Miles de inmigrantes sostenían la construcción en EE.UU. Con Trump, esa fuerza se desvanece y recuperarla será difícil
Por Uriel Blanco, CNN en Español
Tal vez muchos conozcan el nombre de Kilmar Ábrego García, un caso icónico de la dura política migratoria en el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero hay un daño colateral poco comentado sobre todo el proceso que ha atravesado este salvadoreño desde que fue deportado por “error”: el hueco que deja en un sector laboral golpeado por varios factores, entre ellos las redadas de inmigración.
Ábrego García fue inicialmente detenido luego de completar un turno en una obra de construcción.
Desde entonces, su caso se suma al de tantos migrantes que van dejando un vacío laboral en la construcción, una industria que carece de mano de obra todos los meses desde hace años en EE.UU. Se estima que este sector lleva una década con escasez de trabajadores y que mensualmente hay un faltante de cercano a los 300.000 empleados, según Robert Dietz, economista jefe de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés).
Como Ábrego, también está el vacío laboral que dejó el migrante mexicano Leonel Chávez, quien fue detenido a mediados de agosto junto a su hermano Ricardo Chávez en Norwalk, Connecticut, y luego deportado a Tamaulipas, en México.
Su detención, en la que según el Gobierno mexicano hubo exceso “en el uso de la fuerza”, se realizó mientras los dos hermanos iban rumbo a su trabajo. Leonel Chávez, que vivía en Estados Unidos hace décadas, llevaba adelante un pequeño negocio de construcción desde hace unos cinco años. Su hija mayor, Leonela, se hará cargo del negocio ahora, pero Leonel ya no está ahí para dirigirlo.
Boris Bolagay es otro caso relacionado a la industria de la construcción. Es migrante ecuatoriano y vivió los últimos cuatro años en EE.UU. Pese a que estaba en proceso para regularizar su estatus migratorio, decidió regresar de manera voluntaria a su país de origen recientemente.
Bolagay regresó a Ecuador junto a su familia. Dice que tomar esa decisión fue más fácil al considerar la situación migratoria en tiempos de Trump, así como la precarización del trabajo para los inmigrantes.
“Cuando tomamos la decisión de regresar tampoco fue algo que lo pensáramos mucho, porque creo que la situación migratoria con el presidente Trump estaba supercomplicada (…) Por ejemplo, tú ibas por la autopista y ya te encontrabas patrulleros de la Patrulla Fronteriza, hacían requisas a las camionetas que pasaban porque como inmigrantes nosotros nos tocaba trabajar en lo que hay y lo que más había era construcción, entonces era mala paga”, señala en entrevista.
Trabajadores como Bolagay comenzaron a tener miedo de salir a trabajar en empleos de la construcción, sobre todo cuando una de las estrategias del Gobierno estadounidense para detener inmigrantes indocumentados se ha centrado en acudir a negocios como Home Depot.
Los jornaleros llevan mucho tiempo reuniéndose afuera de los estacionamientos de tiendas Home Depot o comercios similares para buscar trabajo. Home Depot, en particular, es un lugar conveniente para que contratistas y propietarios se acerquen y contraten trabajadores para pintar paredes, poner techos y realizar otros trabajos manuales. A esta fuerza laboral a menudo se les paga en efectivo, y muchos regresan a estos lugares todos los días con la esperanza de conseguir más trabajo.
“Las recientes redadas de inmigración en empresas en todo el país están creando serios desafíos para las economías locales, comunidades e industrias que dependen de la mano de obra inmigrante para operar y prosperar”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, un grupo que representa a empleadores con inmigrantes.
“En este momento estoy atrasado con mi renta porque tengo miedo de que me detengan en la esquina de Home Depot o de tener un encuentro con ICE”, dijo un jornalero indocumentado que lleva una década en Estados Unidos.
Este trabajador, quien habló este verano bajo condición de anonimato por temor a la deportación, ha dejado de buscar empleo fuera de un Home Depot en East Windsor, Nueva Jersey. “Esta es la temporada más importante para que trabajemos, y el miedo nos está impidiendo salir”, agregó.
