La Generación Z también se levanta en Latinoamérica y Perú es su principal escenario. Estos son los motivos
Por Claudia Rebaza
La noche cae. La Policía avanza entre el estruendo de consignas, sirenas y gritos. Al principio, algunos se resisten y empujan los vallados, mientras alguien flamea una bandera con una calavera. La violenta respuesta policial escala y hay algunos heridos hasta que la protesta comienza a dispersarse.
La escena ocurrió el 28 de septiembre en Lima, frente al Congreso de Perú. Pero se viene repitiendo desde el pasado 20 de septiembre. Los protagonistas: manifestantes de la Generación Z, jóvenes generalmente nacidos entre 1997 y 2012 que, cansados de la corrupción y el crimen organizado, decidieron pasar a la acción.
“Creo y siento que la sociedad estaba buscando esta oportunidad en la cual no solo los jóvenes, (sino también) el resto de los ciudadanos, saquen adelante esta iniciativa y que no tengan miedo”, dijo Lando, uno de los coordinadores de la Generación Z por teléfono desde Lima ante la pregunta sobre la capacidad de convocatoria que han tenido las marchas en las últimas semanas en Perú.
Lando, como otros participantes y voluntarios en las protestas contactados por CNN, pidió no publicar su nombre completo ni otros detalles por seguridad y temor a represalias y ataques en línea.
En las calles, muchos de estos jóvenes se cubren el rostro o evitan hablar con la prensa, un temor extendido que no se ha observado durante las protestas de 2020 o las de finales de 2022 e inicios de 2023 contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Las escenas en Perú reflejan lo que pasa en otros países. Y parecieran apuntar a un fenómeno que se está expandiendo cada vez más: una generación que expresa su hartazgo hacia sus líderes políticos y no quiere quedarse de brazos cruzados.
Ahora, ¿qué pasa puntualmente en Perú y por qué el mundo debería estar atento a este movimiento?
Las marchas en el país sudamericano se iniciaron por el rechazo a cambios en el sistema de pensiones, pero se han vuelto una plataforma para expresar el rechazo de los peruanos hacia al Gobierno por la que muchos ven como falta de acción frente a la ola de crimen organizado y violencia que vive el país, así como la corrupción extendida, la promulgación de controvertidas leyes en el Congreso y la interferencia con otros poderes e instituciones del Estado, entre otras demandas.
Las calles del centro de Lima fueron tomadas desde el 20 de septiembre por jóvenes armados de banderas peruanas mezcladas con banderas ícono del comic manga “One Piece”, que muestran una calavera con sombrero de paja vistas recientemente en las protestas de Nepal, Indonesia y Paraguay.
Las manifestaciones en Nepal terminaron con la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. La bandera de “One Piece” también se volvió un ícono constante en Indonesia, Marruecos y Madagascar de la mano de quienes crecieron, se comunican y organizan en la era digital. Los jóvenes paraguayos, como los peruanos, alzaron su voz contra la corrupción y pidieron mejoras en seguridad, justicia y salud.
El movimiento en Perú se inició como una red de colectivos juveniles, pero se han ido sumando más grupos y gremios, según Lando. Ellos encuentran en la bandera pirata un símbolo que puede llevar su mensaje por todo el mundo.
“Todos los jóvenes entienden cuál es la referencia… es una referencia de un animée que nos enseña lo importante que es luchar por la justicia y salvar a un país de la corrupción”, explicó.
La bandera ha logrado una presencia activa de quienes comparten este ideal, explicó Andrés, un estudiante universitario de 18 años, durante una pausa en su día de clases.
“El uso de este símbolo es para mostrar ante el público, ante la sociedad, la presencia inminente de una generación que se cansó de abusos, de atropellos, de todo tipo de acciones nefastas que emprende el Gobierno”, dijo Andrés, aunque reconoce que no es fan del cómic.
La convocatoria de la “Generación Z” ha ofrecido un nuevo escenario y un motor de cambio que no se veía en esta magnitud en el país.
“Hay muchos jóvenes que quizás no forman parte de una organización, que no son del bloque universitario, pero que han encontrado en la generación Z un espacio donde poder involucrarse y poder participar”, explicó José, representante estudiantil de 26 años.
“Incluso algunos que todavía no terminan la secundaria pero que también ya están participando”, añadió.
