¿Qué es el cierre del Gobierno en EE.UU. y por qué cada año el Congreso se enfrenta a eso?
Por CNN Español
Una vez más, el Congreso de Estados Unidos enfrenta un plazo para aprobar el presupuesto federal. Si no aprueba a tiempo una ley de financiamiento —ya sea el presupuesto completo o una extensión temporal—, el Gobierno se queda sin fondos para pagar a sus agencias y empleados, y eso genera lo que se conoce como un cierre del Gobierno.
Este es un escenario recurrente en la política estadounidense: al llegar la fecha límite de financiamiento, reaparece la amenaza de cierre y, si no hay acuerdo, gran parte del aparato estatal se paraliza hasta que el Congreso aprueba un nuevo paquete. ¿Qué significa, cómo funciona y qué implicaciones tiene?
Un cierre del Gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Esa falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta que se alcance un acuerdo en el Congreso.
La medida afecta directamente a los empleados federales. En cierres anteriores, muchos fueron enviados a casa sin paga, en un proceso conocido como furlough, que significa una licencia temporal sin salario, mientras que otros debieron seguir trabajando sin recibir salario hasta que se aprobaron los fondos.
Cada dependencia federal debe tener planes de contingencia que especifican qué servicios se mantienen y cuáles se suspenden. Esos documentos suelen publicarse en el sitio de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, aunque también hay agencias que los difunden en sus propias páginas.
Los planes incluyen el número de empleados que seguirían trabajando sin paga, el tiempo necesario para interrumpir operaciones y los servicios que se consideran críticos para la vida y la seguridad, como la defensa, la seguridad nacional o la respuesta a emergencias. En ocasiones anteriores, por ejemplo, la Administración del Seguro Social indicó que la mayoría de sus funciones continuarían, como los pagos de beneficios y la recepción de apelaciones, aunque algunos trámites administrativos se suspenderían.
El impacto de un cierre se extiende más allá de los empleados federales. En cierres anteriores:
- Cerraron parques nacionales y museos
- Suspendieron inspecciones de alimentos
- Cancelaron audiencias de inmigración
- Se retrasaron préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda.
Incluso servicios que deben seguir funcionando, como el control aéreo, se vieron afectados. Durante el cierre de 2018-2019, varios controladores dejaron de presentarse a trabajar, lo que ocasionó retrasos en aeropuertos.
El presupuesto federal debe aprobarse cada año, lo que hace que estas negociaciones se repitan de manera constante. Los plazos suelen coincidir con el inicio del año fiscal en octubre, pero también hay bloqueos en otros meses cuando vencen extensiones temporales.
A diferencia de otros países, donde un retraso en la aprobación del presupuesto no implica suspender operaciones del Estado, en Estados Unidos la falta de acuerdo significa que el Gobierno no puede gastar y debe detener parte de sus funciones.
Desde que el Congreso de Estados Unidos instauró el proceso presupuestario moderno en 1976, se han registrado 20 interrupciones de financiamiento, según la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable, una organización no partidista y sin fines de lucro.
La comisión señala que ha habido solo cuatro cierres “reales”, en los que las actividades se interrumpieron por más de un día laboral: en 1995-1996 hubo dos cierres, que sumaron 26 días, durante el pulso entre el presidente Bill Clinton y un Congreso de mayoría republicana sobre niveles de gasto; en 2013, un cierre de 16 días por el enfrentamiento entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre la financiación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocida como Obamacare); y en 2018-2019 se registró un cierre parcial de 35 días, el más largo de la historia, motivado por la disputa sobre fondos para el muro fronterizo, aunque cinco de las 12 partidas presupuestarias ya estaban aprobadas.
Ese último cierre tuvo efectos visibles: paralizó audiencias migratorias, retrasó préstamos estudiantiles, cerró parques y complicó la vida de millones de personas en Estados Unidos.
El diseño institucional de Estados Unidos obliga a estas negociaciones.
Cada presupuesto o resolución temporal tiene fecha de caducidad, lo que fuerza al Congreso a alcanzar un nuevo acuerdo entre demócratas y republicanos. Las diferencias partidistas suelen impedir consensos rápidos y mantienen vivo el riesgo de cierre una o dos veces al año.
Aunque los temas que generan los bloqueos cambian —en ocasiones el gasto en defensa, en otras los subsidios de salud u otros programas—, la dinámica es la misma: si no hay acuerdo, el Gobierno se queda sin recursos para operar.
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Con información de Tami Luhby, Betsy Klein y Zachary B. Wolf de CNN
