuando esté disponible un intérprete de Kich’e’.
Para otros, los retrasos pueden alargarse aún más.
Durante más de una década, los tribunales de inmigración estadounidenses se han enfrentado a una abrumadora acumulación de casos retrasados, impulsada en gran parte por el aumento de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo.
El retraso se ha más que quintuplicado desde la primera elección de Trump, disparándose de unos 600.000 casos en el año fiscal 2017 a más de 3,4 millones en el año fiscal 2025.
El Departamento de Justicia ha dicho que ha reducido la carga de casos pendientes en más de 400.000 desde enero mediante varios cambios en las políticas, incluyendo la derogación de políticas que retrasaban los casos y la ampliación de un calendario que acelera ciertos casos.
Incluso cuando los funcionarios imponen nuevos plazos para la finalización de los casos y presionan a los jueces para que fallen rápidamente, los retrasos son habituales.
“Vine el mes pasado y no me dieron respuesta. Hoy he venido y tampoco me han dado una decisión”, dice una mujer guatemalteca frustrada frente al tribunal de Annandale, después de que el resultado en el caso de asilo de su familia se retrasara una vez más.
“Siento”, dice ella, “que solo Dios puede luchar por nosotros.”
En Nueva York, donde hay más de un cuarto de millón de casos pendientes, un juez programa comparecencias judiciales para septiembre de 2029 — “esas son las primeras fechas que tengo disponibles”, les dice a los demandados que pensaban que hoy tendrían sus audiencias.
Y añade en voz alta: “¿Quién sabe si seguiré aquí para entonces?”
Desde que Trump asumió la presidencia, 149 jueces de inmigración han sido despedidos, han aceptado una oferta de salida anticipada o han sido transferidos involuntariamente, según datos de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. Eso representa aproximadamente una quinta parte de los aproximadamente 700 jueces de inmigración que estaban en funciones a principios de año.
Los despidos forman parte de “un plan muy, muy grandioso para crear una máquina de deportación sin fricciones”, le dijo un exjuez de inmigración a CNN este año. Algunos funcionarios del Departamento de Justicia argumentan que están devolviéndole la equidad al sistema.
“EOIR está restaurando la integridad del sistema de adjudicación migratoria”, le dijo su portavoz a CNN. “El Departamento de Justicia no ‘ataca’ a los jueces de inmigración por tomar ninguna decisión de personal de una manera u otra, basándose en criterios personales o en las opiniones que se perciben que tiene un juez”, sino que evalúa continuamente a todos los jueces en función de factores como conducta, sesgo, cumplimiento de la ley, rendimiento y profesionalidad.
“Todos los jueces tienen la obligación legal, ética y profesional de ser imparciales y neutrales en la resolución de casos”, dijo el portavoz. “Si un juez incumple esa obligación al demostrar un sesgo sistemático a favor o en contra de cualquiera de las partes, el EOIR está obligado a tomar medidas para preservar la integridad de su sistema.”
Los jueces que permanecen en el estrado se enfrentan a una rápida serie de nuevas políticas y fallos de los tribunales de apelación que están transformando las decisiones que pueden tomar en sus salas.
De vuelta en Annandale, uno de esos cambios lleva a un juez a hacer una declaración que hace solo unos meses habría sido impensable.
“No creo tener la jurisdicción”, dice Choi con naturalidad desde el estrado.
Un abogado acaba de pedirle que libere a su cliente detenido bajo fianza, una solicitud que solía ser de rutina en el tribunal de inmigración.
La abogada se presenta de manera remota en la sala del tribunal de Choi y, tiene a varios niños con el rostro serio sentados a su lado, dice que Juan Carlos Cruz Jiménez es padre de seis hijos — cuatro de ellos ciudadanos estadounidenses — que posee su propio negocio de pintura, paga impuestos y ha vivido en Estados Unidos durante décadas.
Los abogados de ICE han argumentado que el hombre hondureño no debería ser puesto en libertad debido a que tiene cargos de agresión en su historial. También subrayan que Choi no tiene el poder de decidir si Cruz debe permanecer detenido mientras lucha contra los esfuerzos del gobierno para deportarlo.
Y Choi dice que ellos tienen razón.
Es una determinación rápida en los procedimientos judiciales actuales. Pero forma parte de un cambio trascendental. Un panel de tres jueces, designados por la administración Trump, de la Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó recientemente que cualquier persona que haya entrado ilegalmente a Estados Unidos ya no es elegible para solicitar una fianza en el tribunal de inmigración, incluso si lleva años viviendo en el país.
“No es cuestión de si estoy de acuerdo o no”, dice Choi. “Este tribunal simplemente está obligado a cumplir esa decisión.”
A finales de noviembre, un juez federal en California emitirá una resolución que podría cambiar eso, ordenando que los inmigrantes detenidos en todo Estados Unidos que no tengan antecedentes penales deberían poder tener la posibilidad de solicitar fianza, incluso si han entrado ilegalmente al país. Pero la orden podría ser apelada, según The Associated Press, lo que hace que su impacto en futuros procedimientos judiciales de inmigración sea poco claro.
En esta mañana de octubre, está claro que Cruz tendrá que permanecer detenido mientras defiende su caso para poder quedarse en Estados Unidos.
Saluda a sus hijos mientras sale de la pantalla y vuelve al centro de detención, sin saber cuándo volverán a verse.
Fuera de otra sala de tribunal en Los Ángeles, un niño de 7 años se vuelve hacia su padre.