Las frases “este Gobierno no nos representa”, “No más corrupción” y “Nos están matando” se escuchan en cada jornada de protesta. El clamor en reclamo de un país seguro y de mayor combate al crimen organizado une a diferentes sectores del país.
Comerciantes, escuelas, artistas, grupos musicales y, sobre todo, choferes, cobradores y pasajeros de transporte público se exponen diariamente a ser atacados por sicarios si no pagan los cupos exigidos por las bandas criminales.
Este lunes, un grupo de transportistas declaró un “apagón de motores” que podría continuar en los próximos días luego del homicidio de un conductor la noche del sábado 4 de octubre, presuntamente a causa de extorsión.
“El crimen organizado ha crecido tanto en el Perú que poner un negocio ya es prácticamente sentenciarse a que te vengan a pedir cupo, a que puedan extorsionarte. Es terrible”, aseguró Lando que admitió que ha sido extorsionado.
Los trabajadores del transporte público han sido los más afectados. Con el sonido de sus bocinas y letreros que dicen “Queremos trabajar sin miedo” y “No a la muerte”, los autobuses son estacionados en avenidas clave de la capital durante días de huelga y protesta.
Cristian Arias tiene más de 20 años de experiencia como chofer y trabaja para la empresa Etuchisa que ha sido blanco de ataques armados.
Arias asegura que no tiene cómo defenderse ni defender a sus pasajeros, solo puede estar vigilante y alerta por cualquier sospechoso que aborde su autobús.
“Hay mucho sicariato, mucha extorsión… en el día a día yo no sé si voy a regresar a mi casa”, dijo. “Sabemos que cualquiera de nosotros puede ser atacado”, añadió.
Un poco más de 40 conductores han sido asesinados en las calles de Lima en lo que va de 2025, según Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU). Su gremio es uno de los 12 de transporte formal que agrupa a más 70 empresas, pero hay muchos más. “De este Gobierno y de las autoridades no esperamos nada”, dijo Vargas a una radio local.
Según el Sistema de Denuncias Policiales y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entre enero y agosto de este año se registraron 18.385 denuncias por extorsión, un incremento de 29 % respecto al mismo periodo de 2024. En ese mismo lapso hubo 1.822 homicidios, un alza del 10% en comparación con cifras de 2024.
El Ministerio de Transporte publicó en un comunicado el 4 de octubre sobre una reunión de trabajo con algunos sectores “para coordinar acciones que permitan erradicar la problemática del delito de extorsión y los homicidios en el sector transporte” sin anunciar medidas concretas.
Pese al aumento del descontento social y con un 93% de desaprobación sin precedentes, según un informe publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en septiembre, la presidenta Dina Boluarte insiste que no renunciará y continúa evadiendo de su presunta responsabilidad por la falta de acción ante la delincuencia que enfrentan los peruanos.
Boluarte admitió la ineficiencia de su Gobierno en procedimientos para comprar cámaras de seguridad vitales para vigilancia policial. También argumentó que el nivel de delincuencia existente no fue generado por su Gobierno: “Ahora son organizaciones criminales transnacionales, migran de país en país, se organizan desde afuera y atacan, no es la excepción el Perú”.
La presidenta, además, acusó a los jóvenes de la Generación Z de anarquistas y de ser manipulados para salir a las calles y causar daños.
“Si es que tienen alguna plataforma de reclamo al Gobierno, aquí estamos para conversar, pero no salgan a dar malos ejemplos a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, destrozando los bienes públicos y privados”, dijo durante un evento público a fines de septiembre.
La respuesta del movimiento Generación Z a las acusaciones de la presidenta fue que no bajarán la cabeza hasta que exista un proceso de vacancia contra ella y un presidente de transición.
Mientras tanto los manifestantes y voluntarios continúan abasteciéndose de agua, bicarbonato y vinagre, implementos esenciales para aliviar el efecto de los gases lacrimógenos durante las marchas.
Las imágenes, transmitidas muchas veces en vivo por redes sociales y testimonios a CNN, revelan que manifestantes, voluntarios, periodistas y público en general han enfrentado una represión policial que se ha ido incrementando y ha ocasionado choques violentos. Un escenario que ha hecho recordar a muchos lo que se vivió en el resto del país durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023.
