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Estaban a punto de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ahora están en el limbo

Por Catherine E. Shoichet, CNN

Cuando leyó la noticia, Grace sintió que se caía.

La oncóloga de 37 años había estudiado mucho. Y había aprobado su entrevista de ciudadanía estadounidense con éxito. Pensó que solo le quedaba un paso.

“Esté atenta al correo”, le dijo un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ese día de septiembre, cuenta. “Recibirá una notificación para asistir a una ceremonia”.

Pero en cambio, unos meses después, un portal del Gobierno publicó una actualización devastadora: “Ceremonia de juramento cancelada”.

En un instante, la sólida tierra estadounidense donde había pasado más de una década construyendo una carrera y una vida para su familia pareció desaparecer.

“Fue como, ‘Dios mío, estamos en caída libre’”, sostiene Grace. “No sabemos dónde vamos a aterrizar”.

Grace forma parte de un grupo creciente de aspirantes a estadounidenses cuyos casos se encuentran en el limbo después de que la administración Trump congelara indefinidamente las decisiones de ciudadanía para solicitantes de ciertos países que considera de “alto riesgo”.

La pausa también aplica a las solicitudes de tarjetas de residencia y visas de ciudadanos de esos países, que, según la administración Trump, “muestran deficiencias significativas en la selección, verificación e intercambio de información”.

CNN habló con personas en todo Estados Unidos, en estados como Washington, Wisconsin, Oklahoma, Arizona y Massachusetts, que se han visto afectadas por el repentino cambio de política, que los críticos denuncian como una medida que castiga a los inmigrantes que siguen las reglas.

“Siento que no es justo estar en esta situación, porque trabajamos muy duro”, dice Grace. La oncóloga es originaria de África y ahora reside en el sur de Estados Unidos. Pidió que se la identificara con un seudónimo y que CNN no mostrara su rostro, ni especificara dónde nació ni dónde vive ahora, porque teme ser atacada por hablar abiertamente.

Los defensores de los inmigrantes dicen que las entrevistas de ciudadanía y las ceremonias de juramento canceladas subrayan las profundas preocupaciones de que, si bien la administración llama la atención por su agresiva ofensiva contra la inmigración ilegal, sus esfuerzos más silenciosos para restringir la inmigración legal al país también se están intensificando.

“Se trata de personas que ya han sido investigadas exhaustivamente, por lo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista político”, afirma Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, que está rastreando los informes de cancelación en todo Estados Unidos.

Organizaciones de defensa y abogados de inmigración afirman que comenzaron a ver cancelaciones de ceremonias de juramento de ciudadanía y entrevistas a finales del año pasado.

En algunos casos, afirman, los funcionarios notificaron a las personas días antes de la fecha programada para prestar el juramento o las sacaron de la fila antes de las ceremonias de naturalización.

Muchos de los afectados cuyas entrevistas de ciudadanía y ceremonias de juramento fueron canceladas provienen de los 39 países enumerados en dos proclamaciones de prohibición de viajes que el presidente Donald Trump firmó en junio y diciembre del año pasado, según defensores.

La mayoría de esos países se encuentran en África. Varios están en Asia, Medio Oriente y Sudamérica.

Los funcionarios federales no han indicado cuándo se reanudarán las gestiones para juramentar o entrevistar a los solicitantes de estos países.

En un memorando de enero sobre la nueva política, el USCIS argumenta que se necesitan revisiones más exhaustivas para erradicar el fraude en el sistema y que cualquier retraso justifica su uso para garantizar la seguridad nacional.

La “pausa en las adjudicaciones para extranjeros de países de alto riesgo” es uno de varios cambios como parte de la nueva “evaluación rigurosa”, declaró el portavoz del USCIS, Matthew J. Tragesser, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Añadió que la agencia “no tomará atajos en el proceso de adjudicaciones”.

Tragesser afirmó que la administración Biden había “priorizado la aprobación automática de las solicitudes de naturalización con una verificación mínima”, un punto que los defensores de los inmigrantes cuestionan.

“Proteger al pueblo estadounidense es la base de todo lo que hacemos”, declaró el director del USCIS, Joseph Edlow, durante su testimonio en el Capitolio esta semana.

