Jueza federal dice que intervendrá en la disputa por el dinero de los cupones de alimentos SNAP
Por Devan Cole y Tami Luhby, CNN
Una jueza federal en Boston indicó este jueves que intervendrá en una disputa de alto perfil sobre la decisión del Gobierno de Trump de no recurrir a miles de millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a cubrir los beneficios de cupones de alimentos para decenas de millones de estadounidenses en noviembre.
“En este momento, el Congreso ha puesto dinero en un fondo de emergencia para una emergencia, y me resulta difícil entender cómo esto no es una emergencia cuando no hay dinero y mucha gente necesita sus beneficios de SNAP”, dijo la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Indira Talwani cerca del final de una audiencia, refiriéndose al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, el nombre formal de los cupones de alimentos.
Aunque las opciones de la jueza varían, una posibilidad es que emita una orden de emergencia que esencialmente obligue al Gobierno a recurrir a los fondos de emergencia. Si bien indicó desde el estrado que probablemente emitirá un fallo favorable a un grupo de fiscales generales y gobernadores demócratas que demandaron a la administración a principios de esta semana, reconoció que los beneficios, que deberían comenzar a enviarse a los beneficiarios el 1 de noviembre, se retrasarán.
“Estamos lidiando con la realidad de que… los beneficios no estarán disponibles el 1 de noviembre”, afirmó.
Talwani dijo que trabajaría rápidamente para emitir su decisión más tarde ese jueves.
Casi 42 millones de estadounidenses reciben cupones de alimentos, una parte fundamental de la red de seguridad nacional. El programa cuesta aproximadamente entre US$ 8.500 y US$ 9.000 millones al mes, mientras que el fondo de contingencia ahora tiene alrededor de US$ 5.300 millones, según documentos presentados ante el tribunal por el Departamento de Justicia, que representa al Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) en el caso.
Si la jueza ordena al Gobierno usar los fondos de emergencia, tomará tiempo para que el Departamento de Agricultura de EE.UU. y los estados pongan sus sistemas en funcionamiento de nuevo, lo que significa que al menos algunos beneficiarios probablemente tendrán que esperar para la asignación de noviembre.
Tampoco está claro si los beneficiarios recibirán la totalidad de sus beneficios de noviembre, ya que el fondo de contingencia del USDA no tiene suficiente dinero para cubrir el pago total sin recurrir a otros recursos. Pero el Gobierno de Trump ha desviado fondos para financiar otras prioridades durante el cierre, incluido el traspaso de US$ 300 millones para mantener a flote el programa de asistencia alimentaria WIC para mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños durante octubre.
Gran parte de la discusión durante la audiencia del jueves se centró en el hecho de que el fondo de reserva contiene mucho menos de lo necesario para cubrir completamente los beneficios de noviembre para los millones de estadounidenses que los reciben. La jueza dijo varias veces que la ley federal dejaba claro que cuando el Gobierno no puede pagar los beneficios, debe reducir lo que proporciona, no suspender el programa por completo.
“Me parece realmente claro lo que el Congreso estaba tratando de hacer”, dijo Talwani. “Lo que el Congreso intentaba era proteger al pueblo estadounidense”.
“La idea de que vamos a hacer lo absolutamente más drástico, es decir, que no solo hay menos dinero sino que no hay nada de dinero, parece lo más alejado” de lo que el Congreso pretendía, añadió.
“No vamos a dejar que todos mueran de hambre”, agregó Talwani.
Un grupo de fiscales y gobernadores demócratas de 25 estados y Washington demandaron al Gobierno el martes por la reciente decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de no recurrir al fondo de reserva.
La semana pasada, el USDA dijo que no podía usar el fondo de emergencia, revirtiendo la orientación previa de la agencia que indicaba que tal acción era posible. En la historia de décadas del programa, un cierre del Gobierno nunca ha impedido que se distribuyan fondos de SNAP a los estados, que administran los beneficios, aunque el programa estuvo en riesgo durante el estancamiento de 2018-2019.
A medida que el cierre del Gobierno se acerca a su primer mes, cada vez más se pide a los tribunales que intervengan de manera urgente para evitar una serie de desarrollos dramáticos. A principios de esta semana, un juez federal en California bloqueó indefinidamente que el Gobierno despidiera a miles de empleados federales, diciendo que estaba usando ilegalmente el cierre como justificación legal para los despidos.
En el caso de los cupones de alimentos, los fiscales generales y gobernadores argumentaron que la administración estaba violando la ley federal que exige que el Gobierno financie de manera constante el programa de cupones de alimentos y que su decisión de no recurrir al fondo de reserva infringía las leyes federales de promulgación de normas.
“El USDA suspendió los beneficios del SNAP a pesar de que, según la información y las creencias, dispone de fondos suficientes para financiar la totalidad, o al menos una parte sustancial, de los beneficios del SNAP de noviembre”, escribieron en la demanda. “Suspender los beneficios del SNAP en estas circunstancias es contrario a la ley y arbitrario y caprichoso según la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Los estados detuvieron el proceso de emisión de beneficios para noviembre después de que el USDA les enviara una carta el 10 de octubre ordenándoles hacerlo. Los estados envían la información de los inscritos en SNAP a los proveedores cada mes para que puedan cargar los fondos en las tarjetas de beneficio de los beneficiarios.
Cada estado tiene una fecha específica en la que debe enviar la información –que varía desde una semana antes del inicio del mes hasta el primer día del mes– para que los beneficios se distribuyan a tiempo, según la demanda. Los pagos se realizan de manera escalonada a lo largo del mes.
Además de reconocer el probable retraso en los beneficios, el juez también preguntó el jueves sobre el proceso para proporcionar pagos parciales a los beneficiarios el próximo mes, ya que el fondo de contingencia por sí solo no cubrirá el monto total.
Un abogado de Massachusetts le dijo a Talwani que dependería de los estados decidir cómo reducir los pagos en función de los fondos federales disponibles, pero un abogado que representa al Gobierno de Trump se opuso firmemente a esa idea.
El abogado del Departamento de Justicia, Jason Altabet, dijo que si bien correspondía a los funcionarios del USDA tomar decisiones sobre la reducción de los montos de los beneficios, la agencia estaba muy preocupada ante la posibilidad de tener que hacer ese trabajo.
En su plan de contingencia ante el cierre, que desde entonces ha sido retirado de la web, el USDA indicó que el fondo de contingencia puede ser utilizado para beneficios en caso de una interrupción. El plan señalaba que “la intención del Congreso es evidente: las operaciones de SNAP deben continuar”.
Pero el 10 de octubre, la agencia comenzó a dar la voz de alarma, informando a los estados que no hay suficiente dinero para pagar la totalidad de los beneficios de cupones de alimentos en noviembre si la interrupción de los fondos federales continúa, y les pidió que pospusieran los pagos del próximo mes hasta nuevo aviso.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reafirmó esa posición la semana siguiente, diciendo a los reporteros que los cupones de alimentos se agotarán para fin de mes.
Y la semana pasada, el USDA dijo que no recurrirá al fondo, e indicó en un memorando que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir beneficios regulares”.
Esta no es la primera vez que los cupones de alimentos han estado en riesgo durante un cierre. Durante el estancamiento récord que comenzó en diciembre de 2018, el USDA inicialmente dijo que los beneficios se agotarían a fin de enero. Pero luego la agencia dijo que usaría una disposición que le permitía hacer pagos obligados dentro de los 30 días de una interrupción de fondos gubernamentales para cubrir los pagos de febrero. Esa solución finalmente no fue necesaria ya que el cierre terminó a finales de enero.
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