Casi 500 pandilleros van a un megajuicio por 86 asesinatos en El Salvador: cómo fue ese violento fin de semana de 2022
Por Gonzalo Zegarra, CNN Español
Los asesinatos del sangriento último fin de semana de marzo de 2022, episodio que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, llegaron a un juicio masivo que comenzó esta semana contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13, un proceso bajo un nuevo modelo penal que es criticado por organismos de derechos humanos por restricciones al acceso a la defensa.
Uniformados de blanco, rapados y con mascarillas, cientos de acusados siguen el juicio por videoconferencia. De ellos, 413 están detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad emblema del Gobierno de Bukele, y otros 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.
Un tribunal especializado en crimen organizado lleva adelante el modelo de macroaudiencia por “más de 47.000 delitos” cometidos entre 2012 y 2022, según la Fiscalía General, entre ellos, ordenar 86 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo de 2022. Es un modelo de juicio establecido tras varias reformas aprobadas en 2023 al Código Penal de El Salvador, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que sigue vigente desde hace cuatro años y que suspende garantías constitucionales.
En estos procesos, los detenidos suelen contar con un defensor público. CNN intenta averiguar con qué tipo de acompañamiento legal cuentan las personas que están siendo juzgadas y cómo es el acceso a la defensa en este caso.
El Salvador comenzó 2022 con un promedio de 2,8 asesinatos diarios, una cifra que iba en aumento desde los últimos meses de 2021. El viernes 25 de marzo, las autoridades registraron 14 homicidios, lo que condujo a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad, pero la escalada de violencia continuó el sábado. La Policía confirmó 62 asesinatos en esa jornada y 11 más el domingo.
Con esos números, es considerado el fin de semana más violento en el país desde la Guerra Civil de los años 80.
En medio de esa ola de sangre, Bukele pidió por redes sociales a la Asamblea que declarara inmediatamente el régimen de excepción. El Congreso, de mayoría oficialista, convocó a una sesión extraordinaria y alcanzó el 75 % necesario para aprobarlo.
Por ese entonces, el Gobierno de Estados Unidos ya había sancionado a dos funcionarios de El Salvador por supuestas negociaciones secretas con la MS-13. Bukele siempre rechazó las versiones de una presunta “tregua” con las pandillas.
El estado de excepción aprobado por la Asamblea se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas. Desde ese momento, las autoridades afirman haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con esos grupos criminales. Bukele, que mantiene altos niveles de popularidad, dijo que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia de las autoridades.
El lunes, cuando comenzó la primera audiencia del juicio, no se autorizó el acceso a los medios de comunicación. La Fiscalía informó por la noche que los acusados están imputados por “crímenes que marcaron al país”: homicidios, femicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas, así como rebelión “al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo”.
Los fiscales, que no han detallado cuánto durará el proceso, han presentado autopsias, análisis balísticos y testimonios, y solicitaron al juez que imponga la pena máxima por cada crimen. Un acusado podría recibir hasta 245 años de condena si es hallado culpable de múltiples cargos.
El martes, cuando sí se permitió el acceso a los medios, la FGR dijo que presentó las declaraciones de testigos que señalan a 22 imputados como “ranfleros” (la máxima jerarquía de las pandillas) como responsables de ordenar más de 9.000 crímenes. Los acusados “daban autorización de asesinar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y cualquier persona que se opusiera a sus exigencias”, dijo la Fiscalía.
Las reformas a la ley de crimen organizado no individualizan la responsabilidad penal de los acusados y eliminaron la audiencia de valoración de pruebas.
No es la primera vez que decenas de acusados son juzgados colectivamente y grupos defensores de derechos han reclamado por las condiciones de estos procesos.
Estos megajuicios “plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las garantías del debido proceso, incluido el derecho a una defensa individualizada, la presunción de inocencia y el acceso a una representación legal adecuada”, declaró en un comunicado Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional (AI). Por su parte, Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo a la agencia AP que “carecen de garantías básicas del debido proceso y, por lo tanto, aumentan el riesgo de condenar a personas inocentes que no tienen nada que ver con las pandillas que han aterrorizado al país durante décadas”.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes un comunicado en el que expresó “serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador” y reiteró su pedido al Estado para “poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad”.
De todos modos, el régimen continúa teniendo un amplio respaldo popular y fue clave para que Bukele asegurara una reelección, a pesar de que lo prohibía la Constitución. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, un 28 % menos que en 2024 y, según el Ministerio de Seguridad, es la primera vez que el país registra una cifra anual de dos dígitos.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Con información de EFE, Reuters y AP.
