Las juezas Barrett y Kagan comparecerán ante legisladores tras un período divisivo de la Corte Suprema
Por John Fritze, CNN
Mientras el poder judicial federal hace esta semana una inusual gestión directa ante el Congreso para solicitar decenas de millones de dólares adicionales para seguridad, la Corte Suprema enviará a una mensajera que está en una posición singular para hablar, desde su experiencia personal, sobre las amenazas que enfrenta el sistema judicial.
La jueza Amy Coney Barrett ha estado en el centro de varios incidentes de seguridad alarmantes desde que el presidente Donald Trump la nominó para la Corte Suprema hace casi seis años. El más reciente fue un intento de “swatting” contra su casa en mayo, que fue frustrado después de que la policía identificara que ella era el objetivo.
“Ella tiene experiencia de primera mano con este tema”, dijo Gabe Roth, director de Fix the Court, un grupo que promueve la transparencia y otras reformas en el sistema judicial. “Es una elección muy acertada para dar este testimonio”.
Pero Barrett también comparecerá este martes en dos audiencias apenas unos días después de que la Corte Suprema concluyera un período profundamente divisivo, en el que declaró inconstitucionales los intentos de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento y de imponer aranceles globales. Aunque suele alinearse con el bloque conservador del tribunal, ha recibido una fuerte ola de críticas desde la derecha por respaldar esas decisiones.
No está claro si esa tensión surgirá durante las audiencias de este martes, aunque varios asesores del Congreso dijeron a CNN que los legisladores preparan preguntas que llevarán a Barrett y a la jueza Elena Kagan, integrante del ala liberal de la Corte y quien también comparecerá, mucho más allá de los temas relacionados con el presupuesto.
Los nueve integrantes de la Corte Suprema rara vez comparecen en el Capitolio; la última vez que un juez testificó ante el Congreso fue en 2019. Además, la mayoría de sus apariciones públicas fuera del tribunal suelen estar cuidadosamente guionizadas y moderadas por jueces federales ante audiencias muy respetuosas.
Pero la Corte Suprema, al igual que el resto del Gobierno federal, depende del Congreso para financiar la mayor parte de su presupuesto. Y este año, en medio de una ola bien documentada de amenazas físicas y cibernéticas, el poder judicial está solicitando un aumento considerable.
El sistema judicial pidió casi US$ 921 millones para seguridad, un incremento de US$ 29 millones con respecto al año pasado, destinados a las fuerzas de seguridad que protegen los tribunales federales. La solicitud incluye un aumento de casi US$ 15 millones para ampliar la disponibilidad de los integrantes de la Policía de la Corte Suprema encargados de proteger a los jueces y a sus familias, incluso en sus hogares. El Servicio de Alguaciles de EE.UU. asumió esa responsabilidad en 2022, tras la filtración sin precedentes del borrador del fallo que anuló Roe vs. Wade, aunque nunca se concibió como una solución permanente.
En total, el poder judicial solicita US$ 9.700 millones en fondos discrecionales, un aumento del 4,5 % frente al año pasado.
Los incidentes de seguridad relacionados con jueces que el Servicio de Alguaciles clasificó como de “preocupación significativa” aumentaron un 57 % en 2025, un dato que Barrett y Kagan seguramente destacarán.
Barrett ha estado involucrada en varios incidentes que trascendieron públicamente. La policía de los suburbios de Virginia, en el área de Washington, informó en mayo que acudió a la vivienda de una jueza de la Corte Suprema tras recibir un reporte de disparos que luego determinó que era falso. Posteriormente, CNN informó que el objetivo era la casa de Barrett, aunque ni la jueza ni la Corte han reconocido públicamente el incidente.
La casa de la hermana de Barrett, en Carolina del Sur, fue blanco de una amenaza de bomba un año antes. Además, Barrett habló abiertamente durante una conferencia en 2024 sobre cómo la enviaron a su casa desde la Corte Suprema con un chaleco antibalas. El tribunal, que suele ser extremadamente reservado respecto a las medidas de seguridad, nunca explicó por qué le proporcionó ese equipo de protección.
