Muerte de activista polaca Monika Silva en Ecuador desata alertas sobre deterioro en la protección de derechos humanos
Por Ana María Cañizares, CNN en Español
Levantar la voz sobre lo que consideraba injusto fue la misión de vida que públicamente llevó adelante Monika Silva Koniuszek, una activista de origen polaco que residía en Ecuador y cuyo cuerpo fue hallado en su casa a inicios de junio. Silva vivía en la localidad de Montañita, en la provincia de Santa Elena, un territorio costero donde la criminalidad ha escalado sin tregua, así como los conflictos por tierras y las disputas entre bandas del crimen organizado.
Vivir en una región conflictiva no detuvo a Monika Silva en su afán de buscar justicia, investigar y apoyar las causas de su comunidad. Pero su muerte ha provocado la condena de cientos de personas, de organizaciones e incluso de la Unión Europea, que ha llamado a esclarecer las causas. La muerte de esta mujer de 41 años, que con frecuencia denunció casos de presunta corrupción y tráfico de tierras, también ha dejado una estela de temor en una parte de la sociedad que cree que la vida de quienes advierten irregularidades podría estar expuesta a riesgos graves.
“La violencia que viven varias activistas mujeres es algo que está escalando. Los defensores de derechos están indefensos”, dice a CNN Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil, que ejerce la defensa jurídica en el caso por la muerte de Silva.
Las causas de su muerte no están claras y el hecho ha desatado una serie de interrogantes sobre sus motivaciones. También ha abierto un debate sobre el estado de los derechos humanos en el país. La Fiscalía indicó a CNN que mantiene una investigación previa del caso y que hay detalles que mantiene en reserva.
La activista polaca presidía la Fundación “La Integridad”, que trabaja en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los pobladores de la zona rural de Santa Elena, quienes reportan dificultades como la desnutrición crónica infantil, el desempleo, la pobreza y la falta de servicios básicos. Silva insistía en que la raíz de estos problemas era la corrupción y la injusticia arraigadas y, por eso, emprendió su propia cruzada para denunciar irregularidades. Sus redes sociales eran los canales para difundir sus denuncias y meses antes de su muerte, la activista había denunciado en esas mismas redes amenazas contra su vida.
En cuanto la Policía Nacional de Ecuador confirmó la muerte de Monika Silva, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en una entrevista en la radioemisora local “América”, habló sobre una presunta hipótesis. “Se presume un suicidio. Se encontraron en el lugar los indicios para llegar a esa determinación dentro de las primeras versiones que dio su pareja sentimental”, señaló Reimberg. Agregó que en la escena se encontraron una soga y un palo y que, supuestamente, Silva sufría depresión y tomaba medicamentos.
Estas declaraciones provocaron críticas y cuestionamientos en el ámbito jurídico, pues la Fiscalía es la titular de la investigación y no el Ministerio del Interior.
“Las palabras del ministro fueron poco menos irresponsables y fuera de todo contexto, entendiendo que es un proceso que debe llevarse en el fuero privado bajo control y cuidado de la información que se entrega. Fue muy irresponsable con el caso, pero sobre todo con la familia, con la mamá y las hijas de Monika, al atribuir inmediatamente un suicidio”, sostiene Lita Martínez del CEPAM.
Días después de su versión inicial y tras la serie de reacciones a la muerte de Silva, el ministro Reimberg dijo que aquella declaración sobre un presunto suicidio se basaba en un informe policial preliminar. Agregó que ha dispuesto celeridad y transparencia en la investigación para que los hechos sean esclarecidos.
“Además de colaborar íntegramente con los poderes del Estado a cargo de esta investigación y con la decisión de incorporar peritos internacionales. Nuestro compromiso es contribuir a que la verdad salga a la luz y que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido”, añadió Reimberg. CNN no ha podido obtener más comentarios sobre las afirmaciones del funcionario y consultó a la Policía sobre la posible existencia de un informe previo que señalara el suicidio como hipótesis preliminar, pero no obtuvo respuesta.
La abogada Martínez señala que el CEPAM no ha tenido acceso a un informe o parte policial que determine la hipótesis de suicidio y que el único informe al que la defensa accedió es el resultado de la autopsia, que establece “la existencia de lesiones incompatibles con un suicidio”. CNN no ha podido acceder a este documento de manera independiente.
La Radio Pública de Polonia “Polskie Radio 24” informó que la Oficina del fiscal del distrito de Olszyn recibió un informe preliminar de la autopsia de Silva que indica que la muerte de la activista “fue el resultado de una acción deliberada de terceros”, según Daniel Brodowski, portavoz de la Fiscalía del distrito. Agregó que el documento incluye las lesiones que sufrió Silva, pero que la Fiscalía no las detalla y que las autoridades ecuatorianas se han comprometido a entregar más documentación.
Según Martínez, la escena fue alterada y preparada para que se creyera que se trató de un suicidio. “En ningún momento hay una determinación previa de que haya sido un suicidio. El primer y único informe que existe es el del médico legista que se incorpora al expediente y que, con los argumentos técnicos, determina que la vida de Monika fue segada de manera violenta por terceros”, sostiene Martínez.
