A los bolivianos les prometieron una fiebre de “oro blanco”. Tras 17 años, el país cae en otra “maldición de recursos”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Bolivia, que concentra más de una quinta parte del litio de la Tierra, alcanza menos del 1% de la producción mundial de este cotizado mineral, con lo que está fuera de los 10 primeros productores. Los enormes salares donde brilla el sol del altiplano hoy son más un espejismo que una realidad para la alicaída economía boliviana, tan necesitada de recursos, y los contratos de inversión para impulsar la industria están paralizados a puertas de un cambio de Gobierno.

Van 17 años de promesas incumplidas y proyectos estatales que quedaron muy por debajo de las expectativas desde que el expresidente Evo Morales, quien llegó a decir que Bolivia exportaría desde baterías hasta automóviles eléctricos, impulsó la nacionalización del sector. Una planta de carbonato de litio en el salar de Uyuni inaugurada en 2023 por el mandatario Luis Arce es hasta ahora la insignia de la industria, pero funciona a menos del 20% de su capacidad proyectada.

Bolivia tiene recursos de sobra, pero le falta política, resume Héctor Córdova, expresidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia, sobre las iniciativas que, entre la burocracia y la disputa política, prácticamente no lograron salir del laboratorio. “Ha sido un problema sobre todo de gestión. No ha habido visión estratégica, con una mirada de muy corto plazo y de poco alcance”, señaló a CNN.

La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reportó que en 2024 produjo 2.064 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un elemento clave para las baterías recargables utilizadas en teléfonos y vehículos eléctricos. El panorama es muy distinto en los otros dos países que conforman el llamado Triángulo del litio: Argentina llegó en el año pasado a las 71.000 toneladas, mientras que Chile alcanzó más de 296.000 toneladas.

“Hay un desarrollo muy limitado todavía en relación a lo que se requería para consolidar una cierta posición en el mercado de provisión de litio. Los avances han tenido una serie de cuellos de botella y otros temas de ámbito técnico, además de problemas de gobernanza”, dijo a CNN Manuel Olivera Andrade, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, ganador de un premio de la Unesco por sus estudios sobre el aprovechamiento del litio. Además, considera que esos desafíos en los últimos años “más bien se han ido consolidando”.

La nacionalización del litio fue presentada en 2008 como el inicio de una era de soberanía y riqueza. Casi una década después fue creada por ley YLB, con la responsabilidad de toda la cadena productiva, desde la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los recursos.

La Constitución que rige desde 2009 remarca que el Estado ejerce la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía, y los contratos referidos a recursos naturales deben ser antes aprobados por el Poder Legislativo para su ejecución. De esta forma, las posibles concesiones deben seguir una discusión política y el proceso industrial queda concentrado en YLB.

Córdova, analista minero de la Fundación Jubileo, recuerda que en su momento esa política “fue elogiada, mostraba cierta soberanía y un reconocimiento de la capacidad interna, de las posibilidades que teníamos, se veía bien”, pero la situación hoy es distinta. “Ahora esa normativa es un obstáculo”, asegura. Según explicó, los funcionarios no tuvieron capacidad de reacción ante el disparo de la demanda global, la volatilidad del mercado y las expectativas puestas en el sector.

Córdova y otros analistas consultados coinciden en apuntar al modelo extractivista como el patrón que limita a Bolivia a la explotación de recursos sin que eso se traslade a un desarrollo económico y social.

“Tenemos tanta materia prima que podemos venderla rápidamente sin procesarla, pero es insostenible. Todos ven el corto plazo y se hipoteca el futuro”, sostuvo.

El sociólogo Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), afirmó que el extractivismo permitió a Bolivia contar con un excedente de regalías, pero llevó también a que el país dependa de esas actividades sin un valor agregado. “Esfuerzos de industrialización ha habido por montones, pero también incapacidad de hacerlo de manera positiva”, expresó a CNN.

Campanini dijo que los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) se acercaron a organizaciones sociales e intentaron establecer derechos, como la consulta previa para los proyectos, pero la dependencia a los réditos hizo que “llegado el momento, se vulneren todas esas conquistas”.

La nacionalización de recursos impulsada por Morales durante el boom de los commodities tuvo como protagonista al gas natural, el más importante para la economía boliviana, y estuvo caracterizada por una fuerte redistribución de la renta.