El incidente de mayor repercusión relacionado con un juez de la Corte Suprema ocurrió en 2022, cuando una persona de California que ahora se identifica como Sophie Roske viajó al otro extremo del país y llegó al vecindario del juez Brett Kavanaugh con una bolsa llena de armas de fuego y otras armas con la intención de asesinarlo. El año pasado, Roske fue condenada a poco más de ocho años de prisión y a libertad supervisada de por vida.
Roth dijo que apoya el aumento presupuestario “que les permitirá contratar la cantidad adecuada de personal y la protección que, lamentablemente, pero sin duda, necesitan”. Pero, al mismo tiempo, añadió que “es un aumento muy pronunciado y los legisladores tienen todo el derecho de examinarlo en lugar de simplemente entregarles a los jueces un cheque en blanco”.
La solicitud presupuestaria del poder judicial para 2027 es solo la más reciente en pedir más recursos para seguridad. Eso ha derivado en una presencia de seguridad notablemente mayor cuando los jueces viajan.
El juez Clarence Thomas, integrante del ala conservadora de la Corte, se ha quejado abiertamente del aumento de las medidas de seguridad que se han vuelto necesarias en los últimos años. En mayo dijo ante una audiencia en Florida que ahora le resulta mucho más difícil participar en actividades fuera del tribunal.
“Las preocupaciones de seguridad ahora son muy diferentes de las que existían cuando me convertí por primera vez en juez de circuito”, dijo Thomas durante una conferencia de jueces y abogados en las afueras de Miami. “Ese es realmente uno de los grandes cambios desde que estoy en la Corte: se ha vuelto muy, muy arriesgado”.
Aunque Kagan y Barrett intentarán mantener el foco en la financiación para seguridad, es prácticamente seguro que también enfrentarán preguntas sobre otros temas más controvertidos. Según varios asesores del Congreso consultados por CNN, se espera que los legisladores pregunten cómo está abordando internamente el poder judicial los mercados de predicción, qué procesos ha implementado la Corte para evitar filtraciones y qué ocurre con las persistentes dudas sobre los procedimientos éticos tras una serie de escándalos de alto perfil relacionados con viajes de lujo de algunos jueces.
Lo que es menos claro es si Barrett, en particular, enfrentará preguntas sobre una serie de votos que emitió este año en apelaciones de alto perfil relacionadas con Trump. La tensión entre la candidata más reciente de Trump para la Corte Suprema y parte del movimiento jurídico conservador ha sido evidente durante más de un año. Esa fricción se intensificó el mes pasado, cuando Barrett se unió al presidente de la Corte, John Roberts, y a los jueces liberales para concluir que el intento del presidente de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento mediante un decreto era inconstitucional.
Barrett votó a favor de anular Roe vs. Wade en 2022 y ha sido un voto confiable para los resultados conservadores en casos relacionados con la Segunda Enmienda y la libertad religiosa. También fue una de los seis jueces que votaron a favor de otorgar a Trump una amplia inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales. Apenas en el período anterior redactó una opinión que limitó la capacidad de jueces de tribunales inferiores para bloquear la agenda del presidente.
Aun así, ha recibido críticas de algunos conservadores por distanciarse del presidente en decisiones importantes. Este año, además del caso sobre la ciudadanía por nacimiento, se sumó en febrero a la opinión mayoritaria de la Corte que anuló los amplios aranceles globales impulsados por el presidente.
Mike Davis, un operador jurídico conservador cercano al Gobierno de Trump, ha sido uno de los críticos más duros de Barrett, incluso por su voto en el caso de la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, dijo que no cree que las audiencias de este martes sean el lugar adecuado para plantear esas diferencias.
“Aunque el voto de la jueza Barrett sobre la ciudadanía por nacimiento es sumamente perjudicial e injustificable”, dijo Davis a CNN, “no corresponde al Congreso interrogar a los jueces de la Corte Suprema sobre sus fallos judiciales durante audiencias de asignaciones presupuestarias”.
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Con información de Holmes Lybrand, de CNN.
