Tras designación del Cartel de los Soles, Maduro podría recibir más sanciones. ¿Cuáles ya le impusieron a él y su Gobierno?
Por CNN en Español
El Gobierno de Estados Unidos mantiene una serie de sanciones sectoriales e individuales sobre Venezuela, pero estas podrían ampliarse con más medidas contra los activos y la infraestructura del presidente Nicolás Maduro, luego de la designación del “Cartel de los Soles” como organización terrorista extranjera.
Las sanciones son medidas del Departamento del Tesoro de EE.UU. como una herramienta de política exterior y seguridad nacional. El Gobierno de Venezuela ha rechazado reiteradamente estas decisiones y las ha considerado un “chantaje”. En el caso del llamado Cartel de los Soles, Caracas asegura que es “un invento” de las autoridades estadounidenses y acusa a Washington de buscar un cambio de régimen en el país sudamericano.
Los países con medidas más restrictivas están considerados dentro de las sanciones generales o selectivas, que son geográficas y de amplio alcance y prohíben cualquier importación, exportación, financiación o transacción, por lo que se suele decir que se aplica un embargo. Bajo esa figura están actualmente países como Cuba, Corea del Norte o Irán.
En cambio, los países a los que se aplican medidas contra sectores puntuales, como es el caso de Venezuela, entran en la categoría de sanciones específicas o selectivas, con el objetivo de minimizar el impacto en áreas no relacionadas al sector que castiga el Departamento del Tesoro.
Además, Washington también ha aplicado sanciones a decenas de individuos y compañías de Venezuela. Maduro fue sancionado en 2017 y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer tratos con él, luego de las elecciones para la Asamblea Constituyente que, según denunció el Tesoro, aspiraba “ilegítimamente a usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente”.
En respuesta, Maduro dijo en aquel entonces: “¿Por qué se me sanciona? Porque soy capaz de decir las verdades de las persecuciones contra los pueblos mexicano y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump, y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos”.
Posteriormente, el Tesoro emitió sanciones contra la esposa de Maduro, Cilia Flores, y otros miembros de su círculo cercano, en un intento de debilitar su control sobre el poder.
En agosto de 2017, el Gobierno estadounidense del entonces presidente Donald Trump impuso sanciones sectoriales que prohibían a los bancos de EE.UU. comprar bonos del Gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA. La orden también limitaba las transacciones con bonos existentes propiedad del sector público venezolano.
En enero de 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Gobierno de Trump anunció sanciones contra PDVSA, por lo cual cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades de EE.UU. haría que todo el dinero se depositara en cuentas bloqueadas.
Aunque en 2023 el Departamento del Tesoro suspendió algunas sanciones petroleras en medio de negociaciones entre Maduro y la oposición, fueron reinstauradas ante el fracaso de los acuerdos. Sin embargo, se dejó en vigor la licencia 41, concedida en noviembre de 2022, que permite a Chevron exportar crudo venezolano gracias a una asociación que mantiene con PDVSA.
El Gobierno de Trump también ha usado como presión esa licencia. En marzo, la Casa Blanca puso fin al permiso y le dio 30 días para cesar sus actividades, pero semanas después anunció una extensión. En julio, en medio de un intercambio de prisioneros entre ambos países, Maduro confirmó que la empresa recibió una licencia para seguir operando.
Trump también dijo en marzo que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo a Venezuela. En respuesta, Maduro dijo que su Gobierno derrotará las sanciones internacionales impuestas al país con “trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo”.
Tras las elecciones presidenciales de 2024, Washington intentó presionar a Maduro para que acepte los resultados que reclamaba la oposición, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara ganador al mandatario sin dar detalles de la votación.
En septiembre de ese año aplicó sanciones a 16 funcionarios “alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela, y son responsables de actos de represión”. Dos meses más tarde, el Gobierno de EE.UU. anunció nuevas sanciones individuales contra oficiales militares de la Guardia Nacional de Venezuela, la Policía Bolivariana y otras ramas del aparato de seguridad.
Días después, a finales de noviembre, Maduro promulgó una ley que establece castigos para los venezolanos que apoyen sanciones del extranjero contra el Gobierno, una legislación que desató críticas con el argumento de que es contraria a derechos como el de asociación con fines políticos.
En enero, el entonces presidente Joe Biden elevó a US$ 25 millones la recompensa por la captura de Maduro, que fue fijada inicialmente en US$ 15 millones durante el primer mandato de Trump. Biden también aumentó los montos para la detención del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y aplicó nuevas restricciones de visado para funcionarios alineados con Maduro y sanciones individuales a ocho funcionarios.
En ese momento, el Departamento de Estado reportó que había impuesto restricciones de visado a cerca de 2.000 individuos alineados con Maduro y sanciones a 187 funcionarios o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, así como a más de 100 entidades del país.
El Gobierno de Trump anunció en agosto de este año que duplicaría a US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”. El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó la duplicación de la recompensa como como “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”.
La reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera permite imponer nuevas sanciones, aunque expertos legales señalan que no autoriza explícitamente al uso de la fuerza letal.
Maduro ha negado en reiteradas oportunidades tener vínculos con el narcotráfico y su Gobierno niega también la existencia del Cartel de los Soles.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio”, dijo este lunes el Gobierno de Venezuela, que insistió en que Washington busca un cambio de régimen. “Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, agregó el comunicado.
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Con información de Priscilla Alvarez, Gonzalo Zegarra, Michael Ríos, Jennifer Hansler, Stefano Pozzebon, Ivana Kottasová, Jessie Yeung y José Álvarez.