A pesar del miedo, esta población debe salir a trabajar para poder pagar las cuentas, según Antonieta Cádiz, directora ejecutiva de Climate Power en Acción, un proyecto de comunicaciones para la comunidad latina centrado en clima y justicia medioambiental.
“Nuestra comunidad está viviendo tiempos muy difíciles en Estados Unidos y tienen que salir a trabajar porque no hay opción, si no cómo mantienen a su familia, cómo pagan sus cuentas, cómo lidian con los costos. Se ponen en riesgo todos los días, todos los días salen de su casa con miedo. Esa es la realidad que estamos viviendo en Estados Unidos hoy en día, y es aterradora”, declaró Cádiz en una conferencia virtual a inicios de agosto.
La construcción, que se observa de cerca como un indicador de la actividad económica, se ha visto afectada por una combinación de altas tasas de interés, una persistente crisis de asequibilidad de la vivienda, deportaciones de trabajadores e incertidumbre relacionada con aranceles.
La ofensiva migratoria de Trump —que ha apuntado a inmigrantes indocumentados con y sin antecedentes penales— ha tenido un impacto notorio en la construcción, ya que una parte importante de esta población sostiene a esa industria.
Los inmigrantes indocumentados representan entre el 4 % y el 5 % de la fuerza laboral total de Estados Unidos, pero su participación se eleva a un rango entre el 15 % y el 20 % en industrias como la producción de cultivos, el procesamiento de alimentos y la construcción, según Goldman Sachs, que advirtió en un informe en febrero que perder una “parte significativa” de esos trabajadores podría resultar en cuellos de botella temporales, escasez y aumento de precios.
La estimación de Goldman Sachs coincide con la del Foro Nacional de Inmigración, una organización que aboga por una reforma en el sector, que calcula que los inmigrantes indocumentados representan casi una cuarta parte de la mano de obra de la construcción en EE.UU.
En más de la mitad de Estados Unidos, la industria de la construcción recae fuertemente en los inmigrantes indocumentados. En 2023, la construcción fue la industria con la mayor proporción de inmigrantes indocumentados en 28 estados y la ciudad de Washington, según Pew Research.
Varios representantes de la industria han expresado su preocupación por las redadas indiscriminadas contra inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que han sido detenidos para su deportación, incluso en sectores que son críticos para la agenda más amplia del presidente.
“Esto hará que sea prácticamente imposible apoyar el esfuerzo del Gobierno para fortalecer la manufactura”, dijo Kip Eideberg, vicepresidente sénior de relaciones gubernamentales e industriales de la Asociación de Fabricantes de Equipos, a pesar del apoyo abrumador dentro de la industria a ese esfuerzo.
“Estamos entre la espada y la pared”, comentó Eideberg, y agregó que las deportaciones masivas reducirán la fuerza laboral.
Para organizaciones como Americans for Tax Fairness (ATF), el impacto de las políticas de Trump ha sido muy fuerte en industrias donde los latinos tienen tasas de empleo elevadas, como la construcción.
En un análisis publicado a inicios de octubre, ATF señaló que, entre enero y agosto de 2025 (los primeros ocho meses del actual Gobierno de Trump), se crearon 9.000 empleos en la industria de la construcción; en tanto, en ese mismo lapso del año pasado (todavía en el Gobierno de Joe Biden), se crearon 124.000 trabajos en ese sector, es decir, casi 14 veces más empleos.
ATF destacó la caída en esta industria porque, según sus estimaciones, la construcción no solo recae en los inmigrantes, sino en personas de origen latino.
“La construcción es la industria con más trabajadores latinos (en Estados Unidos) y una de las dos en la que los latinos (documentados e indocumentados) representan más del 40 % de la fuerza laboral total”, dijo David Kass, director ejecutivo de ATF, en una conferencia virtual previa a la publicación del análisis.
Dichas estimaciones se aproximan a las cifras oficiales: más de un tercio de los trabajadores de la construcción en el país nacieron fuera de EE.UU, según datos de 2023 de la Oficina del Censo, que no incluye preguntas sobre el estatus migratorio.
