La Corte Suprema limita el poder del Gobierno federal para desarmar a consumidores de drogas

Por John Fritze, CNN

Este jueves, la Corte Suprema limitó el poder del gobierno federal para desarmar a un consumidor frecuente de marihuana, restringiendo el alcance de una ley promulgada en la década de 1960 para impedir que los estadounidenses que consumen drogas con regularidad tengan acceso a armas.

En una opinión unánime redactada por el juez Neil Gorsuch, la Corte dictaminó que el procesamiento del Gobierno era incompatible con la Segunda Enmienda.

“En muchos aspectos, este caso es limitado”, escribió Gorsuch. “No abordamos los intentos de prohibir que los adictos o quienes se encuentran bajo los efectos de las drogas posean armas de fuego. Tampoco abordamos otras leyes preventivas que el Congreso podría adoptar tras determinar que los consumidores de una droga en particular representan un riesgo especial de mal uso de las armas de fuego”.

El caso se centró en Ali Danial Hemani, ciudadano estadounidense y pakistaní, quien fue acusado en 2023 de un solo cargo por violar la ley federal contra las armas y las drogas. Aunque el Departamento de Justicia acusó a Hemani de numerosos delitos —tráfico de drogas, consumo de cocaína y simpatía por Irán—, su acusación formal se produjo tras un registro del FBI en la casa de su familia, donde se encontraron una pistola Glock de 9 mm y 60 gramos de marihuana.

“No cuestionamos que, en ocasiones, el uso ilegal de marihuana (o cualquier otra sustancia controlada) por parte de un individuo pueda convertirlo en un peligro para los demás”, escribió el tribunal. “Pero, una vez más, el gobierno niega la necesidad de demostrar algo así en este caso. En cambio, nos pide que concluyamos que cualquiera que consuma marihuana con regularidad es categóricamente violento y peligroso sin ninguna otra prueba”.

Y eso, según Gorsuch, era ir demasiado lejos.

El recurso estaba condicionado por factores que trascendían las circunstancias particulares de Hemani, incluida la tendencia reciente de la Corte Suprema —de mayoría conservadora— a evaluar las leyes sobre armas teniendo en cuenta la perspectiva histórica. Asimismo, el caso llegó al alto tribunal en un momento de cambio generalizado en la percepción sobre el consumo de marihuana: cerca de la mitad de los estados de EE.UU. han legalizado la posesión de pequeñas cantidades para uso recreativo, y una proporción aún mayor permite su uso con fines medicinales.

“El tribunal parece haberse esforzado por evitar pronunciarse sobre cuestiones de mayor calado, como la constitucionalidad de penalizar la posesión de armas por parte de personas adictas a las drogas, de individuos que se encuentran bajo los efectos de sustancias o en otras situaciones en las que el acusado no representa un peligro evidente”, señaló Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema para CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Sin embargo, es solo cuestión de tiempo que estas cuestiones vuelvan a plantearse ante el tribunal en casos en los que a los magistrados les resultará más difícil eludir una decisión”.

La administración Trump, que ha manifestado un firme apoyo a la Segunda Enmienda, defendió la ley federal en este caso, argumentando que las armas y las drogas constituyen una combinación peligrosa. El Departamento de Justicia afirmó que unas 300 personas son acusadas anualmente de violar esta ley. Una condena puede acarrear una pena de prisión de hasta 15 años.

Durante los alegatos orales celebrados en marzo, quedó patente que tanto los magistrados conservadores como los progresistas albergaban dudas sobre el alcance de la acusación fiscal. La magistrada Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, planteó si la ley se aplicaría a una persona que consumiera Ambien sin receta médica, un supuesto hipotético que puso de relieve la amplitud de la normativa.

Un elemento que añadió un matiz político al asunto fue el hecho de que Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fuera condenado en 2024 por infringir la misma ley, aunque en su caso el delito estaba relacionado con su adicción al crack. Posteriormente, el presidente Biden le concedió el indulto.

El caso brindó a la Corte Suprema una nueva oportunidad para revisar su histórica sentencia de 2022 en el caso “NYSRPA contra Bruen”, la cual facilitó a los ciudadanos estadounidenses el porte de armas cortas en público y estableció que, para superar un recurso basado en la Segunda Enmienda, las prohibiciones sobre armas debían guardar alguna relación con las leyes vigentes en la época fundacional de Estados Unidos. Posteriormente, el tribunal aclaró dicho criterio histórico en una decisión emitida dos años más tarde, ratificando una ley que prohíbe poseer armas de fuego a las personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica, siempre que se haya determinado que representan una amenaza creíble para la seguridad.

Así, el caso de Hemani suscitó un debate confuso sobre las prohibiciones de armas de la época colonial relacionadas con la embriaguez en público. La administración Trump argumentó que tales leyes permitían históricamente a los gobiernos desarmar a personas que se encontraban frecuentemente en estado de ebriedad. Sin embargo, los abogados de Hemani y una coalición de grupos a favor del acceso a la marihuana sostuvieron que dichas leyes históricas no eran equiparables, ya que restringían el uso de armas de fuego únicamente a personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol en ese momento.

La Ley de Control de Armas de 1968, promulgada en parte como respuesta a los asesinatos de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., estableció categorías de personas a las que el gobierno federal podía desarmar, incluidas aquellas condenadas por delitos graves o expulsadas de las fuerzas armadas con deshonor. El texto de la disposición relativa a las drogas abarca tanto a las personas adictas a sustancias como a aquellaos consideradas “consumidores ilegales”.

Al menos 43 estados cuentan con leyes similares que restringen el acceso a armas de fuego para los consumidores de drogas. No obstante, los detractores señalaron que la mayoría de estas leyes definen a las personas sujetas a desarme como consumidores “habituales”, un término que no figura en la normativa federal.

Un tribunal federal de distrito en Texas desestimó el cargo contra Hemani, basándose en el fallo de 2022 del caso “Bruen”. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., de tendencia conservadora, ratificó dicha decisión; en un fallo breve, sostuvo que los antecedentes históricos solo reflejan leyes que prohibían armas a estadounidenses que se encontraban bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento de su detención. La administración Trump apeló ante la Corte Suprema el año pasado.

“El tribunal ha enviado un mensaje contundente: el gobierno no puede criminalizar la conducta de un gran número de personas basándose en suposiciones categóricas e infundadas sobre su peligrosidad”, afirmó Cecillia Wang, directora jurídica de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), organización que formó parte del equipo legal que representó a Hemani.

“Dado que casi la mitad de los estadounidenses declara haber consumido marihuana en algún momento de su vida, este fallo protege los derechos de millones de personas y limita la capacidad del gobierno para imponer sanciones arbitrarias y discriminatorias”, señaló.

Esta noticia fue actualizada.

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Con información de Devan Cole, de CNN.