Acusan a joven magnate de ser el cerebro de una red internacional de fraude multimillonario
Por Helen Regan, CNN
Es un magnate de rostro juvenil que ascendió a las más altas esferas del poder en su país adoptivo, Camboya, donde otorga becas y dirige programas filantrópicos mientras supervisa uno de los conglomerados más grandes y mejor conectados del país.
Pero detrás de esta fachada, Chen Zhi, de 37 años, dirige una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia, según las autoridades estadounidenses, un imperio alimentado por trabajo forzado y estafas con criptomonedas que, en un momento dado, supuestamente le generaban a Chen y sus asociados US$ 30 millones diarios.
El dinero se destinaba a la compra de obras de arte de Picasso, aviones privados y propiedades en barrios exclusivos de Londres, así como al pago de sobornos a funcionarios públicos, según los fiscales de Nueva York, quienes la semana pasada anunciaron que habían incautado US$ 15.000 millones en criptomonedas a Chen tras una investigación de varios años.
Esa acción arrojó una luz poco común sobre un presunto capo del turbio y criminal mundo de las estafas en línea del sudeste asiático, que, según las autoridades estadounidenses, operan bajo la protección de poderosos políticos y estafaron solo en Estados Unidos al menos US$ 10.000 millones el año pasado.
El Prince Group de Chen emplea a miles de personas y se presenta como uno de los mayores conglomerados de Camboya, con inversiones en bienes raíces de lujo, servicios bancarios, hoteles, grandes desarrollos de construcción, supermercados e incluso relojes de lujo.
Pero la semana pasada, la empresa fue declarada organización criminal transnacional por las autoridades estadounidenses, y Chen fue acusado en ausencia en Nueva York de conspiración para lavado de dinero y conspiración para fraude electrónico, junto con varios asociados.
Sigue prófugo y actualmente no enfrenta ninguna amenaza legal en Camboya, que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos.
Según las autoridades estadounidenses y británicas, Prince Group era el paraguas de más de 100 empresas fantasma y entidades supuestamente utilizadas para canalizar dinero lavado a través de 12 países y territorios, desde Singapur hasta St Kitts y Nevis.
“Chen Zhi no es un jefe mafioso como los concebimos tradicionalmente; él es (o más bien era) la cara pulida de una economía criminal protegida por el Estado”, dijo Jacob Sims, investigador visitante en el Asia Center de la Universidad de Harvard y experto en crimen transnacional.
CNN se ha puesto en contacto con Prince Group para obtener comentarios. CNN también ha contactado al Gobierno y al Ministerio del Interior de Camboya para solicitar declaraciones.
Prince Group previamente negó las acusaciones de irregularidades calificándolas de “falsas y difamatorias” en comunicados publicados en su sitio web. Esos comunicados han sido retirados desde entonces.
Poco se sabía sobre Chen, también conocido como Vincent, hasta que llegó a Camboya y comenzó a gastar enormes sumas de dinero.
Nació en la provincia suroriental china de Fujian el 16 de diciembre de 1987, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Sus primeros emprendimientos comerciales fueron, según informes, un cibercafé y centros de juegos en la capital provincial, Fuzhou. En 2011, se lanzó a las “aguas inexploradas de la inversión inmobiliaria en Camboya”, según un perfil en el sitio web de DW Capital Holdings, un administrador de fondos con sede en Singapur que enumera a Chen como su fundador y presidente, y que está entre las empresas sancionadas por EE.UU.
En esas “aguas inexploradas”, una oleada de desarrolladores, principalmente chinos, comenzó a construir casinos en la ciudad occidental camboyana de Sihanoukville en la década de 2010, transformando la tranquila localidad costera y refugio de mochileros en una bulliciosa meca del juego, impulsada por la regulación laxa y la facilidad para obtener licencias de casino.
Con los casinos y el juego en línea llegaron el crimen organizado, el lavado de dinero, la prostitución, el tráfico de drogas y las estafas en línea. La ciudad fue descrita como un “viejo oeste” donde surgió un prolífico nexo entre negocios y crimen.
Poco después de su llegada a Camboya, Chen se convirtió en ciudadano camboyano naturalizado, una opción disponible para quienes donan US$ 250.000 al Estado. Analistas señalan que adquirió títulos honoríficos y rápidamente ganó influencia entre la élite camboyana.
Fue elevado al cargo de asesor principal del Gobierno con rango de ministro, fue asesor personal del ex primer ministro Hun Sen y luego de su hijo y sucesor Hun Manet, y recibió el honorífico “neak oknha”, un título otorgado a empresarios destacados.
Un video publicado por el exlíder camboyano muestra a Chen junto a Hun Sen en 2022 durante una reunión de inversionistas. Chen también formó parte de una delegación que viajó con Hun Sen a Cuba en 2022, durante la cual se reunió con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y fue listado como “asesor” de Hun Sen.