El descontento social de varias semanas de duración se desencadenó tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, alimentado por un profundo descontento sobre las condiciones de vida y la desigualdad en el país andino.
La Fiscalía investigó a la presidenta Dina Boluarte por la muerte de 49 personas y más de 900 heridos como resultado la represión durante esas manifestaciones, sobre todo en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas pero un fallo del Tribunal Constitucional en agosto de este año ordenó la suspensión de las investigaciones en el país hasta que termine su mandato en julio de 2026. Boluarte tiene un pedido de investigación preliminar ante la Corte Penal Internacional. El jefe del gabinete en ese entonces, Gustavo Adrianzén, argumentó que este pedido no cumpliría “con un requisito básico de admisibilidad” y anunció una delegación gubernamental que viajaría a La Haya.
Mas de 40 personas han resultado heridas entre el 20 y 28 de septiembre, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (Cnddhh). Personas ajenas a las movilizaciones fueron afectadas y agredidas al estar en algunas zonas céntricas de la capital, según la Coordinadora, mientras que la Policía hizo un “uso indiscriminado de gases lacrimógenos y luces de láser táctico para impedir la visión”.
Cuando Milagros Samillán, joven activista de 30 años, acudió a las protestas el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el centro de la capital, desde el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más afectados por el crimen organizado, un importante número de policías apuntaba a los manifestantes desde el puente peatonal de Acho.
“La Policía cada vez está actuando más agresivamente. Se están violando derechos humanos. No permiten ni siquiera que estemos parados”, dijo a CNN desde su casa, donde a pocas cuadras asesinaron a un chofer de transporte.
El 27 de setiembre por la noche ella y dos madres de familia fueron interceptadas cerca del Congreso cuando grababan con sus celulares a policías golpeando a manifestantes.
“Se acercaron diez policías a empujarnos, golpearon a una de las señoras en la cabeza”, dijo Samillán. “Inclusive policías mujeres golpeando a otras mujeres y agresiones a periodistas”, añadió.
Imágenes en redes sociales muestran a policías arrastrando a manifestantes y la indignación entre el público por los excesos de los miembros de seguridad se hizo evidente tras la difusión de un video que muestra a un anciano golpeado en el rostro por un policía durante la jornada del 27 de setiembre. Tras el incidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la apertura de una investigación.
“La policía está más nerviosa y creo que cuando están más nerviosos es más violenta la represión, y comienzan a hacer cosas como las que hemos estado viendo estos últimos días”, explica una integrante de una brigada de salud, que por razones de seguridad pidió no ser identificada.
El Ministerio Público abrió el 3 de octubre una investigación preliminar por disturbios y agresiones en contra de seis policías durante las marchas del 20 y 21. La Policía nacional anunció que un agente sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov el 27 de septiembre.
Los testimonios recogidos por CNN concuerdan en que algunos manifestantes han utilizado bombas molotov y fuegos artificiales contra las fuerzas del orden, pero serían una minoría.
Al menos 26 periodistas han sufrido agresiones desde que las protestas empezaron, según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
El ministro del Interior, Carlos Malaver, rechazó el 01 de octubre las acusaciones de hostilización contra la prensa.
Durante las protestas, varios funcionarios policiales han tratado de cercar a manifestantes con rejas metálicas, impidiendo su recorrido con golpes de bastón, gases lacrimógenos y posibles disparos de perdigones, según testimonios a CNN.
El Ministerio Público admitió que abrió una investigación preliminar el 2 de octubre luego que dos periodistas “así como otros civiles por determinar”, resultaran heridos por disparos de perdigones el fin de semana del 20 de setiembre.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció al menos dos casos más de periodistas agredidos de la misma manera. El sábado 4 de octubre, un joven músico recibió un disparo de un posible perdigón en la cadera, según Lando, uno de los coordinadores de Generación Z. Otros cinco jóvenes fueron heridos levemente debido a la represión policial el fin de semana que pasó, añadió.
Malaver negó el uso de perdigones de plomo por parte de la policía a principios de octubre.
El uso de este tipo de munición durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte en el 2022 y 2023 fue incluido en un informe de Amnistía Internacional, que denunció graves violaciones a los derechos humanos y ataques letales generalizados por las fuerzas de seguridad en regiones como Ayacucho y Puno.
