La Corte Suprema de EE.UU. revisará casos sobre bienes confiscados en Cuba por el régimen de Castro
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema de Estados Unidos accedió este viernes a adentrarse en la historia de la Guerra Fría al darle curso a una apelación de Exxon sobre la confiscación por parte del gobierno cubano de una refinería de petróleo y otras propiedades poco después de que Fidel Castro asumiera el poder.
La corte también anunció que decidiría sobre un caso que involucra a una compañía estadounidense que reclama a las líneas de cruceros más grandes del mundo una deuda de cientos de millones de dólares por usar un muelle que construyó hace más de un siglo en La Habana.
A finales de la década de 1950, la Standard Oil Company —posteriormente rebautizada como Exxon Mobil Corporation— tenía extensas operaciones en Cuba, incluyendo la refinería, múltiples terminales de productos y 117 estaciones de servicio. Todas fueron expropiadas por el gobierno de Castro y fusionadas en dos empresas estatales.
Durante décadas, a Exxon y otras compañías estadounidenses se les ha impedido demandar indemnizaciones en los tribunales estadounidenses. Sin embargo, una historia tortuosa con el tema en el Congreso —y una decisión clave tomada durante la primera Administración Trump— han creado una oportunidad para que ese litigio avance.
En 1969, una comisión estadounidense certificó las pérdidas de Standard Oil en casi US$ 72 millones. Con los intereses y la solicitud de Exxon de una indemnización triple, miles de millones de dólares podrían estar en juego.
Casi 6.000 personas y empresas tienen más de US$ 1.900 millones en reclamaciones certificadas por la comisión, según Exxon, sin incluir intereses.
En un caso aparte, relacionado con la misma ley, la empresa estadounidense Havana Docks Corporation construyó muelles en 1905 para el gobierno cubano con la condición de que operara el puerto y obtuviera ingresos durante 99 años. Sin embargo, el gobierno de Castro confiscó los muelles, junto con otras propiedades privadas, tras la revolución comunista de la isla.
Las líneas de cruceros, según la empresa, “aun así atracaron sus enormes barcos en los muelles confiscados sin la autorización de Havana Docks”. En su apelación, la empresa describió el caso como el más importante relacionado con la política exterior estadounidense hacia Cuba que ha llegado a la corte en décadas.
De 2015 a 2019, afirmó la compañía, “las líneas de cruceros desembarcaron a casi un millón de turistas en esos muelles y pagaron al régimen comunista cubano, con problemas de liquidez, al menos US$ 130 millones en divisas sin pagar un centavo ni a Havana Docks ni a ninguna persona o entidad cubana no afiliada al régimen”.
El litigio subraya un cambio radical en la postura de Washington hacia Cuba, en comparación con la Administración del presidente Barack Obama, que intentó estrechar lazos, y la Administración Trump, que frustró esos esfuerzos. También podría presagiar un cambio en la forma en que la Corte Suprema considera la capacidad de los estadounidenses para demandar a entidades extranjeras en tribunales estadounidenses.
“El gobierno cubano nunca pagó ninguna compensación por las propiedades confiscadas”, declaró el abogado de la compañía, Jeffrey Wall, a los jueces en su apelación. “Al igual que las miles de otras víctimas del régimen de Castro, Exxon ha estado esperando desde principios de la década de 1960 recibir una compensación”.
En respuesta a un incidente de 1996 en el que aviones de combate cubanos derribaron dos aviones privados en espacio aéreo internacional, el Congreso promulgó una ley que permitía a los ciudadanos estadounidenses demandar por bienes confiscados en Cuba ante los tribunales estadounidenses. Sin embargo, la ley incluía una condición: permitía a los presidentes suspender la autorización de demandas si lo consideraban “necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos”.
Desde entonces, todos los presidentes suspendieron la disposición, hasta que el presidente Donald Trump la levantó el 2 de mayo de 2019. Exxon presentó su demanda ese mismo día.
Sin embargo, los tribunales federales de Washington han frenado ese esfuerzo al intentar conciliar la ley de 1996 con otra, promulgada dos décadas antes, que limita la capacidad de las personas para demandar a gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses. Para presentar su caso, el Tribunal de Apelaciones de Washington dictaminó que Exxon debe demostrar que su demanda cumple con una de las excepciones a la amplia inmunidad de la que generalmente gozan los gobiernos extranjeros en los tribunales estadounidenses.
Ese es el asunto que Exxon solicitó a la Corte Suprema que abordara.
El Congreso y el poder judicial federal se han mostrado generalmente reticentes a permitir demandas contra gobiernos extranjeros en tribunales nacionales, en parte por temor a que respondan abriendo el camino para demandas similares presentadas en el extranjero contra Estados Unidos. A principios de este año, en otro caso, un tribunal dictaminó por unanimidad que las familias de las víctimas de ataques terroristas en Israel podían demandar al Gobierno Autónomo Palestino en tribunales estadounidenses.
La Administración Trump instó a la Corte Suprema a aceptar el caso.
“Estados Unidos tiene intereses imperiosos en política exterior para garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista de Fidel Castro reciban una compensación y para evitar que el gobierno cubano se beneficie aún más de sus irregularidades”, declaró el Departamento de Justicia ante la corte en una presentación durante el verano.
Corporación Cimex, una de las entidades de propiedad cubana que se apropió de la propiedad, advirtió que el argumento de Exxon tendría implicaciones globales. Argumentó que la apelación de Exxon es prematura y que la mayoría de las personas que demandaran tendrían, en última instancia, una probabilidad mínima o nula de recuperar los daños.
En el caso de las líneas de cruceros, las compañías argumentaron que el acuerdo original entre la compañía portuaria y el gobierno cubano habría expirado en 2004. Los cruceros no comenzaron a atracar en La Habana hasta 2016.
Dado que la compañía “solo tuvo un derecho limitado a usar el complejo portuario por un tiempo limitado (y de maneras limitadas), eso es todo lo que el gobierno cubano le confiscó”, declararon las compañías de cruceros ante la Corte Suprema. “Este caso es así de simple”.
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, falló a favor de las líneas de cruceros y Havana Docks Corporation apeló ante la Corte Suprema en marzo.
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