Exclusivo: juez limitó el acceso a registros de la rep. Ilhan Omar en una investigación sobre fraude migratorio
Por Katelyn Polantz, Jake Tapper y Evan Perez, CNN
El Gobierno de Trump impulsó recientemente un registro inusualmente agresivo de la casa de la representante Ilhan Omar, en el marco de una investigación por fraude migratorio que apunta a la congresista, a posibles declaraciones falsas en documentos gubernamentales y a una posible conspiración, según varias personas familiarizadas con la investigación.
Sin embargo, los fiscales tuvieron que lidiar primero con un juez magistrado federal en un prolongado intercambio de argumentos que no se había dado a conocer antes. El juez Matthew Sharbaugh, del Tribunal de Distrito de la ciudad de Washington, terminó limitando la forma en que el Departamento de Justicia podía acceder a los documentos de Omar durante el registro del lunes —antes de aprobar la orden judicial— debido a su cargo como miembro del Congreso y a las protecciones constitucionales que este conlleva, según informaron a CNN varias personas familiarizadas con el caso.
Las indagaciones de los investigadores que motivaron el registro incluyen si Omar o su padre —ya fallecido— mintieron sobre su edad al obtener la ciudadanía en el año 2000, alegando que ella era menor de edad cuando en realidad ya era adulta.
Omar emigró a Estados Unidos como refugiada somalí alrededor de los 12 años y obtuvo la ciudadanía en el año 2000, según personas familiarizadas con su situación.
Una fuente indicó a CNN que el Gobierno podría intentar ampliar la investigación para abarcar un caso de conspiración más extenso, indagando si hubo engaño y falsificación deliberada de información a lo largo de los años por parte de un grupo mayor de personas.
Omar ha sido objeto de investigaciones penales durante años, incluso antes de que Trump asumiera el cargo para su segundo mandato. No obstante, el Gobierno de Trump ha intensificado sus acciones bajo la convicción de que ella ha reiterado declaraciones falsas al completar documentos gubernamentales —como la solicitud de pasaporte— en años recientes. Esto fue lo que condujo al registro realizado este lunes, según las fuentes.
El registro de su domicilio en Washington resultó sumamente inusual por el momento en que se produjo: a menos de un mes de que concluya la votación del día de las elecciones, y mientras Omar busca la reelección como demócrata por Minnesota.
La iniciativa federal de este mes también ha sido inusual por el intento de acceder a los registros de un miembro del Congreso; se trata del tipo de labor de investigación penal que, este año, los republicanos han convertido en una tormenta política para administraciones anteriores.
Como parte de la investigación reactivada, desde el viernes se han emitido al menos una docena de citaciones judiciales dirigidas a testigos —en su mayoría familiares—, según personas familiarizadas con el caso.
Los registros y archivos gubernamentales en Somalia son notoriamente poco fiables y de difícil acceso debido a años de conflicto y a la falta de coordinación entre las entidades gubernamentales.
En las últimas semanas, el Departamento de Justicia abogó por obtener un acceso amplio a los documentos que Omar guardaba en su domicilio de Washington, según informaron las fuentes.
El Departamento de Justicia sostuvo que, en el caso de Omar, no había mayor necesidad de mantener bajo custodia separada los documentos incautados en su vivienda este lunes.
Sin embargo, el juez que finalmente autorizó el registro comunicó al Departamento de Justicia que tal medida no era posible conforme a la ley, señalaron las fuentes. El juez Sharbaugh, del Tribunal de Distrito de Washington, indicó a los fiscales de la capital que debían establecer un procedimiento para examinar los documentos y así proteger la labor legislativa de Omar frente a los investigadores.
En Washington, los tribunales han respaldado amplias protecciones para los documentos relacionados con la labor legislativa de los miembros del Congreso, amparándose en la cláusula de “Discurso o Debate” de la Constitución.
El intercambio de posturas entre el juez y el Departamento de Justicia, que se prolongó durante varios días, no había trascendido hasta ahora.
Esta situación podría tener ahora importantes repercusiones, tanto para los investigadores federales que estudian la posibilidad de imputar un delito a Omar como para su campaña electoral.
