Exclusivo: la administración Trump intensifica sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a los estadounidenses naturalizados
Por Priscilla Álvarez, CNN
Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, la administración Trump planea presentar al menos 250 casos de revocación de la ciudadanía para octubre, intensificando significativamente sus esfuerzos para retirar el estatus a las personas naturalizadas en Estados Unidos.
En menos de dos meses este año, el Departamento de Justicia ha presentado 29 casos de revocación de la ciudadanía contra estadounidenses nacidos en el extranjero a quienes acusa de obtener la ciudadanía estadounidense de forma fraudulenta.
Los abogados litigantes civiles están revisando activamente casos adicionales para presentar, ya que el departamento está acelerando el ritmo, que ya ha superado el de años anteriores: entre 2008 y el 12 de junio de 2026, se presentaron 166 denuncias de desnaturalización, un promedio anual de menos de 10, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
Esta iniciativa forma parte de la agenda inmigratoria más amplia y agresiva del presidente Donald Trump, que ha ido mucho más allá de perseguir a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, y revela cómo las agencias federales han reorientado sus recursos para dar prioridad a dicha agenda.
Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, tras bambalinas, se ha reasignado a abogados litigantes civiles de diversas divisiones —incluidas las encargadas de investigar el fraude, que la administración ha presentado como otra prioridad— para que se ocupen de casos de revocación de la ciudadanía.
Estos casos también se están remitiendo a las fiscalías federales en un momento en que muchas ya se encuentran bajo una enorme presión.
“Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”, señaló a CNN el alto funcionario del Departamento de Justicia, y agregó que los casos de revocación de la ciudadanía deben priorizarse “para proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las personas que están presentes en este país y han disfrutado de los beneficios de la ciudadanía lo estén haciendo legalmente, y que las personas adecuadas estén adquiriendo la ciudadanía”.
Entre los casos presentados hasta ahora por la administración Trump se incluyen personas acusadas de cometer fraude, abuso sexual de un menor o de haber expresado su apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización.
El Gobierno federal tiene la facultad, según la ley federal, de revocar la ciudadanía de una persona si esta hizo declaraciones falsas relacionadas con el proceso de naturalización o si la obtuvo ilegalmente, es decir, si no cumplía con los requisitos para obtenerla.
Los casos de revocación de la ciudadanía generalmente se encuadran en una de estas categorías y, según las circunstancias, se tramitan como casos civiles o penales.
La revocación de la ciudadanía no se aplica a quienes nacieron en el país y obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento. (Por otra parte, Trump intentó, mediante una orden ejecutiva, poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento. La Corte Suprema pronto se pronunciará sobre la legalidad de esta medida).
En la última década, casi 8 millones de personas se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
La administración dejó clara su intención de priorizar las revocaciones de ciudadanía en un memorando de junio de 2025 del secretario de Justicia Adjunto Brett Shumate.
El funcionario enumeró 10 categorías de casos prioritarios, entre los que se incluyen personas que representan un peligro para la seguridad nacional, que han cometido crímenes de guerra, fraude o delitos graves no declarados durante el proceso de naturalización, entre otros.
“Estas categorías tienen como objetivo orientar a la División Civil a la hora de priorizar qué casos tramitar; sin embargo, estas categorías no limitan a la División Civil a la hora de tramitar ningún caso en particular, ni están enumeradas en un orden de importancia específico”, reza el memorando.
La unidad de revocación de ciudadanía está compuesta por 12 abogados que están tramitando una gran cantidad de casos pendientes y siguen recibiendo derivaciones del Departamento de Seguridad Nacional.
Esta acumulación incluye instancias de fraude de identidad, así como de condenas previas, delitos de guerra y terrorismo, declaró un alto funcionario del Departamento de Justicia.
Sin embargo, dado el volumen de trabajo, el Departamento de Justicia está recurriendo a otras oficinas de su división civil, incluidos abogados especializados en fraude civil, funcionarios designados políticamente en la oficina principal, entre otros abogados, para ampliar su capacidad.
Mientras tanto, las fiscalías estadounidenses también están recibiendo casos y distribuyéndolos por todo el país según el lugar donde se presenten. El alto funcionario del Departamento de Justicia afirmó que las fiscalías estadounidenses podrían presentar “varios cientos de casos más”.
Estos procesos son complejos y requieren mucho tiempo, razón por la cual las administraciones anteriores se han centrado principalmente en personas involucradas en crímenes de guerra y terrorismo.
Según el Departamento de Justicia, la administración Biden, por ejemplo, presentó un total de 24 casos en un período de cuatro años.
“Puede que logren agilizar el proceso para iniciar estos casos, pero independientemente de las medidas que tomen antes de que se presenten las demandas, el procedimiento judicial en sí mismo seguirá siendo un gran impedimento para su objetivo de desnaturalizar a un gran número de personas”, destacó Stacey Young, quien trabajó en el Departamento de Justicia bajo varias administraciones y es la fundadora y directora ejecutiva de Justice Connection.
La revocación de la ciudadanía es poco común y solo puede ocurrir en un tribunal federal.
Históricamente, Estados Unidos ha revocado la ciudadanía por diversas razones, desde mentir sobre la fecha de llegada, la edad o el estado civil de una persona hasta motivos políticos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos revisó casos de naturalización de estadounidenses de origen alemán que eran pronazis.
Según fuentes cercanas a CNN, los abogados del Departamento de Justicia habían centrado anteriormente sus esfuerzos en personas declaradas culpables de delitos graves, lo que facilitaba la presentación de casos ante los tribunales.
Sin embargo, en la actualidad, algunos abogados del Departamento de Justicia sienten una creciente presión para perseguir cualquier caso que pueda defenderse legalmente, incluso supuestos fraudes basados en la forma en que se rellenaron los formularios, informaron estas fuentes a CNN.
Los funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que la agencia se está centrando en las personas que mintieron sobre sus antecedentes penales o sobre actos delictivos que estaban en curso cuando solicitaron la ciudadanía estadounidense.
“Las personas que recibieron una multa de estacionamiento no serán el objetivo de nuestros recursos, y puede que ni siquiera cumplan los requisitos para la revocación de la ciudadanía según la ley”, declaró el alto funcionario del Departamento de Justicia. “Se trata de encontrar a quienes hayan cometido fraude grave contra Estados Unidos, identificarlos y proceder con la mayor celeridad posible”.
“Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el liderazgo firme del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”, declaró el secretario de Justicia interino Todd Blanche en un comunicado de junio.
Si la administración logra que se revoque la ciudadanía estadounidense, la persona en cuestión recuperará el estatus migratorio que tenía antes de obtener la ciudadanía. Generalmente, recuperan su estatus de residente permanente, aunque, dependiendo de los motivos de la revocación, también podrían enfrentar un proceso de deportación.
“La razón de la solidez de las protecciones, la razón por la que el estándar es la evidencia clara y convincente, etc., se debe a las decisiones de la Corte Suprema”, comentó Daniel Kanstroom, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Boston College.
Kanstroom señaló que el énfasis que la administración pone en las revocaciones de la naturalización es “potencialmente preocupante”, pero actualmente no es motivo de alarma, ya que los casos presentados hasta ahora generalmente se ajustan al tipo de casos que han llevado a cabo administraciones anteriores.
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Con información de Hannah Rabinowitz, de CNN.
