Administración Trump deportó “inadvertidamente” a mujer transgénero a México, a pesar del riesgo de que pudiera ser torturada
Por Elizabeth Wolfe, CNN
El Gobierno de Trump admitió que deportó “inadvertidamente” a una mujer transgénero a México este mes, después de que un juez ordenara que no fuera trasladada al país por temor a que pudiera ser torturada o perseguida violentamente.
El Gobierno ha declarado que permitirá el regreso a Estados Unidos de Britania Uriostegui Ríos, ciudadana mexicana, si logra llegar a la frontera. Una vez que regrese, será puesta nuevamente bajo custodia del ICE mientras el Gobierno intenta deportarla a otro país, según consta en documentos judiciales.
Este caso constituye el ejemplo más reciente de la administración Trump de deportación indebida de personas protegidas por órdenes judiciales o estatus especial, en el marco de su programa de deportaciones masivas sin precedentes, impulsado por el presidente.
Uriostegui Ríos es al menos el quinto caso de este tipo en lo que va del año, incluyendo el dramático enfrentamiento legal de la administración por la deportación —y posterior regreso— del salvadoreño Kilmar Abrego García.
Los abogados de Uriostegui Ríos están demandando a la administración y exigiendo que no se le obligue a regresar a la custodia federal una vez que regrese a EE.UU., “si logra llegar a un puerto de entrada sin morir”.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas transgénero, según el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos de Personas Trans.
Si bien no se conoce con exactitud el alcance total del riesgo que enfrentan las personas transgénero en México, periodistas y organizaciones de defensa de sus derechos han documentado una violencia generalizada, a menudo fatal.
Desde su entrada a Estados Unidos en 2003, Uriostegui Ríos ha acumulado un largo historial delictivo que incluye condenas por alteración del orden público, solicitación sexual y conducir bajo los efectos del alcohol, según documentos judiciales de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
Un juez de inmigración ordenó su deportación en marzo después de que fuera declarada culpable de agresión con arma mortal en Las Vegas.
Pero el juez, al mismo tiempo, impidió que el Gobierno trasladara a Uriostegui Ríos a su país natal, México, al considerar que existía la probabilidad de que allí pudiera sufrir “tortura”.
Aun así, Uriostegui Ríos fue trasladada en avión desde un centro de detención en Louisiana a Texas el 11 de noviembre, donde, según sus abogados, fue llevada a través de la frontera hacia México sin dinero, sus medicamentos diarios ni un teléfono celular.
Logró conseguir un teléfono prestado y llamar a sus abogados, quienes afirman no haber sido notificados de su deportación.
“ICE confirmó que su cliente fue deportado a México por error”, escribió la abogada del Departamento de Justicia, Shannon Smitherman, en un correo electrónico presentado ante el tribunal.
Al día siguiente, añadió: “ICE está dispuesto a subsanar la deportación involuntaria permitiendo que su cliente vuelva a entrar voluntariamente a Estados Unidos si así lo desea”.
CNN ha solicitado comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y a la Casa Blanca.
Uriostegui Ríos se encontraba detenida en un centro penitenciario masculino en Louisiana mientras el Gobierno estadounidense intentaba, sin éxito, deportarla a Costa Rica, Honduras y Nicaragua, según consta en documentos judiciales.
En agosto, el Gobierno inició un proceso para su traslado a El Salvador, pero la solicitud aún está pendiente ante las autoridades salvadoreñas.
No está claro qué temores expresó Uriostegui Ríos al juez, pero la definición legal de tortura es amplia e incluye la violencia sancionada por el Estado, el “trato cruel e inhumano” y el sufrimiento mental prolongado por temor a la propia vida.
Cuando se le preguntó qué amenazas enfrenta Uriostegui Ríos en México, su abogada Bridget Pranzatelli dijo a CNN que “es una mujer trans que ha sufrido un trauma extremo, incluyendo haber sido víctima de trata sexual por parte de cárteles desde los 12 años de edad”.
“Como consecuencia de estas experiencias, sufre graves problemas de salud mental”, declaró Pranzatelli. “Hay muchas personas en México que quieren hacerle daño, por lo que un juez de inmigración consideró que era muy probable que la torturaran o la mataran si la obligaban a regresar”.
Desde que fue enviada a México, Uriostegui Ríos ha estado ocultando su identidad mientras se refugia con su familia por temor a que descubran que es trans y la echen, escribió una de sus abogadas, Talia Lepson, en un documento judicial.
Si Uriostegui Ríos logra regresar a Estados Unidos, su equipo legal solicita que sea liberada de la custodia del ICE y que se le permita regresar a casa bajo una orden de supervisión, argumentando que “no se puede confiar en que el Gobierno cumpla la ley” ni las órdenes judiciales.
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