El proceso permitió al Estado hacerse de decenas de miles de millones de dólares con los que financió varios programas sociales, pero la gallina de los huevos de oro ya no luce como en sus mejores épocas. En 2024 la producción de gas natural fue de 31,8 millones de metros cúbicos diarios, casi 20 millones menos que en 2018. Esa caída, lastrada por la baja exploración, generó también una crisis de divisas en las arcas del país.

“La nacionalización era un punto crucial, fue la reacción inmediata ante una situación compleja. Políticamente, el Gobierno (de Morales) tenía que mostrar resultados”, dijo Córdova. Sin embargo, señaló que “fue un gran fallo” que en el acuerdo con las empresas privadas el Estado acepte encargarse de la exploración, que cayó bruscamente en los últimos años.

Campanini apuntó que el Estado, frente al enorme flujo de ingresos, “en lugar de hacer una planificación racional, empezó a sobreexplotar los campos” de hidrocarburos, y cuando quiso llevar adelante la exploración de nuevos yacimientos no obtuvo los mismos resultados.

Estas fallas en el aspecto técnico se ven reflejadas en el campo del litio. Los analistas destacan que los salares con los que Bolivia hace sus cálculos no son reservas certificadas, sino recursos estimados.

Córdova sostiene que, como con el gas, el país volvió a quedar atrapado en la combinación de riqueza natural y pobreza institucional. Tenerlo todo y no poder o saber aprovecharlo.

“Es la ‘maldición de los recursos’, en la que los países trabajan intensamente sobre los mecanismos para generar divisas. En casos como el nuestro, teniendo abundantes recursos naturales, es una salida muy fácil quedarse en el nivel extractivista. Eso nos coloca en inseguridad e incertidumbre grande, porque los precios de materias primas lo definen los consumidores. Es muy difícil planificar”, explicó.

“Esta urgencia de contar con recursos frescos, divisas, para satisfacer demandas locales, son factores que limitan el desarrollo”, agregó Córdova.

Las expectativas para las ganancias con el litio volaron cuando el precio internacional llegó a superar los US$ 80.000 por tonelada de carbonato a fines de 2022, pero desde entonces cayó estrepitosamente y ahora cotiza por debajo de los US$ 10.000, un precio menos atractivo para los inversores de nuevos proyectos.

“Hoy uno de los grandes mitos, que empieza a desmontarse, es que podría salvarnos. En Potosí (el departamento donde está gran parte de Uyuni), muchos nos dicen ‘creíamos que podía ser más que el gas, que podíamos ver más regalías que los grandes emprendimientos mineros’. Cuando uno relativiza, no estamos hablando de una transformación estructural de la economía local. Las regalías van a seguir siendo pocas”, dice el politólogo José Carlos Solón, autor de “Espejismos de abundancia. Los mitos de la industrialización del litio en el Salar de Uyuni”.

“El mito que hay que desbaratar es que (el litio) es una bala de plata que nos va a sacar de la crisis. Va a demorar mucho tiempo en alzar su vuelo”, agregó.

El proceso de extracción del litio también enfrenta un giro tecnológico. En 2021 el Gobierno de Arce lanzó una convocatoria internacional para usar la técnica de extracción directa de litio (EDL), y ya no las piscinas de evaporación por las que Bolivia optó anteriormente.

“Es el gran problema del quiebre y la continuidad”, indica Solón. El investigador lamenta que desde el Gobierno anunció el cambio las piscinas han sido descuidadas y muchas de ellas ahora muestran fallas. “Apostamos por la EDL, pero nos olvidamos un poco de la evaporación”, señala. Si bien el nuevo proceso es señalado por algunos expertos como una técnica más eficiente y sustentable, Solón considera que “no hay una mejor que otra, pueden no solo convivir, sino hasta combinarse”, y así no echar por tierra las inversiones ya realizadas.

Tras la convocatoria, el Gobierno firmó dos contratos con empresas de Rusia y China por un total de US$ 2.000 millones de dólares para instalar plantas industriales, pero los acuerdos no fueron ratificados por la Asamblea Legislativa, donde hubo varios señalamientos de secretismo y supuestos hechos de corrupción en YLB, que en el pasado afrontó denuncias de irregularidades del propio Gobierno.

El MAS, que sufrió un cisma de cara a las elecciones con una disputa entre Arce y Morales, no llegó a un acuerdo entre sus facciones para aprobar las inversiones y no se espera que el Congreso trate el tema hasta la próxima legislatura, bajo el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira, lo que deja en suspenso el futuro del litio boliviano.