“En oficios de alta demanda como el de enlucido, instalación de paneles de yeso y pintura, los inmigrantes (documentados e indocumentados) a menudo constituyen más del 40 % de la fuerza laboral, lo que demuestra su papel indispensable para satisfacer la demanda de mano de obra calificada en la industria”, señala el reporte ‘State of Hispanics in Construction 2025’ de National Hispanic Construction Alliance (NHCA), publicado en marzo de este año.
Luego del informe oficial de empleo de septiembre —en el que, entre otras cosas, se menciona que la industria de la construcción perdió 7.000 empleos de julio a agosto—, Mark Zandi, economista jefe de la consultora Moody’s Analytics, dijo que Estados Unidos estaba en una “recesión de trabajos”. (El nuevo informe de empleo debió publicarse en los primeros días de octubre, pero está retrasado debido al cierre del Gobierno, así que el informe de septiembre es el más reciente hasta el momento).
“El sector de bienes de la economía, incluyendo la manufactura, la minería y la construcción, está perdiendo una cantidad significativa de empleos, al igual que el gobierno federal. Solo la atención médica y la hostelería están aumentando las nóminas. No es una recesión total, ya que el PIB, los ingresos y las ganancias aún están creciendo lentamente. Pero ¿por cuánto tiempo más, si la economía sigue perdiendo empleos?”, explicó Zandi en un mensaje en X.
La recesión, afirmó Zandi en X, no solo es en empleos, sino en industrias de la economía, entre ellas la construcción.
“Las industrias con mayores dificultades son las más afectadas por el aumento de los aranceles, la política de inmigración altamente restrictiva y los recortes del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés)”, indicó el economista jefe de Moody’s Analytics.
La construcción en EE.UU. es impactada por factores como la escasez de mano de obra calificada, el envejecimiento de la fuerza laboral y la desigualdad en los salarios, según el reporte de NHCA. Sin embargo, otro factor que afecta a la industria es la política migratoria del gobierno, menciona el reporte ‘Americas Construction Crisis’, publicado a finales de septiembre por Hispanic Construction Council (NHC).
En el caso de California, estado que ha sido afectado por redadas migratorias y despliegues de la Guardia Nacional en los últimos meses, la ofensiva de inmigración de Trump tiene el potencial de generar afectaciones a largo plazo, según el reporte de NHC.
“Las deportaciones masivas también amplifican los desafíos a largo plazo relacionados con la fuerza laboral y la equidad. Los trabajadores hispanos son el segmento más joven de la industria (de la construcción) y representan la fuente más sólida para reemplazar jubilaciones y avanzar hacia oficios con licencia. Su expulsión vaciaría el futuro grupo de líderes justo cuando el estado (de California) incrementa programas plurianuales vinculados a los mandatos de vivienda y a los fondos federales de infraestructura”, indica el reporte.
George Carrillo, cofundador y CEO de NHC, dijo a CNN que el riesgo en la construcción también es a corto plazo, pues “tenemos un retraso de 22 % en proyectos de infraestructura críticos y además tenemos un déficit de viviendas de aproximadamente 4 millones”.
“Por lo tanto, estimamos que para 2030 necesitamos alrededor de 3,2 millones de trabajadores de la construcción adicionales y 120.000 empresas para apoyar a esa fuerza laboral”, añadió.
Aunque los trabajadores latinos son imprescindibles en esta industria, eso no parece estar deteniendo al Gobierno de Trump, que sigue con su ofensiva migratoria. Según cifras oficiales, alrededor de 2 millones de inmigrantes indocumentados se han ido de EE.UU. en los primeros 250 días de la nueva presidencia, ya sea por deportación (más de 400.000 personas) o por salida voluntaria (un estimado de 1,6 millones).
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Este artículo fue elaborado con información de Gonzalo Zegarra, Maria Santana, Anabella Gonzalez, Ana María Cañizares. Gabriela Frías, Nathaniel Meyersohn, Vanessa Yurkevich, Alicia Wallace, Samantha Delouya, Julia Vargas Jones, Priscilla Alvarez y Phil Mattingly, de CNN.
