Sheinbaum quiere más denuncias contra la extorsión. Empresarios que han alzado la voz contra este delito han sido asesinados

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Cinco días antes de que su cuerpo fuera hallado por autoridades de Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, publicó en su cuenta de Facebook un pronunciamiento en el que dijo que este sector agrícola pide que los gobiernos en México garanticen condiciones necesarias para que los productores de limón trabajen sin poner sus vidas en riesgo.

“Seguridad para trabajar nuestras tierras sin miedo”, resumió Bravo Manríquez, un empresario que previamente había denunciado que los limoneros de esa zona de Michoacán —un estado del suroeste mexicano— son un blanco constante de extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

El lunes 20 de octubre, la Fiscalía de Michoacán informó en un comunicado que el cuerpo de Bravo Manríquez fue encontrado dentro de su vehículo sobre un camino rural, por lo que abrió una investigación por homicidio.

La noticia, que ha captado la atención mediática desde esa fecha, nuevamente pone el foco en los problemas de violencia en México en general y en Michoacán en particular, así como en un delito que la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que registra un incremento: la extorsión.

Sheinbaum habló el martes sobre el asesinato de Bravo Manríquez. En su conferencia de prensa diaria, dijo que hay una investigación en marcha y que “tiene que haber justicia” en este caso. Ese mismo día, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo a Aristegui Noticias que una línea que se sigue en la indagatoria es la posible implicación de grupos dedicados a extorsionar en la zona de Apatzingán.

Hasta el momento, dos personas han sido detenidas por su presunta relación con estos hechos, según informó el miércoles el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante una comparecencia en el Senado. CNN busca saber más sobre estos arrestos.

En julio, la presidenta presentó una nueva estrategia contra la extorsión, a la que el mismo lunes 20 de octubre sumó una iniciativa para crear una nueva ley para combatir este delito. Entre otros puntos, el documento enviado a la Cámara de Diputados plantea homologar la definición, fijar penas y promover la denuncia, a través de mecanismos que, según el Gobierno, facilitarían hacerlo de forma anónima.

“Con esta propuesta, no solo se busca incentivar la presentación de denuncias, sino también proteger a la ciudadanía y reforzar su confianza en las instituciones de seguridad”, dice el texto.

Para algunos especialistas consultados por CNN, sin embargo, fomentar que las extorsiones se denuncien primero requiere que las autoridades del Estado puedan garantizar la integridad de los denunciantes.

Leonardo González Tafolla, director de la organización no gubernamental Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán y quien dio seguimiento al trabajo de Bravo Manríquez, dijo que actualmente no existen esas condiciones para alzar la voz.

“Le llegan a uno a su casa. ¿A quién denuncias, cómo? Te matan”, señaló.

Desde su perspectiva, los problemas de violencia y extorsiones en Michoacán tienen alrededor de 25 años, con altas y bajas. El momento actual, expuso, es uno de los peores de este período, derivado de que organizaciones criminales que antes se concentraban en el narcotráfico ahora dan más peso a otras actividades.

“Estos grupos, su característica es que son 100% depredadores sociales. Son grupos que no tienen ya ingresos provenientes de la producción y exportación de drogas. Han encontrado más lucrativo o más seguro vivir de las ‘cuotas’, como le llaman ellos”, dijo.

De acuerdo con Insight Crime, una organización sin fines de lucro que analiza el fenómeno del crimen en América Latina y el Caribe, algunas de las organizaciones criminales que operan en Michoacán son La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque no existe un registro oficial del total de personas asesinadas después de denunciar una extorsión, una revisión en fuentes abiertas muestra que el caso de Bravo Manríquez no es el único, considerando tan solo el sector empresarial.

Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en el estado de Baja California, murió a principios de julio de 2024 tras ser atacada con arma de fuego en la ciudad de Ensenada, luego de que había denunciado extorsión de cárteles del narcotráfico y pesca ilegal. La Fiscalía de Baja California dijo entonces que una línea de investigación eran las posibles represalias contra Pérez por las denuncias públicas que hizo por el llamado “cobro de piso”.

