Los brasileños creían que sabían qué es una crisis, hasta que llegó esta pelea inédita entre dos jueces de su máximo tribunal
Análisis por Iuri Pitta, CNN en Español
Una nueva polarización se cierne sobre las elecciones presidenciales en Brasil. A unos 30 días de la primera vuelta, el enfrentamiento público entre ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) acapara la atención que antes recibían los protagonistas de la contienda e, inevitablemente, afectará el ánimo del electorado que elegirá a quien ocupará el Palacio de Planalto durante los próximos cuatro años.
El intercambio de acusaciones (implícitas y explícitas, cabe señalar) entre los ministros Alexandre de Moraes y André Mendonça, a raíz de investigaciones relacionadas con el caso Master y el exbanquero Daniel Vorcaro, escaló a un nivel sin precedentes, incluso en un país acostumbrado a crisis políticas e institucionales como Brasil.
Y todo sucede a un ritmo acelerado incluso para los tiempos de las redes sociales y las publicaciones que se viralizan en cuestión de segundos. En las mediciones digitales de la opinión pública ya es visible la división entre partidarios y detractores de los ministros que son el eje de la crisis en el STF.
Mendonça fue el ministro que, este martes, hizo público un informe de la Policía Federal elaborado a partir de mensajes peritados en los teléfonos celulares incautados a Vorcaro. El documento contiene referencias a encuentros con Moraes; la negociación de dos contratos entre el extinto Banco Master y el bufete de abogados de la esposa de Moraes; imágenes y relatos de conversaciones del exbanquero con el fiscal general de la República, Paulo Gonet; y menciones al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, entre otros indicios.
A partir de ese documento, Mendonça pidió al presidente del STF, Edson Fachin, que esos hallazgos fueran discutidos por el pleno de la Corte, que está incompleto desde el año pasado debido a la jubilación anticipada de Luís Roberto Barroso. Por primera vez en más de un siglo, el Senado rechazó el nombre propuesto por el presidente de la República, lo que deja el quórum incompleto y sin perspectivas de ser recompuesto.
Dos días después, en reacción directa a la decisión tomada por su colega de la Corte, Moraes utilizó otra investigación bajo su responsabilidad —conocida como “investigación del fin del mundo”, abierta a comienzos de 2019— para atribuir a Mendonça otros indicios, como abuso de autoridad y delito de responsabilidad.
En síntesis, un ministro puesto bajo sospecha por otro ministro respondió no a los indicios en sí, sino con acusaciones directas y graves contra su colega de la Corte.
Antes, el propio fiscal general ya había señalado la posible nulidad del informe sobre los mensajes de Vorcaro, con el argumento de que debía existir la aprobación previa de la mayoría de los ministros del STF antes de que los policías registraran los indicios relacionados con Moraes y con el propio Paulo Gonet.
Moraes no se ha pronunciado públicamente sobre el informe de la PF. En ocasiones anteriores, cuando la prensa reveló la existencia del contrato entre el Banco Master y el despacho de la esposa del ministro, la alegación fue que se trataba de un contrato de servicios jurídicos. Moraes también negó, en ocasiones anteriores, haber recibido un mensaje del celular del exbanquero.
Por su parte, Mendonça niega haber actuado con interés político en la conducción del caso Master; como fue ministro del Gobierno de Bolsonaro y fue nominado al STF por el expresidente, los aliados de Moraes lo acusan de sesgo en su actuación en el caso Master. El ministro tampoco se ha manifestado públicamente tras la medida tomada por su colega del Supremo.
En medio de este enfrentamiento, el presidente del STF, Edson Fachin, intenta encontrar vías para evitar que la propia Corte sufra ante la sociedad un desgaste aún mayor que el que viene afrontando desde que pasó a ser reconocida más por su actuación política que por el análisis técnico de cuestiones constitucionales.
En junio, el instituto Datafolha preguntó a los brasileños si sentían orgullo o vergüenza de diversas instituciones públicas, y el Supremo fue señalado como motivo de vergüenza por el 58 %, un nivel similar al de organismos históricamente rechazados por los electores, como el Congreso Nacional.
