Ceuta, presión judicial y presupuestos: los retos de Sánchez en el último trimestre del año
Por Pau Mosquera, CNN en Español
Los últimos meses han supuesto todo un terremoto para el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Desde las polémicas por las investigaciones judiciales que giran en la órbita del Gobierno -sin que ninguno lo involucre directamente-, a la reciente crisis de migratoria de Ceuta, que sigue sin estar resuelta más de 50 días después del cruce masivo.
Un cúmulo de situaciones que les ha costado los continuos pedidos de adelanto electoral por parte de la oposición, pero también la distancia de algunos partidos que sostuvieron su investidura casi tres años atrás.
Sin embargo, eso no ha amedrantado al líder socialista, quien ha aseverado en repetidas ocasiones que pretende agotar la actual legislatura -hasta el próximo verano-. Incluso, presentarse de nuevo en las siguientes ocasiones si el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) así lo desea.
Pero todavía quedan meses para dirimir todos esos escenarios. Ahora mismo, la prioridad del Ejecutivo se centra en capear el temporal para terminar de forma natural este mandato.
A pesar de que han pasado casi dos meses, la gestión del cruce masivo que tuvo lugar en Ceuta a finales de julio sigue copando la actualidad política y el debate público.
Algo que se explica por varios motivos. Entre otros, por la experiencia de la población local. Esto es, por los roces que han surgido entre algunos vecinos de esta pequeña Ciudad Autónoma, de escasos 20 kilómetros cuadrados de superficie y 83.000 mil residentes, con los cerca de 9.000 migrantes que cruzaron de forma irregular y que permanecen allí.
Una tensión que se ha manifestado en estallidos puntuales, con grupos de manifestantes que irrumpieron en los asentamientos improvisados por algunos de los 3.000 migrantes que todavía deambulan por las calles, o bien intentando cortar el paso a los servicios de Cruz Roja que les reparten comida.
El temor de muchos es que este malestar vaya a más. Lo que nos lleva de pleno al siguiente motivo, la dimensión política.
Esta cuestión ha ocupado una gran parte de la agenda política de las diferentes formaciones y ha generado una fuerte presión contra el Ejecutivo, propiciando reproches de “inacción” por parte de la oposición parlamentaria, o de negligencia por parte del presidente del Gobierno ceutí.
Críticas que también se dieron en la esfera europea, donde se ha endurecido el discurso sobre la gestión migratoria. Italia y Dinamarca encabezaron una carta rechazando la “inmigración descontrolada” y cuestionando la regularización extraordinaria promovida meses atrás por el Gobierno, considerando que ejerce como factor de atracción.
Ante este panorama, desde el Ejecutivo defienden que están acelerando la habilitación de espacios de acogida temporal donde reunir a los que todavía siguen sin un refugio, para así evitar la fricción en las calles. Pero para algunos eso no es suficiente.
De ahí que el Gobierno asegure que también agilizará la tramitación de los expedientes de expulsión de todos aquellos migrantes que no tengan derecho a acogerse a protección internacional, pero este es un proceso lento dado que se hace de forma individualizada.
La esperanza de Sánchez es que hayan podido resolver la crisis antes de terminar el año. Pero, de aquí a entonces, el potencial incremento de la tensión en la Ciudad Autónoma y el aumento de la crítica política podría desenlazar en un fuerte desgaste en su Gabinete.
Esta misma cuestión de Ceuta ha propiciado algún que otro desencuentro con el poder judicial. Concretamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró su malestar por el hecho de no haber tenido acceso a los informes sobre lo ocurrido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad remitieron durante el mes de agosto a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, que actualmente investiga la entrada masiva de migrantes de forma irregular.
Este episodio llevó a la Sala de Gobierno de este mismo órgano a salir en defensa de la juez, respaldando su actuación “para la preservación y defensa del interés general de España”.
Pero esta no ha sido la única vez en que se ha producido un choque así. La relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial ya ha vivido algunas tiranteces con anterioridad a raíz de otras investigaciones judiciales que orbitan en el entorno del Gobierno, sin que ninguna de ellas se dirija contra alguno de sus miembros.
Una de las causas que más atención han centrado recientemente es la que se dirige contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Tras más de dos años de instrucción, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió enviar este lunes a juicio oral a Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos al apreciar que habría aprovechado su proximidad al presidente para “ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional”.
Gómez, por su parte, ha negado las acusaciones y su defensa ha solicitado su absolución.
Durante todo este tiempo, desde el Gobierno han defendido la inocencia de la esposa del presidente y han argumentado que todo responde a una persecución política y judicial dirigida contra ella por el hecho de ser la mujer del Sánchez. Esto es, con el objetivo de debilitar al Gobierno.
Otra causa que ha erosionado al Ejecutivo y provocado fricción con el poder judicial es el conocido popularmente como “caso Plus Ultra”, que investiga al expresidente José Luís Rodríguez Zapatero por su posible participación irregular en la concesión de una ayuda pública de más de US$61 millones a la aerolínea homónima en 2021 y, paralelamente, por poseer una serie de joyas de origen no justificado -lo que supondría un posible delito fiscal y de contrabando-.
Rodríguez Zapatero ha defendido su inocencia. También el Ejecutivo, al menos aquellos miembros que forman parte del PSOE.
Pero, ¿por qué lastima al Gobierno esta investigación? Por la cercanía entre Sánchez y Zapatero, que contrasta con la distancia del actual líder socialista con el expresidente Felipe González. Aunque también porque Zapatero ha sido un activo electoral importante para el partido, que lo ha tenido presente en campañas electorales como las elecciones generales del año 2023.
Esa cercanía y la defensa férrea del ala socialista del Gobierno ha llevado a los socios de investidura a tomar distancia y a exigir más explicaciones. Una brecha que la oposición ha hecho mayor al sembrar dudas sobre la credibilidad e inocencia del expresidente por considerar que no ha ofrecido justificaciones claras sobre los hechos investigados.
El último de los quebraderos de cabeza que se presentan para el Gobierno en el último trimestre del año, como ocurre habitualmente en esta época del año, es la presentación y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente.
Una meta que no han alcanzado en lo que va de legislatura, convirtiendo los presupuestos del año 2023 en los más longevos de la democracia española. Esto es, porque se han prorrogado de forma sucesiva desde entonces.
Si bien el Gobierno ha restado importancia a la última prórroga, afirmaron que van a trabajar para lograr unos para 2027. Pero su tramitación no se presenta nada fácil .
De hecho, algunos socios de investidura como el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria ya han anunciado que, de no lograr unas nuevas cuentas, solicitarán un adelanto electoral.
Con todos estos retos por delante, la presión sobre el Gobierno no deja de crecer y convierte los meses que restan de legislatura en una prueba especialmente delicada. La capacidad que demuestre el Ejecutivo para sortear las crisis actuales —y las que puedan surgir— será clave para cumplir su objetivo de agotar el mandato.
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