Así es la propuesta del PP de España para visado por puntos para migrantes: criterios culturales y tolerancia cero al delito
Por Pau Mosquera, CNN en Español
La migración se ha convertido hoy en la segunda mayor preocupación de los españoles, de acuerdo con el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Con el ánimo de marcar una línea política propia y diferente a la de otras formaciones, particularmente, las que se encuentran dentro del espectro conservador, como Vox, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez-Feijóo, presentó este domingo la “Declaración de Murcia”, el documento que recoge las líneas de acción del partido sobre algunos de los temas de actualidad más candentes. Entre otros, claro, la migración.
“Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones”, apuntó Feijóo como antesala a su nueva propuesta para gestionar la llegada de migrantes.
Una propuesta que se centra en la aplicación de “un visado por puntos” para regular a los migrantes que residen y trabajan en España. Aunque su aplicación queda supeditada a un futuro electoral en el caso de que el líder del PP logre llegar a la Moncloa.
Según este visado, añadió Feijóo, primaría la entrada “de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mejor capacidad de integración”.
“Contribuir tiene que ser condición para permanecer”, enfatizó el líder del Partido Popular.
Y no solo eso, también computará a efectos de su entrega “el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria”. Esto es, que se recompensará a los que provengan de países “que nos ayuden a poner orden” a la gestión de la migración.
Esta propuesta se complementa con una política de “tolerancia cero con el delito”. “Los delitos graves implicarán, automáticamente, que se pierda el derecho a la residencia y los delitos reincidentes, aunque sean leves, no podrán premiarse tampoco con la permanencia en España”, aseveró.
Este modelo de visado se espeja en el que ya usan otros países como Canadá y Australia, aseguró Feijóo.
En el caso de Canadá, el modelo de migración basado en un sistema de puntos existe desde 1967, convirtiéndolo en el primer país del mundo en adoptarlo. Bajo este modelo se evalúa la edad, el nivel educativo, el dominio del inglés y el francés, y la experiencia laboral del candidato.
Sin embargo, el modelo de Canadá no establece criterios de nacionalidad o culturales, tal y como propone el Partido Popular. En ese sentido, la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, señala a CNN que esas variables tienen “ciertos componentes discriminatorios”.
“¿Estamos hablando de religión? ¿Estamos hablando de lengua? ¿Estamos hablando de costumbres?”, se pregunta. Por el momento no está claro qué variables son las que cobrarían más relevancia en la propuesta, dado que Feijóo no reveló más detalles.
En cualquier caso, López advierte que según se materializaran ese tipo de conceptos podría llegar ser discriminatorio para grupos nacionales o de un determinado colectivo.
En el caso de Australia, empezaron a usar un sistema de puntos desde el año 1979. En ese modelo se reparten los puntos considerando diez variables diferentes que incluyen la edad, experiencia laboral, habilidades profesionales, así como el nivel de dominio del inglés, entre otros. Bajo este sistema, se premia con una mayor puntuación a la gente joven, particularmente a los que tienen entre 25 y 32 años, y excluye a los que tienen más de 45.
Que la gestión de la migración se sitúe en el centro del debate político no es de extrañar. Este protagonismo se explica, principalmente, por dos motivos, según señaló anteriormente a CNN Rut Bermejo, investigadora sénior no residente del Real Instituto Elcano y profesora Titular de Ciencia Política y Políticas Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos.
El primero, por la huella que dejó en diferentes países europeos la crisis de refugiados de 2015, cuando cerca de un millón de personas llegaron a costas europeas, especialmente en Grecia, huyendo de conflictos en países como Siria, Afganistán o Iraq. En segundo lugar, porque las formaciones de ultra derecha lo han convertido en una cuestión crucial de su narrativa, una suerte de “chivo expiatorio” que lo convierte en un problema de seguridad.
En España, esta cuestión se ha avivado en el último año por la presión que sufrieron los centros de acogida de menores no acompañados en las Islas Canarias o en Ceuta, llevando a que el asunto ocupara portadas en los medios de comunicación por las denuncias de las autoridades de estas regiones, que aseguraban estar acogiendo más menores de los que realmente podían.
Pero también por los altercados que se vivieron este verano en la localidad murciana de Torre Pacheco, donde se registraron disturbios y enfrentamientos despues de que un vecino de 68 años sufriera una agresión por tres atacantes -detenidos por la Guardia Civil- que identificó como marroquíes.
No obstante, con los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, las llegadas de migrantes irregulares a lo largo de este año (hasta el 15 de septiembre) han caído un 31% comparado con el mismo periodo de 2024.
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