Edlow señaló que la decisión de revisar los beneficios inmigratorios para personas de “países de alto riesgo” se produjo después de que un hombre afgano disparara a dos miembros de la Guardia Nacional en noviembre.

El sospechoso del tiroteo llegó a Estados Unidos durante el Gobierno de Biden y obtuvo asilo durante el de Trump.

Los funcionarios rápidamente señalaron el ataque mortal, argumentando que era necesaria una mayor investigación, una medida que los activistas denuncian como un injusto “castigo colectivo”.

No se sabe con certeza cuántas personas se han visto afectadas por el cambio de política.

El USCIS afirma que no hay datos disponibles sobre cuántas ceremonias y entrevistas de ciudadanía se han cancelado desde que la administración anunció la medida en diciembre.

Varias organizaciones informaron a CNN que tenían conocimiento de docenas de cancelaciones entre sus clientes.

“Estas son personas que literalmente han cumplido con todo. Y ahora están en lo que se supone que es un momento de alegría, y se lo están quitando sin explicación alguna… Es una experiencia realmente abrumadora y aterradora”, apunta Liz Sweet, directora ejecutiva de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts.

Grace dice que ya ha pasado muchas pruebas para llegar hasta aquí.

Obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Obtuvo títulos avanzados en prestigiosas universidades del país. Completó su residencia médica. Se convirtió en oncóloga. Y a pesar de todo, se esforzó por cumplir las normas.

“Nada ha sido fácil”, señala. Como inmigrante en Estados Unidos, añade, “trabajas diez veces más duro para llegar a donde quieres”.

Grace y su esposo obtuvieron becas hace más de una década que, según ella, podrían haberlos enviado a las mejores universidades del mundo. Eligieron estudiar y continuar sus carreras de medicina en Estados Unidos.

“Creíamos que Estados Unidos era una tierra de oportunidades y que si tenías un sueño y estabas dispuesto a trabajar duro, el cielo era el límite”, afirma.

Ahora, Grace dice que se da cuenta de que la ofensiva que las autoridades dijeron que se centraría en “lo peor de lo peor” es mucho más amplia de lo que había imaginado.

Su esposo y sus dos hijas son ciudadanos estadounidenses. Pero ella no lo es, y no tiene idea de cuándo, o si, tendrá la oportunidad de naturalizarse alguna vez.

Dice que la tensión emocional de este momento le está afectando de una manera difícil de describir. Y le preocupan otras personas que se encuentran en situaciones aún más precarias, como quienes tienen permisos de trabajo vencidos y no tienen forma de renovarlos.

“Creo que la idea es que estemos tan estresados ​​y traumatizados que simplemente nos demos por vencidos”, opina Grace.

Buscando respuestas, se encontró con publicaciones en línea del abogado de inmigración Jim Hacking. Al poco tiempo, le contó su historia.

En diciembre, Hacking presentó una demanda en un tribunal federal de Boston en nombre de casi 200 demandantes, entre ellos Grace, quienes se han visto afectados por lo que él llama una “congelación ilegal de los beneficios inmigratorios”.

Argumenta que el USCIS está violando la ley al suspender categóricamente las solicitudes basadas en la nacionalidad, con graves consecuencias.

“La gente está perdiendo sus trabajos. Están perdiendo sus licencias de conducir. Están perdiendo la posibilidad de estar aquí”, sostiene.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la demanda de “infundada” y argumenta que el Gobierno está actuando dentro de su autoridad.

Pero Hacking indica que las personas que han seguido las reglas están siendo atacadas injustamente.

“Esto desmiente la idea de que solo quieren frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos”, manifiesta Hacking. “Lo que quieren es frenar la inmigración legal a Estados Unidos, especialmente desde países que no son predominantemente blancos”.

Los residentes permanentes legales en Estados Unidos califican para la ciudadanía si han vivido continuamente en el país durante cinco años, demuestran comprensión del idioma inglés, demuestran que poseen buen carácter moral y aprueban un examen sobre el Gobierno y la historia del país, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Durante años, la idea de alentar a los inmigrantes legales elegibles a que se naturalizaran en Estados Unidos —y participaran plenamente en la democracia del país— gozó de apoyo bipartidista.

La segunda administración Trump ha adoptado un enfoque notablemente más escéptico al respecto.

