El Departamento de Salud de Trump ordena a programas estatales de Medicaid que ayuden a encontrar inmigrantes indocumentados
Por Phil Galewitz, KFF Health News
La administración Trump ha ordenado a los estados que investiguen a ciertas personas inscritas en Medicaid para determinar si no son elegibles debido a su estatus migratorio.
Cinco estados informaron haber recibido consultas sobre más de 170.000 nombres en conjunto, una medida “sin precedentes” del Gobierno federal que involucra al programa de salud estatal-federal en la represión migratoria del presidente.
Los activistas afirman que esta iniciativa sobrecarga a los estados con verificaciones duplicadas y podría provocar que las personas pierdan su cobertura simplemente por no cumplir con los plazos de presentación de documentos.
Solo los ciudadanos estadounidenses y algunos inmigrantes con estatus legal pueden acceder a Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos y con discapacidad, y al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), estrechamente relacionado.
Quienes carecen de estatus legal no pueden acceder a la cobertura médica financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes ofrecidos a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act).
“Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para salvaguardar el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales atiendan únicamente a quienes son verdaderamente elegibles según la ley”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado de prensa en agosto en el que anunciaba la iniciativa de verificación.
La nota decía que los 50 estados recibirían una lista de nombres para verificar en el plazo de un mes.
Para evaluar el progreso de la iniciativa, KFF Health News contactó en octubre a agencias de Medicaid en 10 estados seleccionados al azar.
Cinco de ellas proporcionaron el número aproximado de nombres que habían recibido de la administración Trump, con la expectativa de recibir más: Colorado había recibido alrededor de 45.000 nombres; Ohio, 61.000; Pensilvania, 34.000; Texas, 28.000 y Utah, 8.000. Más de 70 millones de personas están inscritas en Medicaid.
La mayoría de esos estados declinaron hacer más comentarios. Los otros cinco —California, Florida, Georgia, Nueva York y Carolina del Sur— se negaron a revelar cuántos nombres se les ordenó revisar o simplemente no respondieron.
En agosto, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid comenzaron a enviar a los estados los nombres de personas inscritas en Medicaid que la agencia sospechaba que podrían no ser elegibles, exigiendo a las agencias estatales del programa que verificaran su estatus migratorio.
En los últimos días, el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, comenzó a publicar en la plataforma social X fotos de personas que, según él, son delincuentes convictos que viven en Estados Unidos sin autorización y que han recibido beneficios de Medicaid.
No se pudo contactar a O’Neill para obtener comentarios. Los portavoces de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid no respondieron a la solicitud de comentarios ni confirmaron cuántos nombres ha presentado la agencia a los estados.
“Nos preocupa enormemente porque, francamente, esto parece un despilfarro de recursos estatales y fomenta la agenda antinmigrante del Gobierno”, declaró Ben D’Avanzo, estratega sénior de defensa de la salud del Centro Nacional de Derecho Migratorio, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes. “Esto duplica lo que ya hacen los estados”, añadió.
Como parte de la ofensiva del Gobierno contra las personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, el presidente Donald Trump ordenó en febrero a las agencias federales que tomaran medidas para garantizar que no obtuvieran beneficios en violación de la ley federal.
En junio, los asesores de Kennedy ordenaron a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que compartiera información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional, lo que provocó una demanda por parte de algunos estados alarmados de que la administración utilizara la información para su campaña de deportación contra residentes no autorizados.
En agosto, un juez federal ordenó al HHS que dejara de compartir la información con las autoridades de inmigración.
Las agencias estatales de Medicaid utilizan bases de datos mantenidas por la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional para verificar el estatus migratorio de los inscritos.
Si los estados necesitan volver a contactar a las personas para volver a verificar su ciudadanía o estatus migratorio, esto podría provocar que algunas queden innecesariamente excluidas de los registros, por ejemplo, si no reciben una carta solicitando documentación o si no cumplen con la fecha límite para responder.
“No estoy segura de que la evidencia sugiera que realmente existe una necesidad de esta verificación adicional”, dijo Marian Jarlenski, profesora de políticas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.
En su comunicado de prensa de agosto, CMS indicó que está solicitando a los estados que verifiquen la elegibilidad de los inscritos cuyo estatus migratorio no pudo confirmarse a través de las bases de datos federales. “Esperamos que los estados actúen con rapidez y supervisaremos el progreso mensualmente”, afirmó la agencia.
Leonardo Cuello, profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, calificó la orden de CMS a los estados como “sin precedentes” en los 60 años de historia del programa Medicaid.
Dijo que el Gobierno federal podría no haber podido verificar el estatus migratorio de ciertas personas debido a que los nombres estaban mal escritos o desactualizados, como cuando una beneficiaria es identificado por su apellido de soltera en lugar de su apellido de casada. Los nombres también podrían incluir a personas que reciben ayuda a través de Medicaid de Emergencia, un programa que cubre el costo de los servicios de emergencia hospitalaria, incluyendo partos, para personas independientemente de su estatus migratorio.
“CMS está llevando a cabo revisiones inútiles del estatus migratorio de personas cuyas facturas hospitalarias fueron pagadas por Medicaid de Emergencia”, dijo Cuello.
Las verificaciones suponen una carga adicional para las agencias estatales de Medicaid, que ya están ocupadas preparándose para implementar la ley fiscal y de políticas públicas que Trump promulgó en julio.
La medida, que los republicanos denominan la Ley Única y Reformista, introduce numerosos cambios en Medicaid, entre ellos, la exigencia de un requisito laboral en la mayoría de los estados a partir de 2027. La ley también exige que la mayoría de los estados verifiquen con mayor frecuencia —al menos dos veces al año— la elegibilidad de muchos adultos inscritos en el programa.
“Me preocupa que los estados realicen controles innecesarios que perjudiquen a algunos afiliados, quienes perderán su cobertura médica injustamente”, dijo Cuello. “Será muchísimo trabajo para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y para los estados, con muy poca recompensa”.
Cuello afirmó que el esfuerzo podría tener “mayor valor político que valor real”.
Brandon Cwalina, portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, que administra Medicaid en el estado, dijo que ya exigen que cada solicitante de Medicaid verifique su ciudadanía o, cuando corresponda, su estatus migratorio elegible.
Sin embargo, afirmó que la directiva emitida por CMS “constituye un nuevo proceso, y el DHS está revisando cuidadosamente la lista para tomar las medidas apropiadas”.
Según explicó, si un residente legal no tiene un número de Seguro Social, el estado confirma su estatus legal consultando una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, además de verificar documentos de inmigración específicos.
Otras agencias estatales de Medicaid indicaron que también necesitaban reagruparse antes de contactar a los inscritos.
“Nuestros equipos acaban de recibir este aviso y están trabajando en un proceso mediante el cual realizaremos estas revisiones”, respondió Jennifer Strohecker, entonces directora de Medicaid de Utah, a una junta asesora estatal en agosto.
Con información de Renuka Rayasam y Rae Ellen Bichell.
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