La forma en que el Departamento de Justicia abordó el registro también resultó especialmente notable porque Omar, ciudadana estadounidense originaria de Somalia, es un miembro destacado del grupo de mujeres progresistas conocido como “The Squad” (El Escuadrón), un objetivo político principal y frecuente del presidente Donald Trump, y busca la reelección al Congreso por Minnesota, estado donde ya comenzó la votación para las elecciones intermedias.
Omar ha calificado públicamente el registro de su domicilio como un ataque político motivado por el odio que Trump y los republicanos sienten hacia ella.
“Esto es un intento de atacar a enemigos políticos y utilizar a las autoridades federales como arma”, dijo Omar este lunes en una publicación en redes sociales. “Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es simplemente la más reciente escalada en su campaña de intimidación política”.
Ella ha negado haber cometido irregularidad alguna y no se le ha imputado ningún delito. Un abogado de Omar no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios para este reporte.
Los investigadores están examinando una acusación no corroborada sobre si su ahora exmarido, Ahmed Nur Said Elmi, era en realidad su hermano, con el fin de conseguirle la ciudadanía; un señalamiento que Trump ha repetido y que Omar ha calificado de “mentiras prejuiciosas”.
Incluso si se confirmara la acusación, el plazo de prescripción para cualquier delito habría expirado hace mucho tiempo, y no está claro qué papel desempeñaría este hecho en la investigación, según informaron fuentes a CNN.
Los investigadores del Gobierno de Biden no presentaron cargos y el caso contra Omar no avanzó ni de lejos tanto como lo han hecho los actuales investigadores del mandato de Trump, señalaron varias personas familiarizadas con la investigación.
El caso se reabrió en 2025 y ahora está dirigido por fiscales de la oficina del fiscal general adjunto y de la oficina del fiscal federal en Minneapolis, indicaron las fuentes. La oficina del secretario de Justicia en Washington también ha participado en el proceso.
Cualquier nuevo caso, de llegar a formalizarse una acusación, probablemente se vería complicado por la retórica de Trump contra Omar —mantenida durante años y que en ocasiones ha sido racista—. El vicepresidente J. D. Vance también se ha referido a tratar el caso con Stephen Miller, subsecretario general de la Casa Blanca, y Tom Homan, el responsable de fronteras de la Casa Blanca, ha hablado repetidamente en Fox News sobre una investigación en curso contra Omar.
“Si alguien cometió una infracción migratoria, un fraude matrimonial o algo por el estilo, independientemente de si es miembro del Congreso o no, nadie está por encima de la ley; así que lo dejaré ahí”, dijo Homan en una entrevista en septiembre, tras mencionar una “investigación penal en curso” sobre Omar.
También continúa en la Oficina del Fiscal Federal de Washington una investigación independiente sobre posibles irregularidades financieras, incluidas aquellas relacionadas con la financiación de campañas.
El martes, en Fox News, se le preguntó a la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, sobre las declaraciones financieras de Omar que ya habían sido examinadas por investigadores de ética de la Cámara de Representantes.
“Eso también es objeto de investigación”, dijo Pirro. “Estamos analizando los hechos. Y, con base en ellos, seguiremos el curso que marquen”.
A raíz de la supervisión ejercida por el tribunal federal de Washington sobre el registro de la vivienda de Omar, cualquier investigación penal que dependa de sus propios registros podría verse considerablemente ralentizada; además, la situación ya ha suscitado inquietud respecto a la integridad y la politización del Departamento de Justicia.
Los jueces del Tribunal de Distrito de Washington se muestran cada vez más escépticos ante el enfoque del Gobierno de Trump respecto a las garantías constitucionales en los procesos penales, especialmente cuando estos parecen tener una carga política.
Paralelamente, los republicanos han expresado su indignación con el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Joe Biden por haber solicitado comunicaciones de miembros del Congreso en investigaciones penales anteriores. Tanto los republicanos del Capitolio como Trump han criticado duramente al exfiscal especial Jack Smith por obtener órdenes de confidencialidad cuando su oficina requirió a las compañías telefónicas los registros de llamadas de legisladores en el marco de la investigación sobre la conspiración relacionada con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Por lo general, el Departamento de Justicia evita realizar actividades de investigación públicas que puedan influir en una elección durante los 60 días previos a la jornada electoral.
En este caso, sin embargo, altos funcionarios del Departamento de Justicia aprobaron el registro realizado el lunes por Investigaciones de Seguridad Nacional.
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