El viernes, Fachin señaló públicamente la necesidad de poner fin a la llamada investigación del fin del mundo, la que más simboliza la acumulación de poder por parte de Moraes en los últimos años. Él fue el responsable del proceso que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro (PL) por delitos contra la democracia, lo que convirtió al ministro en el blanco preferente de los partidarios del candidato del PL a la presidencia, Flávio Bolsonaro.
Pero, al asumir la responsabilidad de investigar la conducta tanto de Moraes como de Mendonça, Fachin intenta ganar un tiempo que la presión social parece poco dispuesta a concederle al presidente del STF.
Puede sonar extraño a ojos y oídos que no siguen diariamente la política nacional, pero era cuestión de tiempo que la Corte Constitucional brasileña y algunos de los integrantes más poderosos del STF estuvieran en el centro de una disputa tan ruidosa como esta, capaz de eclipsar, aunque fuera temporalmente, la propia contienda presidencial.
Ninguna democracia liberal otorga a un tribunal constitucional tanto protagonismo como el entramado institucional brasileño. A modo de comparación, la Corte Suprema de Estados Unidos recibe cerca de 7.000 solicitudes de recurso al año y acepta juzgar menos de un centenar. Solo en el primer semestre de 2025, el STF juzgó más de 57.000 procesos, según un balance de la propia Corte.
Y mientras esos tribunales de todo el mundo procuran concentrarse en cuestiones constitucionales, en Brasil el Supremo tiene una triple función: corte constitucional, tribunal de apelación y, para determinadas autoridades nacionales, primera instancia en causas penales como la que condenó a Bolsonaro.
En este embrollo institucional, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intenta evitar que su imagen se vea afectada, algo difícil de lograr a tan poco tiempo de las elecciones y tras la percepción de una alianza entre los poderes Ejecutivo y Judicial a lo largo del actual mandato; el STF tomó decisiones importantes para el Gobierno en disputas, por ejemplo, sobre recursos del presupuesto.
Los antecedentes muestran otro desafío para el petista. En 2013, un año antes del Mundial de Brasil, unas manifestaciones iniciadas con críticas a las tarifas de autobús en las capitales, una competencia de los alcaldes, desembocaron en una espiral de protestas contra todo y contra todos, reduciendo a la mitad el índice de aprobación superior al 60 % del que gozaba la entonces presidenta, Dilma Rousseff (PT), en la segunda mitad de aquel mandato.
La petista consiguió ser reelegida al año siguiente, pero en la contienda presidencial más reñida hasta entonces y aún sin sentir los efectos de la grave crisis económica que ya daba señales durante 2014. Dos años después, Dilma fue destituida por el Congreso, y el malestar de la opinión pública con la política tradicional contribuyó a impulsar la elección de Jair Bolsonaro en 2018.
Experimentado como pocos, Lula conoce los riesgos que este clima de “que se vayan todos” puede suponer para la campaña de reelección de un Gobierno que ya afronta desafíos por sí solo, al registrar ante la opinión pública una desaprobación mayor que su aprobación.
Por eso, el presidente también afirmó el viernes que “nadie puede utilizar el cargo que ocupa en beneficio personal”, buscando alinearse con el clima de indignación ante la crisis, al mismo tiempo que critica las “filtraciones selectivas” en las investigaciones policiales.
En los primeros días de turbulencia institucional, Flávio es quien puede sacar mayor provecho al reiterar las acusaciones de que Moraes habría perseguido a Jair Bolsonaro. Pero el candidato del PL también fue sorprendido en mensajes con Vorcaro, en los que pedía dinero para la película “Dark Horse”, lo que limita hasta qué punto puede aprovechar públicamente el rumbo del caso Master.
A un mes de la primera vuelta, la crisis del STF adquirió aires de vendaval, y quienes participan en la contienda presidencial intentan no ser arrastrados con ella.
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