“La ciudadanía estadounidense es la ciudadanía más sagrada del mundo y sólo debería reservarse para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”, declaró Tragesser cuando el USCIS anunció una revisión del examen de naturalización en septiembre.

La agencia solía destacar las ceremonias de ciudadanía y las historias de éxito de inmigrantes en sus pronunciamientos públicos.

Ahora, sus publicaciones en redes sociales enfatizan con mayor frecuencia ejemplos de presuntos delitos cometidos por inmigrantes, desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta fraude matrimonial.

“Lo que estamos viendo en general por parte de esa agencia es una estrategia de muerte por mil cortes, poniendo barreras en cada vía donde las personas son elegibles para naturalizarse”, comenta Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses.

Los cambios probablemente tendrán un efecto paralizador, insiste, desalentando a las personas con tarjetas verdes de solicitar la ciudadanía.

“Comenzamos a ver cómo se va formando esta imagen de una cultura de negación, de rechazo, una cultura del ‘no’ que en realidad está diseñada para intimidar a las personas y evitar que se sometan a este proceso”, afirma.

Múltiples demandas que impugnan las políticas de la administración que restringen la inmigración legal están pendientes en tribunales federales.

Una querella presentada el mes pasado en Georgia por más de 250 demandantes argumenta que los cambios en la política del USCIS son “sin precedentes, arbitrarios, caprichosos e ilegales”.

Pero algunos cuyas solicitudes de ciudadanía están ahora en el limbo dicen que todavía están sopesando sus opciones legales y no están seguros de qué pasos tomar.

“Me cuesta sentirme tan impotente. No me gusta”, admite una ecuatoriana de 61 años que vive en el estado de Washington.

Le informaron que su entrevista de ciudadanía había sido cancelada a finales de diciembre. La organización de Seattle que la ayudó con el proceso de solicitud afirma que fue una de las docenas de clientes cuyas entrevistas y ceremonias de juramento fueron suspendidas, a pesar de no pertenecer a países incluidos en las prohibiciones de viaje de junio y diciembre.

“Tuvimos 55 cancelaciones entre diciembre y enero, y 49 de 55 provenían de países sin prohibición de viajes”, asegura Alexandra Olins, directora de servicios de empleo y ciudadanía en Asian Counseling and Referral Service.

Los avisos enviados por correo decían que las cancelaciones se debieron “a circunstancias imprevistas” sin proporcionar más explicaciones, afirma Olins.

La mujer ecuatoriana, que pidió no ser identificada porque temía que esto pudiera descarrilar su solicitud, dice que ha llegado a amar al país que ha sido su hogar durante más de una década, y el obstáculo inesperado en su proceso de ciudadanía la hizo caer en una espiral.

“Estuve en cama una semana en pijama. Me preguntaba constantemente: ‘¿Qué hice mal?’”, cuenta.

Olins afirma que otros clientes también se han hecho esa pregunta. Al quedar claro que se cancelarían muchas entrevistas y ceremonias, algunos se sintieron aliviados de no ser objeto de una persecución específica. Pero ahora ha surgido una mayor preocupación por la incertidumbre que enfrentan.

“La vida de las personas está en suspenso. Ahora tienen miedo de salir del país… Sienten que su estatus es tan precario como antes”, señala Olins.

La mujer de 61 años dice que le preocupa que si viajara fuera de Estados Unidos, incluso con la tarjeta de residencia permanente, no le permitirían regresar al país. Le parece demasiado arriesgado, dice, viajar a Sudamérica y visitar a su madre, quien padece Alzheimer.

“Quería ir a visitar a mi mamá antes de que me olvidara, porque está perdiendo la memoria”, lamenta. “Pero no puedo”.

Otros efectos dominó de las ceremonias canceladas se están sintiendo en comunidades de todo el país.

En Arizona, la madre de Raouf Vafaei compró un vestido para su ceremonia de ciudadanía. El iraní de 41 años, especialista en salud mental, se aseguró de que hubiera asientos para que sus seres queridos pudieran verlo convertirse oficialmente en ciudadano.

“Estaba súper emocionado”, asegura Jade Thrush, la pareja estadounidense de Vafaei, quien señala que mientras él se preparaba para su entrevista de octubre, a ella le costó responder algunas de las preguntas del examen de ciudadanía que él había aprobado con creces. “Conocerlo me hizo sentir aún más orgullosa de ser estadounidense”, afirma.