La fuerza policial de las últimas semanas en la capital no es ajena para Samillán. Su hermano Marco Antonio fue una de las víctimas de las protestas en Puno en 2023.
“Para mí es revivir todo lo que he pasado en Juliaca, pero con más agresividad, con más descaro de parte de la Policía Nacional. Como si los peruanos o los que salimos a marchar fuéramos animales, nos botaban como animales. Somos seres humanos que tenemos el derecho a protestar”, explicó Samillán.
Ella es vocera de la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las protestas de 2022-2023 y se identifica con los pedidos de la generación Z.
Su mascota se llama “Luffy”, por Monkey D. Luffy, el personaje de “One Piece” que “enseña que ningún joven tiene que aceptar las injusticias, que se tiene que luchar hasta conseguir la libertad de los pueblos”, dijo.
La mayoría de los participantes, representantes grupales, miembros de brigadas de salud y voluntarios temen todo tipo de represalias y ataques en línea, calificándolos de terroristas por su presencia en las marchas.
El teléfono celular de Samillán fue suspendido el 20 de septiembre, un día antes de la segunda protesta. Ella no es la única. Un grupo de al menos 15 personas, incluyendo periodistas, han sufrido la cancelación del acceso a internet y a llamadas locales en anticipación a las protestas, según Samillán, un hecho también denunciado por el Instituto Prensa y Sociedad.
Con 22 años, Coraly Escobar es estudiante de ciencias políticas y exrepresentante estudiantil. Participó de protestas contra el Gobierno en los últimos años, su celular también fue suspendido y ha recibido ataques en línea recientemente.
“La cacería que están haciendo es joven tras joven, joven que es representante o que tiene una voz fuerte que puede ser escuchada”, dijo Escobar al explicar su decisión de no asistir el último fin de semana.
CNN ha contactado al Gobierno de Perú para conocer su respuesta ante las acusaciones de excesos del accionar policial y bloqueos a celulares, pero aún no ha tenido respuesta.
El liderazgo que puedan lograr estos jóvenes en los próximos meses será crucial para las elecciones presidenciales y parlamentarias en abril de 2026.
Aunque no es claro cuánto dure y cómo continúe, este movimiento tendría un mayor empoderamiento y voz propia que le permitiría construir una identidad colectiva, explicó Hernán Chaparro, psicólogo social y profesor de medios y opinión pública de la Universidad de Lima que ha seguido las protestas juveniles de 2015 y 2020.
“La capacidad de atracción de las protestas nos muestra los esfuerzos por construir un movimiento en una generación donde prima la desconfianza a la oferta política”, Chaparro continuó.
Una desconfianza que está presente debido a las continuas acusaciones de corrupción contra líderes políticos y congresistas de agrupaciones sin ideologías y acusadas de llegar al Gobierno por intereses personales.
“Perú es el extremo de una democracia sin partidos políticos. Nosotros no tenemos partidos, tenemos tribus, ha dicho más de uno. No hay partidos políticos formales”, dijo. Un total de 43 grupos se han inscrito oficialmente para la contienda electoral, resultando en un escenario político mucho más fragmentado.
“Lo que se puede considerar generación Z es un 30 % del electorado… y la gente que por primera vez va a votar es un 10 % y el gran reto es que vayan a votar; el voto en el Perú es obligatorio”, resaltó Chaparro.
Los jóvenes aseguran que continuarán saliendo a las calles. El reto del movimiento estaría en unificarse, plantear soluciones con miras a ese proceso electoral, algo que muchos reconocen.
“Para no quedarnos en el hecho de que la presidenta se vaya, queremos complementar eso con un paquete de reformas, cambios,
qué es lo que se debería hacer en un siguiente gobierno o después de que Boluarte se vaya para poder empezar a limpiar el país”, dijo Andrés.
“Se nos llamó anarquistas, que éramos terroristas, personas que queríamos el desgobierno, lo cual nos parece indignante. Pero es algo muy clásico en políticos de este tipo que solamente buscan estigmatizar opositores”, añadió.
Por el momento, la Generación Z de Perú no parece bajar los brazos. “Nosotros vamos a seguir. Pedimos que nos dejen hacer llegar nuestra voz a todos los peruanos a nivel mundial”, insistió Lando.
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Con información de Andy Ortiz.
