La Corte Suprema propina a Trump una inusual derrota sobre la política de atención a personas transgénero en prisiones
Por John Fritze, CNN
Este miércoles, la Corte Suprema impidió que el presidente Donald Trump suspendiera la terapia hormonal y otros tratamientos para personas transgénero en prisiones federales; se trata de una victoria poco común para los derechos de las personas transgénero ante un alto tribunal de tendencia conservadora.
El tribunal emitió una orden de una sola frase en la que no se explicaba la decisión.
Desde que Trump regresó al poder el año pasado, la Corte Suprema ha permitido que su administración prohíba a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas y ha avalado una política que exige que la designación de sexo en los pasaportes estadounidenses coincida con el sexo asignado al nacer. Asimismo, este año el tribunal ratificó leyes estatales que prohíben a los atletas transgénero participar en equipos deportivos femeninos.
Este último recurso de emergencia aborda una cuestión que Trump planteó durante su campaña de 2024, mediante una serie de anuncios televisivos en los que criticaba a la candidata demócrata, Kamala Harris, por su postura respecto a las personas transgénero. En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó un decreto que prohíbe “cualquier procedimiento médico, tratamiento o fármaco” destinado a “ajustar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto”.
Posteriormente, la Oficina Federal de Prisiones implementó una política que permite el acceso a servicios de psicoterapia y psiquiatría para los reclusos con disforia de género, pero excluye las terapias hormonales, las cirugías y los “ajustes sociales” —categoría que puede incluir elementos como vestimenta y maquillaje—.
Un tribunal de distrito y un tribunal federal de apelaciones en la ciudad de Washington bloquearon la aplicación de la política de Trump a corto plazo. En una breve orden emitida el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de esa ciudad concluyó que la política de la administración era, probablemente, arbitraria y caprichosa, dado que la Oficina Federal de Prisiones no había considerado “de manera adecuada” su “propia experiencia en la prestación de atención de afirmación de género bajo su política anterior”.
En su recurso de emergencia ante la Corte Suprema, el Gobierno de Trump sostuvo que sí había tenido en cuenta dicha experiencia, argumentando que los tratamientos y ajustes previos “planteaban preocupaciones en materia de seguridad y administración penitenciaria que superaban cualquier beneficio limitado que pudieran haber aportado”.
Tres reclusos, quienes afirmaron haber recibido terapia hormonal durante años, impugnaron la medida, argumentando que representaba un cambio abrupto respecto a décadas de políticas previas y que supondría la interrupción del tratamiento para cerca de 1.000 personas bajo custodia. La alegación de preocupaciones de seguridad dentro de las prisiones —señaló la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ante la Corte Suprema— resulta extraña, “dado que la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) no ha señalado ni un solo incidente de seguridad relacionado con la prestación de este tratamiento a lo largo de los últimos 30 años”.
Dos jueces conservadores —Clarence Thomas y Samuel Alito— expresaron su disconformidad con la resolución de este miércoles, pero no explicaron los motivos. Esta falta de explicaciones resulta especialmente llamativa, dado que el caso ya contaba con todos los escritos presentados y estaba listo para una resolución desde hace casi dos semanas.
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