Pero días antes de la ceremonia programada para diciembre, Vafaei recibió la noticia de su cancelación.

Desde entonces, dice, todo parece más arriesgado.

“Todos los días, al salir de mi apartamento, tengo miedo. No sé qué va a pasar”, apunta.

En Wisconsin, Caitlyn Lewis se sintió descorazonada al ver a uno de sus estudiantes radiante en medio de la clase. Recientemente había aprobado su examen de ciudadanía y había traído pizza y donas para celebrar.

Lewis, directora ejecutiva del Centro Comunitario para Inmigrantes, acababa de recibir información actualizada sobre su caso la noche anterior. Se preparó para la difícil noticia que se dio cuenta que tendría que dar.

El estudiante es de Myanmar, uno de los países en la lista de “alto riesgo” de la administración, y su ceremonia de juramento acababa de ser cancelada.

Lewis decidió no interrumpir el momento de alegría; sabía que su estudiante se había esforzado mucho y aún merecía una celebración.

Cuando lo llevó aparte después de clase para contarle sobre la ceremonia cancelada, el estudiante intentó tomarse la noticia con calma, recuerda. Pero vio la tristeza en sus ojos. “Estaba muy callado y retraído”, apunta.

En Massachusetts, la directora ejecutiva del Proyecto Ciudadanía, Gail Breslow, se indignó al enterarse de lo sucedido con una clienta de su organización.

A la enfermera haitiana, que trabajó en el mismo hospital de Boston durante 20 años, le preguntaron su nacionalidad y la sacaron de la fila mientras se preparaba para entrar a una ceremonia de ciudadanía en el Faneuil Hall en diciembre.

“Nunca ha recibido una multa por exceso de velocidad. La consideraría una ciudadana modelo, salvo que, por ahora, no puede obtener la ciudadanía debido a sus circunstancias de nacimiento”, comenta Breslow.

En Oklahoma, el pastor Hau Suan Khai empezó a enterarse de cancelaciones de refugiados cristianos que, como él, habían llegado a Estados Unidos huyendo de la persecución en Myanmar.

Khai, quien arribó a el país en 2016 y ahora es ciudadano, afirma que cada vez se cancelan más ceremonias de ciudadanía para miembros de su comunidad y que se han retrasado otras solicitudes de inmigración.

“Abandonamos nuestro país por la inseguridad… Ahora parece que se repite. Es como si adondequiera que vayas, la inseguridad te persigue. Así que, en el fondo, todos se preguntan: ¿qué será lo próximo?”, cuestiona.

Grace tampoco sabe la respuesta a esa pregunta.

Tiene cierta tranquilidad porque ya es residente permanente con tarjeta verde. Sin embargo, la cancelación de su ceremonia de juramento significa que ella y su familia no pueden visitar a sus seres queridos en África, apunta, algo aún más doloroso porque esos familiares tampoco pueden visitar Estados Unidos.

“Ahora ni siquiera pueden venir porque lo tienen prohibido”, comenta con los ojos llenos de lágrimas.

Pero Grace dice que su experiencia cuidando a mujeres con cáncer de mama la está ayudando a encontrar un camino a seguir.

“En mi trabajo, siento que una de las cosas más importantes para mantener la cordura es simplemente tener la esperanza de que algún día todo mejorará”, afirma.

“No todos lo lograrán, pero estamos aquí luchando por quienes sí lo lograrán, y luchando para que un día quienes no pudieron hacerlo en años pasados ​​puedan hacerlo ahora gracias a los avances que hemos alcanzado. Es una lucha constante. Es un esfuerzo constante por un mejor tratamiento, por una mejor atención, con la esperanza de que algún día podamos vencer al cáncer”, sostiene Grace.

Ella también se apoya en su fe cristiana.

Un pasaje bíblico del libro de Jeremías, cita ella, le da fuerza: “‘Porque yo sé los planes que tengo para ustedes’, declara el Señor, ‘planes para prosperarlos y no para dañarlos, planes para darles esperanza y un futuro’”.

A pesar de toda la incertidumbre, Grace asegura que sigue orando.

“Todavía tengo esperanza”, subraya ella.

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