Según la acusación estadounidense, Chen también viajó a Estados Unidos en abril de 2023 usando un pasaporte diplomático, un documento que, según se alega, obtuvo tras comprar relojes de lujo para un alto funcionario extranjero.
Al navegar por el sitio web de Prince Group de Chen, la imagen pública de la empresa es la de iniciativas benéficas, reconocimientos empresariales y premios por programas de responsabilidad social corporativa, grandes donaciones para combatir el covid y programas educativos.
El fideicomiso benéfico del grupo afirma haber donado fondos por valor de US$ 14 millones para ayudar a los camboyanos en diversas iniciativas. La empresa incluso abrió el Prince Horology Vocational Training Center, promocionado como la primera escuela independiente de relojería del país.
Además, tiene una presencia visible en el país, con rascacielos que salpican el horizonte de las ciudades de Camboya. A través de su filial Canopy Sands Development, Prince Group ha emprendido un proyecto de US$ 16.000 millones cerca de Sihanoukville para desarrollar una “eco ciudad” de 934 hectáreas llamada Bay of Lights.
Pero los fiscales federales alegan que ese imperio se extendía a al menos 10 campos de trabajo forzado en Camboya, donde los trabajadores eran obligados a realizar estafas “a gran escala” bajo amenaza de violencia. La acusación describió vastos dormitorios rodeados de altos muros y alambre de púas, donde los episodios de violencia y coerción eran “frecuentes”.
Desde supuestas inversiones del crimen organizado en Palau hasta empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Singapur, los investigadores implicaron a 146 entidades e individuos vinculados a Chen, su Prince Group y sus asociados.
“Es realmente notable tanto por el alcance, la escala y el tamaño de lo que han incautado, como por la medida en que han logrado identificar y atacar tantos de los diferentes nodos de esta red criminal en particular”, dijo Jason Tower, experto principal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
Además de la ciudadanía camboyana, Chen figura en el Departamento del Tesoro de EE.UU. como poseedor de pasaportes de Chipre y de la pequeña isla del Pacífico, Vanuatu.
Varias de las direcciones asociadas a Chen están en Hong Kong. La empresa de servicios de construcción e ingeniería Geotech Holdings —que tiene siete filiales, todas sancionadas por el Gobierno estadounidense— tiene su sede en Kwai Chung, donde se encuentra el puerto de contenedores de la ciudad. La empresa no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.
Las autoridades también alegan que Chen y sus coconspiradores sobornaron a funcionarios públicos en China y otros lugares para adelantarse a las investigaciones y redadas en el complejo de trabajo forzado. Según la acusación, Chen llevaba registros de los sobornos y, en 2019, se compró un yate de US$ 3 millones para un alto funcionario de un Gobierno extranjero no identificado.
Para aproximadamente 2020, Chen supuestamente había acumulado una asombrosa suma de ganancias lavadas que incluía aproximadamente 127.271 bitcoins valorados en US$ 15.000 millones, distribuidos en billeteras de criptomonedas no alojadas cuyos códigos privados él mismo controlaba.
Chen dominó una combinación de acceso a la élite, patrocinio y filantropía “que le abrió puertas en los sectores inmobiliario, financiero y político, proporcionándole en última instancia los recursos y la protección necesarios para hacer crecer su imperio de estafas”, dijo Sims.
Analistas han descrito a Camboya como un Estado de facto de estafas que corre el riesgo de convertirse en un paria global si no actúa contra las redes criminales dentro de sus fronteras.
La industria global de estafas, estimada en un valor de entre US$ 50.000 millones y US$ 70.000 millones, está evolucionando a una escala sin precedentes, señaló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a principios de este año, a pesar de las ampliamente publicitadas redadas en complejos de estafas en Myanmar.
Se estima que Camboya, que se ha convertido en epicentro de esta economía de estafas, genera entre US$ 12.500 millones y US$ 19.000 millones al año por ciberdelitos, lo que equivale a aproximadamente el 60 % del PIB del país, según un informe publicado por Humanity Research Consultancy en mayo.
En junio, un informe de Amnistía Internacional acusó al Gobierno de Camboya de “ignorar deliberadamente una serie de abusos a los derechos humanos, incluyendo esclavitud, trata de personas, trabajo infantil y tortura” perpetrados por bandas criminales en complejos de estafas en todo el país.
Y el Departamento de Estado de EE.UU. nombró a Camboya como patrocinador estatal de la trata de personas en su informe de 2025 sobre la Trata de Personas, en el que señaló que altos funcionarios camboyanos poseían propiedades utilizadas por operadores de estafas en línea para explotar a las víctimas.