“¿Por qué necesitamos un abogado?” pregunta Cristian José ese mismo miércoles.
“Para que pueda defendernos”, responde Raymond Azaneth Gonzáles Valladares.
“¿Defendernos de qué? ¿Como un guardaespaldas?” pregunta Cristian José.
Gonzáles dice que su familia huyó de su Honduras natal debido a la violencia de las pandillas. Su hijo menor, Logan, tenía solo 3 meses cuando se fueron.
“Tuvimos problemas con algunos miembros de una pandilla. Querían matarnos, nos seguían”, dice Gonzáles.
“No vendrán aquí, ¿verdad?” le pregunta Cristian José a su padre.
“No”, responde Gonzales. “Por eso necesitamos un abogado.”
Siente alivio de que, durante su audiencia de hoy, el juez le haya dado la oportunidad de encontrar uno.
“Yo puedo protegernos”, dice Cristian José antes de correr por los pasillos con su hermano pequeño, sus zapatillas Nike chirrían a su paso.
De vuelta en la Costa Este, tres niños nacidos en Estados Unidos están sentados fuera del tribunal en Annandale, con sus pequeñas manos sobre el regazo en posición de oración, esperan para saber cuál es el destino de su padre.
Dentro de la Sala #7, Rafael de El Salvador da un paso adelante, con las manos temblorosas mientras sujeta el borde de la mesa de madera.
Lleva más de una década en Estados Unidos. Ha trabajado muchas horas en la construcción, ha pagado sus impuestos, es propietario de su negocio y ha criado a los tres hijos que le esperan.
Su abogado, que le pidió a CNN que no usara el apellido de Rafael debido a su estatus migratorio, había solicitado la cancelación de la expulsión, esperando que un juez le conceda la oportunidad de quedarse en el país.
Rafael, con voz temblorosa, le cuenta al juez sobre sus hijos y la vida que ha construido aquí. Uno de ellos, dice, tiene una discapacidad de aprendizaje que requiere atención especial.
Mientras empieza a describir su relación, se detiene un momento y se cubre la cara con las manos.
Le dice al juez que no puede simplemente irse a El Salvador: sus hijos crecieron aquí y no conocen otra vida. Explica que su negocio está aquí, que sus hijos practican deportes, tienen amigos, toda su vida está en Estados Unidos. Le suplica al juez que le dé la oportunidad de quedarse.
Por números, es difícil decir cuán probable es que Rafael gane. Según los datos federales de Syracuse, la jueza que consideró su caso hoy denegó solo un pequeño porcentaje de los casos de asilo en los años fiscales 2023 y 2024, muy por debajo de la media nacional.
Pero en los primeros 11 meses del año fiscal 2025, denegó casi el 78% de los casos de asilo que se presentaron ante ella.
Y las súplicas desesperadas no son suficientes para ganar en los tribunales de inmigración.
“Tras revisar las pruebas”, comienza la jueza, con tono sereno pero serio, “se deniega la moción de cancelación de expulsión.” Ella explica que no encontró en el caso nada urgente ni que pusiera en peligro su vida.
Las palabras suenan en cámara lenta. El hombre baja la cabeza, con los ojos enrojecidos. El intérprete susurra la decisión en español, aunque él ya había entendido.
Afuera, su hermana sostiene una carpeta con certificados de nacimiento y nóminas, como prueba de la vida que creó aquí. Ella levanta la vista con esperanza cuando se abren las puertas de la sala, pero la expresión de él al salir le dice todo.
Ella lo abraza y sus hijos lo abrazan por detrás. Pasarán unas semanas hasta que le envíen de vuelta al país del que huyó hace años. Por ahora, permanecen juntos en el pasillo del juzgado abrazados mientras un guardia observa desde la distancia; el eco de las palabras del juez aún flota en el aire, frío y definitivo.
Al comenzar su última sesión del día en Nueva York, Siemietkowski enumera una lista de números A. Hay más de 10 personas en la lista del juez. Él quiere verificar con su secretario que no se presentaron a las audiencias programadas.
Eso no es nada nuevo. Pero decidir cómo manejar algunos de estos casos hoy es más difícil, dice Siemietkowski. Hoy fue el primer día del cierre del gobierno, y durante casi una hora esta mañana, los guardias y el personal del tribunal recibieron diferentes directrices de los funcionarios sobre si el tribunal estaba abierto antes de recibir finalmente la noticia de que los empleados de los tribunales de inmigración del país eran considerados trabajadores esenciales.
El juez finalmente decide reiniciar y darle otra fecha de juicio a los que no se presentaron a las 8:30 a.m. Cuando lee un nombre de la lista con los números de caso, su secretario lo detiene.
“Bueno, él se presentó “, dice el secretario, “pero también fue detenido” se lo llevó ICE.
La sala queda en silencio por un momento. Luego, Siemietkowski pasa al siguiente número de su lista.
Pasa una hora. Ortiz, la ciudadana venezolana a la que el juez advirtió anteriormente por Webex, no aparece por ningún lado.
Siemietkowski ordena su deportación.
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Celina Tebor, Maria Aguilar Prieto y Maeva Bambuck de CNN reportaron desde Nueva York; Catherine E. Shoichet y Angélica Franganillo Díaz de CNN reportaron desde Annandale; Cindy Von Quednow reportó desde Los Angeles; y Graham Hurley reportó desde Atlanta. Gloria Pazmino, Lizzie Jury and Hayley Wilson de CNN contribuyeron a este informe.
