Tribunal de apelaciones bloquea orden de jueza que restringía el uso de la fuerza en las redadas de inmigración en Chicago
Por Elizabeth Wolfe, CNN
Un tribunal de apelaciones de EE.UU. ha bloqueado temporalmente una orden que limitaba la aplicación de la ley de inmigración federal en Chicago, argumentando que la jueza de primera instancia se excedió al imponer restricciones estrictas y de gran alcance sobre cómo los agentes pueden interactuar con manifestantes y periodistas.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito concedió el miércoles la solicitud de emergencia de la administración Trump para pausar la orden emitida a principios de este mes por la magistrada del Tribunal de Distrito de EE.UU., Sara Ellis.
En lo que representa una victoria para el Gobierno de Trump, el panel de apelaciones concluyó que la orden de Ellis era “demasiado prescriptiva”, escribiendo en su decisión que ella está “infringiendo indebidamente” la separación de poderes entre el poder ejecutivo y los tribunales.
Esto es otro giro en lo que ha sido un tenso enfrentamiento legal en Chicago entre la administración —que desea una amplia libertad para usar la fuerza contra manifestantes que, según dice, están obstaculizando violentamente a sus agentes de inmigración— y la jueza —que ha expresado un profundo escepticismo sobre la presentación de hechos del Gobierno en el tribunal.
Durante meses, los abogados de los demandantes se han quejado ante Ellis de que los agentes federales han utilizado indiscriminadamente y sin previo aviso agentes químicos y otras medidas de control de disturbios contra manifestantes —incluidos miembros del clero— y reporteros.
La orden de Ellis, emitida el 6 de noviembre, prohibía varios métodos de fuerza, incluidas acciones como empujar o tirar. Requería que los agentes federales dieran advertencias antes de usar gases lacrimógenos u otras armas de control de disturbios; y estipulaba que casi todos debían portar identificación clara y cámaras corporales.
La jueza también ordenó al Gobierno que entregue extensos registros de uso de la fuerza y otros datos internos.
Pero el panel de apelaciones criticó el alcance de la orden de Ellis, diciendo que es tan detallada que “se asemeja a una regulación federal”. Escribieron que la orden es tan amplia que se aplica a casi cualquier personal encargado de hacer cumplir la ley dentro del poder ejecutivo.
“La orden del tribunal de distrito prohíbe a una amplia gama de demandados, incluidos el presidente de Estados Unidos, todos los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, y cualquier persona que actúe en concierto con ellos”, escribió el panel en su decisión.
La orden llega un día antes de que Ellis emita su opinión escrita en el caso que ha requerido que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, comparezca ante ella en un tribunal federal del centro de Chicago.
Sin embargo, la suspensión de la orden de Ellis es solo temporal, mientras se considera la apelación más amplia de la administración Trump.
“No sobreinterpreten la orden de hoy”, escribieron los jueces, señalando que tienen una gran cantidad de hechos que considerar. “Esos hallazgos pueden respaldar la emisión de una orden judicial preliminar más adaptada y apropiada que aborde directamente los reclamos de la Primera y Cuarta Enmienda presentados por estos demandantes”.
En ocasiones, Ellis ha reprendido a funcionarios de ICE y abogados federales en audiencia pública, diciendo que sus declaraciones a menudo “carecen de credibilidad”.
La jueza expresó escepticismo particularmente en el caso de un enfrentamiento entre agentes federales y manifestantes en el que el DHS dijo que el uso de la fuerza estaba justificado porque Bovino fue golpeado en la cabeza con una piedra lanzada por un manifestante. El video no respaldó la afirmación y “el acusado Bovino admitió que mintió”, dijo la jueza.
En su decisión escrita, el panel de apelaciones pareció cuestionar si quienes demandan a la administración Trump todavía tienen un reclamo lo suficientemente sólido, ya que la presencia federal en Chicago ha disminuido mientras los agentes federales se concentran en Charlotte, Carolina del Norte, y se preparan para entrar en Nueva Orleans.
La administración Trump está luchando en múltiples frentes legales mientras intenta llevar a cabo lo que espera que sea una histórica represión nacional de la inmigración.
Mientras agentes federales han detenido a miles de migrantes en Tennessee, California, Oregon, Illinois y otros estados, se ha enfrentado a una oleada de demandas de parte de manifestantes, detenidos y gobiernos estatales y locales que se oponen a sus tácticas cada vez más agresivas.
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