A finales de ese mes, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, fue asesinado a tiros en la ciudad de Matamoros, días después de denunciar extorsiones en el estado fronterizo con Estados Unidos. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pidió a la Fiscalía estatal abrir todas las líneas de investigación posibles, incluyendo si el homicidio estaba relacionado con las denuncias realizadas por Almanza Armas.

Casos como estos no solo exponen el riesgo que corren quienes denuncian una extorsión, sino también que el problema existe en varios estados del país.

David Luviano, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, consideró que el caso de Bravo Manríquez indica cómo se han extendido las extorsiones tanto a nivel estatal como nacional.

“La vocación de nuestro estado es eminentemente agrícola. Aquí se produce maíz, aguacate, berries, limón, melón, sandía, pero en realidad me parece que el problema se extiende al campo de todo el país. El campo está abandonado. Las áreas agrícolas están a merced de grupos delictivos y me parece que se ve poca voluntad de parte del Estado para mejorar eso”, dijo.

CNN contactó a la Secretaría de Seguridad federal para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

En julio, cuando Sheinbaum y el secretario García Harfuch presentaron la estrategia antiextorsión, el Gobierno estableció el combate de este delito como una de sus prioridades y reconoció su incremento.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer año de mandato de Sheinbaum —que comenzó el 1 de octubre de 2024—, se registraron 11.290 víctimas de extorsión, un incremento del 26,07% en comparación con el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la extorsión es el tercer delito con mayor incidencia en México con una tasa de 5.971 casos por cada 100.000 habitantes, solo detrás del fraude y del robo en la calle o en el transporte público. También indicó que el 90,4% del total de delitos que se cometen en el país no se denuncia, por causas como que los afectados piensan que hacerlo es una pérdida de tiempo, desconfían en la autoridad o le temen a quien los agrede.

Uno de los pilares del Gobierno de Sheinbaum para combatir las extorsiones es su iniciativa para crear una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de Extorsión, cuya discusión comenzará en las cámaras del Congreso. La mandataria plantea, entre otras medidas, que quienes cometan este delito sean castigados con penas de hasta 25 años de prisión, así como facilitar la denuncia anónima a través del número telefónico 089.

“Este tipo de denuncias anónimas podrán formularse requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete el delito y con ello el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho”, dice el documento.

Francisco Rivas, director de la organización no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano, consideró positivo que el Gobierno plantee revisar la legislación en la materia para que se homologue el tipo penal y se contemple cómo enfrentar nuevos instrumentos que antes no existían y ahora son utilizados para extorsionar.

Sin embargo, advirtió que tener una nueva normatividad no es suficiente y consideró que un primer paso esencial es tener instituciones fuertes, con servidores públicos capacitados y blindados contra la corrupción.

Rivas argumentó que de poco sirve colocar bloqueadores de señal en las cárceles, lugares desde donde muchos internos realizan extorsiones telefónicas, si los funcionarios penitenciarios están involucrados con la delincuencia.

“Tú necesitas a la base, a la estructura del aparato de seguridad, fortalecerlo. Eso quiere decir que necesitas más elementos, mejor preparados, mejor equipados y que sean incorruptibles”, dijo.

Luviano, el presidente de la Patronal de Michoacán, señaló por su parte que los empresarios del estado esperan que los gobiernos federal, estatal y municipal actúen contra las extorsiones.

“Necesitamos que se garantice el Estado de derecho. Eso ya le toca a las autoridades correspondientes y confiamos en que lo hagan”, dijo.

A la luz del caso de Bravo Manríquez, González Tafolla, del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, hizo un llamado urgente a que los gobiernos frenen a los grupos delictivos que operan en esa zona del país.

“Es verdaderamente desesperante y muy lamentable, porque es el asesinato de un líder que no solo afecta a su familia, sino que nos afecta a todos como comunidad y nos deja en una situación de total indefensión. ¿Quién sigue en la lista si esta gente va a seguir matando a los líderes?”.

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