Un jueza federal suspende el cobro de una tarifa para tramitar las solicitudes de asilo
Por Angélica Franganillo Díaz, CNN
Una jueza federal de Maryland suspendió temporalmente la implementación por parte del Gobierno de una nueva tarifa anual para la solicitud de asilo. Alegó que hubo confusión e inconsistencias en las políticas entre las agencias federales.
La jueza Stephanie Gallagher afirmó que dos agencias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, actuaron “de manera arbitraria y caprichosa” al emitir directrices contradictorias sobre cómo y cuándo los solicitantes de asilo deben pagar la tarifa anual de US$ 100 creada en virtud de la “gran y hermosa ley” de Trump.
Gallagher constató que la falta de coordinación entre ambas agencias había causado una gran confusión e incluso había llevado a que se ordenara la expulsión de algunos solicitantes de asilo antes de que existiera algún mecanismo para pagar la tasa. La jueza suspendió temporalmente las políticas de ambas agencias, impidiendo la aplicación de la tasa anual en todo el país, hasta que emitan directrices claras y uniformes.
“Los acusados no han resuelto la inconsistencia entre las políticas de ambas agencias”, escribió Gallagher, y agregó que las normas contradictorias del Gobierno crearon un “daño irreparable” para los solicitantes de asilo.
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal de Maryland en la que acusaba al Gobierno de aplicar ilegalmente una nueva tarifa anual de asilo a las personas que presentaron sus casos antes de que la ley entrara en vigor.
Como parte de la “gran y hermosa ley” firmada el 4 de julio, los solicitantes de asilo están obligados a pagar una tarifa de US$ 100 cada año que su caso permanezca pendiente.
Antes de la entrada en vigor de esta legislación, no se requería ningún pago para solicitar asilo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a enviar notificaciones sobre la nueva tarifa el 1 de octubre, otorgando a los solicitantes un plazo de 30 días para pagarla; es decir, la tarifa comenzará a vencer a partir del 31 de octubre.
ASAP afirma que la implementación ha causado pánico y confusión entre los solicitantes de asilo. Uno de sus miembros, un hombre ruso que solicitó asilo en 2022, declaró al grupo que está muy preocupado porque no ha recibido instrucciones del Gobierno sobre cómo ni cuándo pagar, según la demanda.
Además, algunos solicitantes no tienen los medios económicos para pagar la tarifa, afirman los demandantes.
“Tendrían que elegir entre alimentar a sus familias o pagar la cuota”, dijo Susan Pelletier, abogada de los demandantes, durante la audiencia del martes.
La demanda incluye testimonios de personas que afirman haberse visto afectadas por las tarifas. Una mujer hondureña dice temer ser deportada por una tarifa que no puede pagar y para la cual no tiene forma de abonar.
Otro solicitante de asilo de Nigeria dice que solo se enteró de la nueva norma a través de las redes sociales y teme que no realizar un pago pueda poner en peligro su caso.
En respuesta a la demanda de ASAP, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) ha establecido un portal de pago que permite a los solicitantes de asilo pagar la tarifa anual de asilo.
EOIR también ha declarado que notificará a las personas sujetas a la nueva cuota anual y abonará cualquier pago realizado a través de otros sistemas existentes.
ASAP argumenta que el USCIS y la EOIR están aplicando retroactivamente la nueva tarifa anual de asilo y proporcionando información contradictoria, e incluso estableciendo plazos que no coinciden. En al menos un caso, la demanda afirma que un juez de inmigración rechazó una solicitud de asilo y ordenó la expulsión por falta de pago, a pesar de que en ese momento no existía ningún mecanismo para pagar la tarifa.
Durante una audiencia el martes, Gallagher, designada por Obama, presionó a la abogada del Departamento de Justicia, Zareen Iqbal, sobre si la tarifa de solicitud de asilo se estaba aplicando retroactivamente. Gallagher también señaló que muchos solicitantes ya llevan años esperando una decisión sobre sus casos.
Iqbal respondió que la política no se aplicaba retroactivamente, explicando que su objetivo era ayudar a resolver el elevado número de casos de asilo pendientes desde hace años. Comparó la tasa con un impuesto sobre la propiedad: un pago recurrente destinado a mantener el sistema, no a penalizar a quienes solicitaron asilo anteriormente.
El Departamento de Justicia reconoció que algunos solicitantes han enfrentado dificultades tras el anuncio de la nueva tarifa. Iqbal declaró ante el tribunal que se pondría en contacto con los demandantes y el USCIS para ayudar a resolver el problema.
La jueza declaró este jueves que consideraría rápidamente una moción para levantar la suspensión de la tasa una vez que las agencias promulgaran “políticas uniformes que proporcionen a los solicitantes de asilo un aviso justo del plazo para el pago de la tasa aplicable, el mecanismo de pago y las consecuencias adversas”.
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