Investigación por cierres de cuentas bancarias tras el 6 de enero nutrió el fondo contra “instrumentalización” de la Justicia
Por Evan Perez, CNN
Una investigación del Departamento de Justicia que examina si algunos de los mayores bancos del país cerraron cuentas de acusados por el asalto al Capitolio de 2021 y de otras personas por motivos políticos fue planteada al Gobierno de Trump como una forma de respaldar sus esfuerzos para compensar a personas que el presidente asegura fueron víctimas de instrumentalización política, según personas informadas sobre el asunto.
Algunos aliados del presidente han sugerido en los últimos meses a funcionarios del Gobierno que cualquier posible acuerdo derivado de la investigación sobre cancelación de servicios bancarios podría utilizarse para compensar a simpatizantes de Trump que, de acuerdo con el presidente, sufrieron perjuicios financieros por su participación en el ataque del 6 de enero, dijeron las personas familiarizadas con el tema.
La idea figuró entre otros mecanismos de financiamiento que fueron discutidos, según las fuentes.
El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dio marcha atrás a principios de este mes a los planes de crear un fondo de casi US$ 1.800 millones como parte de un acuerdo bajo el cual el presidente Donald Trump retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por una filtración de sus registros fiscales de 2019. Pese a la reacción bipartidista contra el fondo —que inicialmente iba a estar respaldado por el Tesoro de Estados Unidos—, Trump ha dicho que no ha abandonado la idea de encontrar una forma de compensar a sus simpatizantes, a quienes considera injustamente perseguidos por el Gobierno.
La próxima versión de un mecanismo de financiamiento para compensar a personas que creen haber sido perjudicadas por el Departamento de Justicia puede que no se llame “fondo contra la instrumentalización de la Justicia” ni esté financiada por el propio Gobierno, pero el objetivo sigue siendo el mismo, según personas familiarizadas con el asunto.
Incluso antes de la idea de un fondo formal, las personas que creen haber sido procesadas injustamente por el Gobierno ya tienen la posibilidad de demandarlo y recibir compensación mediante acuerdos judiciales.
Hasta 10 bancos, entre ellos Bank of America, Wells Fargo y JPMorgan Chase, son objeto de una investigación en curso desde el año pasado centrada en la presunta cancelación de servicios bancarios a simpatizantes de Trump y conservadores, de acuerdo con las personas informadas.
El presidente emitió en agosto pasado un decreto dirigido a bancos que, según dijo, incurrieron en “prácticas inaceptables para restringir el acceso de individuos y empresas respetuosos de la ley a servicios financieros sobre la base de creencias políticas o religiosas o de actividades empresariales lícitas”.
Las citaciones emitidas en los últimos meses por fiscales de la oficina de la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, son la señal más reciente del interés del Gobierno en encontrar una manera de castigar a bancos por cerrar cuentas, incluidas las del presidente y la Organización Trump.
La investigación se centra en determinar si los bancos discriminaron a conservadores y a industrias desfavorecidas por el gobierno de Biden, incluidas personas involucradas en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el caso.
Pirro dijo que su investigación no tiene nada que ver con el “fondo contra la instrumentalización de la Justicia”.
“Buscar justicia para quienes previamente perdieron acceso a servicios bancarios no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra cosa”, dijo a CNN en un comunicado. “El pueblo estadounidense merece instituciones financieras que no los excluyan por sus opiniones políticas o religiosas. Lo absurdo de esta pregunta se refleja en el hecho de que nuestras citaciones fueron emitidas nueve meses antes de que siquiera se discutiera el fondo”.
The Wall Street Journal informó anteriormente sobre las citaciones emitidas por la oficina de Pirro.
“Esto no debería pasarles a los republicanos, no debería pasarles a los demócratas; no debería haberle pasado a nadie”, añadió el comunicado de Pirro. “Y voy a llegar al fondo del asunto”.
Trump y su empresa han presentado por separado demandas contra algunos bancos que pusieron fin a sus relaciones bancarias después del 6 de enero de 2021.
Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo declinaron hacer comentarios para esta historia.
Los fiscales examinan si la conducta de los bancos violó varias leyes, incluida la Ley de Reforma, Recuperación y Aplicación de Medidas contra el Fraude en Instituciones Financieras, que permite imponer sanciones económicas por fraude y otras infracciones, de acuerdo con una persona informada sobre el asunto.
Los reguladores bancarios de Estados Unidos han emitido en los últimos meses nuevas directrices que eliminan el uso del “riesgo reputacional” como factor para evaluar prácticas bancarias, algo que críticos del Gobierno de Trump aseguran que se utilizó para excluir a partidarios del presidente del sistema bancario.
Esta semana, en una audiencia judicial, abogados del Departamento de Justicia aseguraron a un juez federal que el Gobierno ya no estaba impulsando el programa anunciado el mes pasado. El juez federal Richard Leon rechazó las solicitudes de un grupo de vigilancia para intervenir en el asunto al señalar: “Este caso parece haber perdido objeto”, aunque advirtió al Gobierno: “No finjan ante este tribunal”.
Los bancos también fueron examinados previamente por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), que en diciembre emitió una conclusión preliminar de que nueve grandes bancos “hicieron distinciones inapropiadas entre clientes en la prestación de servicios financieros sobre la base de sus actividades comerciales lícitas”.
La revisión de la OCC siguió al decreto de Trump, que afirmaba que “algunas instituciones financieras participaron en programas de vigilancia dirigidos por el Gobierno contra personas que participaban en actividades y causas comúnmente asociadas con el conservadurismo y la derecha política tras los hechos ocurridos en o cerca del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021”.
La OCC ha dicho que su revisión sigue en curso y que es independiente de la investigación encabezada por la oficina de Pirro. Una portavoz de la OCC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