Los analistas estiman que hay unos 300 complejos de estafas en el país, con una fuerza laboral de hasta 200.000 personas. La industria de confección y textil de Camboya, durante mucho tiempo pilar de su economía, emplea a alrededor de 1 millón de personas, según la ONU.
El informe de Humanity Research Consultancy, escrito por Sims, va más allá y detalla cómo el liderazgo y las instituciones estatales de Camboya están “profunda y directamente implicados en el crecimiento, la durabilidad y el florecimiento” de la industria de estafas del país.
“Las acusaciones se centran en Chen y Prince, no en el Estado per se, pero el patrón es inconfundible: no se construyen diez complejos de estafas con trabajo forzado, se mueven miles de millones y se compra impunidad sin protección política”, dijo Sims. “Es imposible imaginar que tal cantidad de riqueza se mueva por el sistema sin el conocimiento explícito y la participación de su hombre fuerte y su círculo inmediato”.
Las operaciones criminales han quedado en gran medida sin oposición en Camboya debido al desmantelamiento total en los últimos años de la sociedad civil y los medios independientes del país.
En octubre de 2024, el arresto del destacado periodista camboyano Mech Dara, quien ayudó a exponer la trata de personas que alimenta los centros de estafas en línea, generó una gran preocupación internacional.
“La sociedad civil en Camboya ha sido diezmada”, dijo Tower, de GI-TOC. “Y cualquiera que vaya e informe sobre este tema ahora es silenciado. Así que no hay espacio para informar sobre la economía de las estafas, ni para plantear estos temas en los medios; la sociedad civil no puede tocarlos”.
El Gobierno de Camboya ha negado repetidamente cualquier vínculo con la industria del ciberdelito y dijo este mes que está “comprometido a prevenir y reprimir todas las formas de delitos transfronterizos, especialmente las estafas en línea”.
A principios de este año, el primer ministro Hun Manet estableció una comisión para combatir a los estafadores. El Gobierno dice que esto ha llevado al arresto de 3.455 sospechosos, de 20 nacionalidades, acusados de ciberdelitos. Las autoridades también dicen haber desmantelado varias redes de crimen organizado y trata de personas, rescatando víctimas de trata en el proceso.
“No protegemos a quienes violan la ley”, dijo el portavoz del Ministerio del Interior de Camboya, Touch Sokhak, a la agencia de noticias Associated Press en relación con Chen. Subrayó que el propio Gobierno de Camboya no acusa a Prince Group ni a Chen de irregularidades.
El ministerio también rechazó informes que señalan al ministro del Interior, Sar Sokha, como coinversor en la empresa Jin Bei Casino, que según el Departamento del Tesoro de EE.UU. opera “uno de los complejos de estafas más notorios” de Prince Group. Por su parte, el Banco Nacional de Camboya dijo que estaba “tomando medidas de monitoreo e investigación cuidadosas” para asegurar que la filial de servicios financieros de Prince Group, Prince Bank, “cumpla con las leyes camboyanas”.
Camboya está “en una encrucijada”, dijo Tower.
La acción conjunta del Reino Unido y EE.UU. “envía una señal muy fuerte tanto a las redes criminales como a las élites en Camboya que las protegen y patrocinan… de que este tipo de impunidad no va a continuar, que sus activos ya no están seguros. Y por eso, creo que potencialmente es un punto de inflexión”, dijo Tower.
Los países de la región han comenzado a actuar contra el crimen que florece dentro de las fronteras de Camboya y que ha atrapado a sus ciudadanos.
La semana pasada, Corea del Sur emitió una prohibición de viaje para partes de Camboya tras la muerte de un estudiante surcoreano atraído para trabajar en los complejos de estafas, según la Policía. Más de 60 ciudadanos surcoreanos fueron deportados de Camboya y la Policía busca detener a la mayoría de ellos por presunta participación en estafas en línea.
Chen sigue prófugo, con un patrimonio neto que los analistas estiman en decenas de miles de millones. Y los complejos de estafas en Camboya continúan operando, robando dinero a víctimas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
“No es como si hubiera un botón de apagado que se pueda presionar para detener todos estos centros de estafas”, dijo Tower.
Ahora la pregunta es si EE.UU., el Reino Unido y sus aliados podrán usar la influencia de su operación conjunta de manera efectiva para desmantelar esta industria tan lucrativa.
“Es la primera vez que Washington y Londres atacan la arquitectura: la propiedad de la élite, los canales de lavado y el dinero mismo, en la cima”, dijo Sims.
“Reducir la capacidad de (Camboya) para operar como un Estado de estafas de facto no solo interrumpirá materialmente el crimen hoy, sino que también servirá como un modelo disuasorio efectivo a medida que este delito continúa expandiéndose globalmente”, agregó.
“Ahora es el momento de mantener el pie en el acelerador”.
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Con información de Kara Scannell, Yong Xiong y Gawon Bae, de CNN.
