La Corte Suprema rechaza el plan de Trump para limitar el voto por correo en las elecciones intermedias
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema rechazó este lunes el controvertido plan del presidente Donald Trump para modificar la forma en que se envían las boletas por correo a los votantes de todo el país, desestimando una propuesta que, según advirtieron los funcionarios electorales, habría tenido consecuencias catastróficas de haber entrado en vigor para las elecciones intermedias de 2026.
En uno de los casos más significativos que ha llegado a la agenda de resolución rápida del tribunal en años, la mayoría de los magistrados bloqueó el procedimiento que habría otorgado al Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) la facultad sin precedentes de retener potencialmente millones de boletas enviadas por correo. Incluso algunos funcionarios electorales republicanos advirtieron que la propuesta podría provocar caos y privar a un gran número de ciudadanos de su derecho al voto.
El tribunal declaró que es “poco probable que la administración tenga éxito en cuanto al fondo de su impugnación”, pero ofreció pocas explicaciones en su orden de tres oraciones y sin firma. Los magistrados conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su disenso.
La decisión representa una derrota importante para el presidente, quien durante años ha arremetido contra el voto por correo alegando falsamente un fraude generalizado, al tiempo que él mismo sigue votando por correo.
La administración había presentado su propuesta como un cambio “modesto” en las normas postales, destinado a proteger el proceso frente a ese supuesto fraude. Sin embargo, los críticos de Trump describieron la maniobra como una apropiación inconstitucional de poder que el Servicio Postal ni siquiera estaba plenamente preparado para ejecutar.
CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.
El magistrado Brett Kavanaugh, miembro del ala conservadora del tribunal, escribió una opinión concurrente explicando que, si bien consideraba que la propuesta podría estar dentro de las competencias del USPS, los “funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para implementar la norma de manera razonable antes de las elecciones”.
Esto parecía reconocer la gran cantidad de escritos presentados por funcionarios electorales estatales y locales, quienes argumentaban que, a estas alturas del proceso electoral, simplemente no había tiempo para implementar la orden del presidente. No obstante, también sugería que Kavanaugh —junto con Alito y Thomas— podría estar dispuesto a apoyar al presidente si este intentara aplicar los cambios en futuras elecciones.
En su opinión disidente, Alito afirmó que no consideraba que las inquietudes prácticas sobre la implementación de la norma, planteadas por numerosos funcionarios electorales, fueran suficientes para que ganaran los estados y los grupos de defensa del derecho al voto que impugnaron la medida.
“El Gobierno tiene un interés legítimo en aplicar la norma, y su implementación también ‘mejorará la visibilidad del correo con boletas federales’ para detectar mejor el fraude electoral”, escribió Alito. “En el otro platillo de la balanza, los estados demandantes invocan los efectos prácticos de implementar la norma tan cerca de las elecciones de mitad de mandato. Me tomo ese problema muy en serio, pero no es suficiente para convencerme de denegar la solicitud”.
“Es poco probable que ese intento desesperado tenga éxito en este caso”, escribió Alito. “El Servicio Postal tiene amplias facultades para regular el correo”.
Además de los estados gobernados por demócratas y los grupos defensores del derecho al voto que impugnaron la propuesta, una coalición bipartidista de administradores electorales, exgobernadores y otras figuras advirtió a los magistrados sobre los cambios de última hora en los procedimientos de voto por correo. La norma del Servicio Postal exigía a los estados cargar grandes cantidades de datos de los votantes en un portal en línea que aún no estaba operativo. Asimismo, requería modificaciones en los sobres de votación que ya se habían adquirido y que un número creciente de estados ya había comenzado a enviar por correo.
Los estados demócratas y los grupos defensores del derecho al voto que presentaron la demanda contra la medida elogiaron la decisión del tribunal a última hora del lunes.
“El intento de Trump de sabotear las elecciones de 2026 ha fracasado”, declaró la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, demócrata.
La administración argumentó que los cambios eran necesarios para proteger las boletas y garantizar que solo los votantes elegibles las recibieran. Sin embargo, una coalición de dos docenas de estados gobernados por demócratas y grupos defensores del derecho al voto calificó la iniciativa como un intento de acaparar poder por parte de un presidente que, desde hace tiempo, ha alegado falsamente la existencia de un fraude electoral generalizado en los sistemas de voto por correo.
El recurso de emergencia de alto perfil, presentado la semana pasada, marcó la tercera vez que el Gobierno de Trump acudió a la Corte Suprema en relación con esta política. A finales de agosto, el tribunal permitió al presidente seguir adelante, aunque lo hizo por motivos técnicos relacionados con el momento en que se presentó la demanda que impugnaba la medida. Días después, un tribunal federal de menor instancia bloqueó la entrada en vigor de los cambios.
Según la Constitución, son los estados y el Congreso quienes determinan los procedimientos de votación, no la Casa Blanca ni el Servicio Postal.
La orden presidencial exigía a los estados que entregaran al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) listas de votantes elegibles. La agencia tenía prohibido entregar boletas enviadas por los estados a personas que no figuraran en dichas listas. También obligaba a los estados a utilizar códigos de barras de seguimiento en los sobres de las boletas y daba “prioridad” al procesamiento federal de los funcionarios electorales estatales que enviaran o recibieran boletas destinadas a personas que no fueran ciudadanas o que no cumplieran los requisitos para votar.
Mientras la Corte Suprema analizaba las cuestiones legales, un denunciante del Servicio Postal expuso una serie de advertencias alarmantes. Su informe dejaba claro que no solo se retendría una boleta si hubiera problemas con el código de barras del sobre, sino que los funcionarios se negarían a entregar todo el lote de correspondencia al que pertenecía dicho sobre. El denunciante también describió un proceso apresurado para implementar un sistema de intercambio de datos en línea que, según él, podría hacer que el complejo plan fuera aún más vulnerable a una posible privación masiva del derecho al voto.
Durante años, Trump ha difundido teorías conspirativas sobre el voto por correo para desacreditar las elecciones presidenciales de 2020, en las que resultó derrotado. No obstante, las irregularidades en la votación son muy poco frecuentes, y la administración nunca ha presentado pruebas de un fraude generalizado a una escala capaz de influir en el resultado de los comicios de 2020 ni de ninguna otra contienda electoral.
Varios tribunales federales rechazaron la propuesta. Durante el fin de semana, el juez federal de distrito Carl Nichols —designado por Trump y con sede en Washington— se sumó a la lista de magistrados que han suspendido la aplicación de la norma del USPS de cara a las elecciones intermedias.
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