Los ataques a barcos de Trump parecen bastante impopulares, ya que los estadounidenses vuelven a apoyar el debido proceso
Análisis por Aaron Blake, CNN
Cuando el presidente Donald Trump comenzó a deportar rápidamente a inmigrantes a principios de este año a una brutal prisión salvadoreña —algunos incluso injustamente— sin debido proceso, los demócratas se mostraron algo cautelosos a la hora de oponerse.
Sí, la medida parecía ilegal y sumamente problemática. Pero ¿acaso los estadounidenses no querían simplemente que los inmigrantes indocumentados fueran deportados? ¿Al defender el debido proceso, los demócratas no corrían el riesgo de parecer que estaban del lado de personas que se encontraban en el país ilegalmente, o incluso de supuestos miembros de pandillas?
Bueno, resultó que los estadounidenses podían distinguir entre ambas cosas. En gran parte debido a la mano dura de sus deportaciones, la agenda migratoria de Trump ha sufrido una serie de derrotas en los tribunales y ha perdido el favor del público.
A pesar de reducir el número de cruces ilegales de la frontera a mínimos históricos, Trump de alguna manera tiene cifras negativas en las encuestas sobre inmigración.
Podríamos estar presenciando una dinámica similar con los ataques, legalmente cuestionables, de Trump contra supuestos barcos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo estos ataques sin un proceso legal ni ofrecer pruebas públicas de sus justificaciones. El Gobierno ha comparado la lucha contra los narcotraficantes con una guerra literal y ha dicho que eso le permite usar poderes bélicos.
A pesar de haber realizado estos ataques durante más de dos meses y de haber matado ya a 80 personas, no teníamos una idea clara de la opinión pública, hasta ahora. Y resulta que, al igual que con las deportaciones rápidas, el público estadounidense tiene verdaderas preocupaciones.
Una nueva encuesta de Reuters-Ipsos publicada este viernes encontró que los estadounidenses se oponen a tales ataques por un amplio margen, 51 % frente a 29 %.
La pregunta era si la gente apoyaba “autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a matar a presuntos narcotraficantes fuera de Estados Unidos sin un proceso judicial”.
Los independientes se opusieron en un 53 % – 22 %. Aproximadamente el doble de estadounidenses se opusieron firmemente (34 %) en comparación con los que lo apoyaron firmemente (15 %). Incluso el 27 % de los republicanos se opusieron.
Esos son el tipo de números que parecerían sugerir un verdadero peligro político para Trump, y podrían animar a los demócratas y otros críticos a empezar a expresarse con más fuerza.
A pesar de la naturaleza extraordinaria de estos ataques y de las importantes cuestiones legales que los rodean, esos críticos hasta ahora han estado relativamente callados. Y ciertamente no han intentado elevar este tema a una prioridad.
Contamos con figuras como el senador republicano libertario Rand Paul, quien se ha manifestado con bastante firmeza. Paul ha calificado los ataques de “ejecuciones extrajudiciales”. Él y la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska votaron con casi todos los demócratas del Senado el mes pasado para limitar la autoridad de Trump en los ataques a barcos, aunque la medida finalmente no fue aprobada.
Otros legisladores han pedido más informes del Gobierno, que no ha ofrecido públicamente una justificación legal para los ataques.
Pero está claro que los demócratas han decidido tratar el tema con cierta cautela, quizá por temor a que parezca que están defendiendo a los narcotraficantes.
La semana pasada, el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado, Mark Warner de Virginia, incluso expresó confianza en la inteligencia subyacente.
Warner sugirió que, independientemente de otras preocupaciones que la gente tenga sobre los ataques –y él mismo expresó inquietudes sobre la transparencia del Gobierno–, no deberían preocuparse demasiado por que ataquen a personas inocentes.
Pero solo unos días después, Associated Press informó que algunos de los muertos en los ataques parecen haber sido delincuentes de bajo perfil y aficionados, en lugar de los “narcoterroristas” que el Gobierno dice estar atacando.
Este parece ser un tema muy vigente que seguirá evolucionando. Y la encuesta sugiere que quienes quieran expresar preocupaciones tienen un amplio respaldo popular.
Pero en realidad, eso no debería sorprender.
Una y otra vez, las encuestas han sugerido que el pueblo estadounidense está bastante interesado en defender el principio del debido proceso, el principio que dice que, sí, estas personas podrían ser criminales, pero probablemente deberíamos asegurarnos de eso y exigirles responsabilidades. Y eso incluso aplica para los no ciudadanos.
Una encuesta del Public Religion Research Institute realizada en mayo mostró que los estadounidenses se oponen a que el Gobierno deporte a migrantes indocumentados a prisiones en El Salvador y otros países “sin permitirles impugnar su deportación en un tribunal”, 61 % – 37 %.
Otra encuesta de la Universidad de Vanderbilt realizada en junio mostró que el apoyo a las deportaciones disminuyó del 51 % al 39 % cuando se añadió la condición de que se realizaran “sin una audiencia formal ante un juez en un tribunal de inmigración”.
Y una encuesta de mayo de Reuters-Ipsos mostró que los estadounidenses dijeron 55 % – 41 % que las personas sospechosas de estar en el país ilegalmente tienen derecho al debido proceso. Los independientes estuvieron de acuerdo con eso 63 % – 36 %, e incluso el 22 % de los republicanos estuvo de acuerdo.
Veremos si estos datos —y quizás los recientes resultados electorales que sugieren que Trump está en un punto bajo de su popularidad— infunden más confianza a los legisladores sobre la voluntad de librar esta batalla.
Si bien no es lo único, las consecuencias negativas de no alzar la voz con mayor firmeza también parecen hacerse más evidentes.
Esta misma semana, un informe de grupos de derechos humanos alegó que decenas de venezolanos que fueron enviados a la prisión de El Salvador fueron sometidos a tortura y otros abusos graves, como violencia sexual. El informe también hizo eco de reportes previos que, contrariamente a las afirmaciones del Gobierno, hay poca evidencia de que muchos de estos migrantes fueran los criminales peligrosos o miembros de pandillas que el Gobierno decía que eran.
Ante todo esto, se entiende por qué los estadounidenses podrían mostrarse escépticos no solo ante la posibilidad de encarcelar a personas sin el debido proceso, sino también de matarlas.
Y parece que así es.
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