En medio de la discusión legislativa, Arce advirtió sin éxito a los diputados que si los proyectos no eran aprobados corrían riesgo de ser anulados por la siguiente gestión. Los dos candidatos presidenciales que definieron la segunda vuelta adelantaron su oposición a los contratos firmados por el Gobierno de Arce.

El presidente electo, que tuvo como eje de campaña la descentralización de recursos, propone para el sector extractivo un “capitalismo energético inteligente” que diversifique las fuentes de ingresos. Dijo que impulsará seguridad jurídica para atraer inversores y fomentará asociaciones público-privadas, así como un enfoque sostenible del modelo.

Para Olivera, no queda claro cuál es el plan de acción. “No hubo grandes diferencias en las propuestas de los candidatos, tampoco hay especificidad. Forman parte de las grandes promesas de industrialización, de desarrollo basado en recursos naturales”, dijo el investigador de la UMSA. “Son 17 años que no se pueden borrar automáticamente. No todo estuvo mal, como dice la campaña mediática alrededor de este tema. Los candidatos relativizaron el tema y son ambiguos”, considera.

Olivera señala que, así como hace dos décadas era un momento propicio para la nacionalización, el escenario político actual puede darle al nuevo gobierno el margen para permitir mayor apertura, tras casi 20 años del modelo económico del MAS: “Hay una fuerte tendencia estatista en Bolivia. Sin embargo, siento que en las generaciones más jóvenes hay un mayor pragmatismo, incluso en la base social de las organizaciones sociales. En los liderazgos recientes se ha notado mayor flexibilidad y apertura (hacia la participación del sector privado)”.

Sin embargo, no espera que el litio esté en la agenda de prioridades del nuevo presidente. “La demanda social está volcada a resolver problemas más urgentes. La crisis energética, cambiaria, fiscal. Va a tomar por lo menos medio año para generar condiciones de gobernabilidad”, analizó.

Con ese telón de fondo, Campanini no ve mayores posibilidades de un cambio del modelo extractivista. “Cuando había precios favorables, era una posibilidad generar un excedente para cambiar de modelo. Ahora estamos en un momento económico interno muy malo, se está arrastrando una situación compleja de déficit fiscal, sin reservas. El Gobierno va a tener que recurrir a medidas urgentes. Lo primero es vender reservas en oro o pedir préstamos; lo segundo en la lista son las actividades extractivas”, analizó.

Los analistas consultados coinciden en dos puntos que consideran necesarios de cara al futuro: una rigurosa evaluación técnica de los avances realizados (y de las reservas existentes), así como una nueva ley del litio que defina una propia estrategia nacional y establezca un claro marco jurídico para todos los actores.

Una legislación que permita mayor participación privada requeriría un cambio constitucional, una batalla dura para cualquier gobierno.

“Hay que rediseñar todo este proyecto, que por el momento lo veo como quebrado: el antiguo no está funcionando a (plena) capacidad, no se sabe realmente el nivel de eficiencia de la planta, y la posibilidad de incursionar en nuevas tecnologías está todavía en pañales, no se ha concretado nada”, apuntó Córdova. Según su análisis, la nueva política debe ser elaborada pensando en una industrialización, no necesariamente de baterías, pero con una mirada estratégica de valor agregado.

Olivera, aunque ve complejo competir con Argentina y Chile, señala que Bolivia debería pensar en una especialidad en el ámbito de la cadena de baterías, y propone una empresa de participación mixta. No obstante, enfatiza que las políticas deben encararse con una amplia base social que incorpore las demandas de las regiones y los actores de la sociedad civil. “Sin un marco estratégico, se genera un campo para la discrecionalidad”, advierte.

En ese sentido, Campanini subraya que el próximo gobierno enfrentará “un altísimo nivel de conflictividad social” con demandas económicas y sociales, y remarca que el diseño del nuevo modelo no será inmediato.

Aunque no haya mayores perspectivas de un rompimiento del modelo extractivista, ya que las urgencias obligan a pensar en el corto plazo, Solón considera que la puerta no está cerrada para la industria del litio, ya que la Agencia Internacional de Energía aún estima un fuerte crecimiento de la demanda del mineral para al menos las próximas tres décadas. “Así el litio no vaya a ser la panacea, no suplante el gas, si no se aclaran las reglas, si no se hace con participación de las comunidades sociales, va a ser el entuerto de toda la vida”, expresó.

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