Existe otra línea de investigación: el feminicidio, pues, según explica Martínez, por protocolo se debe descartar esta posibilidad al tratarse de una activista que previamente había denunciado amenazas y violencia de género.
“La muerte violenta de Monika puede ser el resultado de su activismo. En ambas líneas (feminicidio y homicidio) puede haber un ejercicio de poder, discriminación o un nexo debido a patrones previos de discriminación”, resalta.
La Unión Europea expresó su preocupación por la muerte de Monika Silva e instó a una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del caso. Reiteró la importancia de “proteger a los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil, así como garantizar un entorno seguro para el ejercicio del espacio cívico en Ecuador”.
Mientras que la embajada de Polonia en Perú, acreditada para Ecuador, informó que está en contacto con las autoridades locales para aclarar las circunstancias del hecho y adelantó que ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los hijos de la fallecida.
“Proporcionar condiciones seguras para el ejercicio de la actividad ciudadana, así como para el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades civiles, es obligación esencial de todo estado de derecho”, precisó la delegación diplomática.
La madre de Monika Silva y abuela de sus hijas viajó a Ecuador para realizar trámites y trasladar a las menores fuera del país, según informó el CEPAM.
El abogado y profesor especialista en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Quito, Efrén Guerrero, dijo a CNN que el trabajo de los activistas es vital para el Estado y que su labor no debe ser estigmatizada.
“Es un contexto adverso para todos porque el Estado está perdiendo varias oportunidades para que pueda actuar productivamente con los organismos y personas de la sociedad civil. Creo que hay un ambiente de desconfianza entre el Estado y la sociedad civil que debería ser mejorado de manera coherente y rápida. Hay que evitar estos discursos que equiparan la acción periodística o la defensa de derechos humanos con desestabilización”, insiste.
Guerrero agrega que el Estado debe procurar espacios de diálogo con activistas, más aún si han recibido amenazas, como ocurrió en el caso de Monika Silva. “Una sociedad que desconfía de quienes vigilan el poder corre el riesgo de aceptar abusos como si fueran soluciones”, agrega.
La Cancillería de Ecuador solicitó cooperación internacional a Argentina y Polonia con el fin de obtener la asistencia de veedores y forenses independientes que apoyen las investigaciones y permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Silva.
“Defender derechos humanos no significa justificar ningún delito ni negar el sufrimiento de las víctimas. Esto significa exigir que el Estado investigue, sancione y proteja dentro de la ley, sin tortura, sin desapariciones, ni castigos colectivos”, insiste el profesor Guerrero.
La muerte de Silva se produce en un momento complejo en materia de derechos humanos. Ecuador perdió 31 puestos en la reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundida en mayo. Del lugar 94 pasó al 125 de un total de 180 países evaluados por RSF. CNN solicitó comentarios sobre este informe a la Cancillería y a la Secretaría de Comunicación y espera una respuesta.
A eso se suma que, a finales de junio, Ecuador ingresó en el Índice Global de Tortura en la categoría “alto riesgo”, la segunda más grave del índice anual de la Organización Mundial Contra la Tortura. El informe sostiene que, desde 2024, con la declaración del estado de excepción, se ha registrado “un deterioro sustancial de la situación de derechos humanos, marcado por la militarización de la seguridad pública y la ampliación de poderes otorgados a las Fuerzas Armadas”.
Agrega que se han reportado al menos 51 desapariciones forzadas, presuntamente perpetradas por agentes del Estado durante distintos operativos, así como detenciones arbitrarias y restricciones a las garantías judiciales.
“Las denuncias de tortura (369 casos entre 2024 y 2026), ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza persisten en un contexto de alta impunidad, reflejada en la prevalencia de investigaciones que no han derivado en condenas. La reiterada imposición de estados de emergencia, acompañada de toques de queda sin las garantías adecuadas, incrementa el riesgo de abusos y debilita los mecanismos de rendición de cuentas”, añade el reporte. El Gobierno ha descartado que haya maltrato o tortura en las prisiones ni durante operativos en las calles en los estados de excepción. Sin embargo, en diciembre de 2025, 16 militares que patrullaban las calles fueron sentenciados por la desaparición forzada de cuatro menores hallados muertos y calcinados en Guayas.
El gobierno cree que su política de mano dura, acompañada de despliegues militares y constantes estados de excepción y toques de queda, sigue siendo el antídoto contra la escalada criminal, a pesar de que el país registró más de 9.000 homicidios en 2025, el año más violento de su historia.
El profesor Guerrero insiste en que esa política no necesariamente entra en conflicto con el respeto a los derechos. “No tiene nada de malo que un gobierno que dice aplicar la mano dura también pueda defender derechos humanos. Ser duro y vehemente contra la delincuencia impone respetar garantías mínimas. No hay algo que diga que no se pueden ambas cosas”, concluye.
El caso de Monika Silva ha puesto sobre la mesa la discusión acerca del temor o recelo que su muerte pueda dejar en diferentes sectores sociales fundamentales de una sociedad democrática.
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